Miguel Concha

Libertad de expresión en México

Esta semana se empezó a conocer en México el informe del relator especial para la Libertad de Expresión, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó a mediados del mes pasado en Washington, durante su periodo 119 de sesiones.

En el capítulo 2 del documento de 39 páginas, titulado "Evaluación sobre el estado de la libertad de expresión en el hemisferio", la CIDH expresa sus preocupaciones, observaciones y recomendaciones, luego de la visita a nuestro país del relator Eduardo Bertoni, del lunes 18 al martes 26 de agosto del año pasado. Destaca una vez más su preocupación por la falta de resultados concretos para una revisión integral de la legislación sobre medios electrónicos, así como por la ausencia de garantías para permitir cabalmente el uso de frecuencias radioeléctricas por todos los individuos y grupos en el país.

La relatoría reitera también su preocupación por la falta de garantías legales para salvaguardar el secreto profesional de los comunicadores y por el uso malintencionado de las leyes sobre difamación y calumnia, con el propósito de inhibir su derecho a la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la información de la sociedad. Pide en este sentido que tanto en el ámbito federal como local se reformen las leyes sobre difamación y calumnia, de manera que sólo puedan aplicarse sanciones civiles en el caso de ofensas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, relacionadas con el ejercicio de sus funciones.

Aunque el relator Eduardo Bertoni expresa que es contraproducente que el estancamiento de agresiones de tipo físico contra comunicadores se esté remplazando en México con el hostigamiento mediante el uso abusivo de las leyes de difamación criminal o las citas a periodistas para requerirles que revelen sus fuentes, expresa igualmente su aspiración para que se refuercen las acciones del Estado en la investigación, sanción y prevención de amenazas y agresiones a periodistas, fotógrafos y defensores de derechos humanos en los estados, particularmente en las entidades de Chihuahua, Guerrero y Chiapas.

La relatoría expresa además su preocupación por la falta de criterios claros y la discriminación cuando se asigna publicidad oficial a los medios más críticos de las acciones gubernamentales en estados como Chihuahua y Guerrero, y observa que todavía no se garantiza suficientemente en todo el país y en todas las instancias y niveles del Estado, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el derecho de la población al acceso a la información pública.

Por tal motivo recomienda a todas las entidades de la República modificar estas prácticas y establecer criterios claros, justos, objetivos y no discriminatorios para determinar cómo se distribuirá la publicidad oficial, e insta a todos a comprometerse para poner en práctica de forma efectiva las leyes de acceso a la información, estableciendo sin vacilar campañas educativas y de promoción para erradicar definitivamente la cultura del secretismo que prevalece en ciertos órganos de Estado.

A escasos tres meses de que se renueve en el país la mitad de las concesiones de medios electrónicos, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH expresa que en México uno de los temas de mayor debate en materia de legislación, vinculada con los medios electrónicos, se relaciona con la necesidad de acotar la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones y permisos en radio y televisión, tomando en cuenta la diversidad cultural del territorio nacional.

Al mismo tiempo que la Secretaría de Co- municaciones y Transportes se apresura a otorgar con bombo y platillos tres permisos a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, como sucedió el pasado 29 de marzo, con el objetivo de que grupos de comunidades de Michoacán operen emisoras, aunque conservando ella la titularidad, la CIDH señala en el punto 234 de su informe que resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios o formas de dilación que obstaculicen la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias.

Confiamos en que tanto las autoridades federales como estatales tengan en cuenta todas estas recomendaciones, con el fin de garantizar en México el buen ejercicio de los derechos civiles de los ciudadanos, tal como pide también el Diagnóstico sobre la Situación Nacional de los Derechos Humanos, presentado el pasado 8 de diciembre al Ejecutivo federal.