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KIRCHNER: PRIVATIZACION, UNA DE LAS CAUSAS DE CRISIS ENERGETICA

BUENOS AIRES, 2 DE ABRIL. El presidente Néstor Kirchner responsabilizó por la crisis energética a "lobbies, grupos monopólicos" y a las privatizaciones de los años 90 que le quitaron a Argentina el control sobre su producción, al hablar este viernes en Ushuaia. "Somos casi el único país del mundo que no maneja su ecuación energética, por aquella teoría iluminada de que el Estado iba a funcionar mejor regalando su producción y el trabajo nacional que hoy estamos sufriendo por no poder manejar aquellos elementos y tenemos que dar una lucha desigual", dijo Kirchner, en alusión a la ola privatizadora de la década de los 90. Kirchner dio un duro discurso en un acto en el que reivindicó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, al cumplirse 22 años del inicio de la guerra de 1982 en el archipiélago ocupado por Gran Bretaña desde 1833. En ese contexto, el presidente denunció "las presiones a las que me veo sometido permanentemente, ya sea por determinados lobbies o grupos monopólicos en el país". Kirchner aseguró: "cuando hay argentinos que nos animamos a levantar la voz y marcar otro rumbo esos intereses se vuelven a mover".

CESAN A MINISTRO QUE INVESTIGO DAÑOS DE ENRON EN BOLIVIA

LA PAZ. El despido de un funcionario que investigó un presunto daño millonario de la quebrada empresa estadunidense Enron en Bolivia desató este viernes una controversia política. El delegado presidencial para la revisión de la denominada "capitalización" (proceso de privatización) de empresas estatales, Juan Carlos Virreira, fue destituido inesperadamente. Al menos dos partidos políticos se manifestaron contra la decisión y reclamaron su reincorporación al cargo, que tiene rango de ministro. "Virreira es una persona de confianza del anterior gobierno", declaró el jueves el ministro de la presidencia, José Galindo, al anunciar el despido ordenado por el presidente Carlos Mesa. Virreira exigió hace dos semanas una investigación judicial para que Enron devuelva a Bolivia 130 millones de dólares por un contrato que considera lesivo a los intereses del país.