La situación jurídica de Ahumada los pone en indefensión: González Larrazolo

Trabajadores despedidos de Quart interpondrán hoy demada en la JLCA

Denuncian afectados que en meses recientes se incrementaron las amenazas en su contra

LAURA GOMEZ FLORES

El titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal, José Luis González Larrazolo, informó que hoy se presentará ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje una demanda laboral contra el Grupo Quart por el despido injustificado de empleados de la mina Los Coyotes y las oficinas centrales ubicadas en la delegación Alvaro Obregón.

Reconoció que la situación jurídica del propietario de las firmas Pagoza, Comercializadora Austral y Cascata, Carlos Ahumada Kurtz, "coloca en estado de indefensión a los trabajadores, ante el riesgo de que sea juzgado y sus empresas se declaren en quiebra o se confisquen, pero en cualquiera de estos escenarios haremos cumplir la ley", advirtió.

La confianza depositada por más de 30 trabajadores del Grupo Quart que fueron despedidos sin justificación alguna el jueves pasado, "nos obliga a pelear en el ámbito laboral, exhibiendo los documentos que proporcionaron, como recibos simples de pago o depósitos en cuentas bancarias por cantidades inferiores diferentes a las asentadas en las hojas de alta del IMSS", señaló.

Los afectados, con antigüedades de entre tres y ocho años, mencionaron que en los últimos meses se incrementaron las amenazas de despido o descuentos vía nómina a quienes se atrevían a exigir el pago de horas extras o un incremento salarial, pues sus percepciones son menores a las pactadas durante su ingreso o tuvieron un aumento de 55 pesos al mes.

Dicha situación resulta injusta porque la gente de reciente ingreso recibe casi el doble, es decir, entre 150 y 450 pesos diarios, de acuerdo con el puesto, y por eso aceptaron el mes de liquidación ofrecido por la empresa, cuando se cancelaron algunas de las obras en las delegaciones, se "cerró la mina" y se llevó la maquinaria a Tepotzotlán para evitar su posible confiscación, comentaron.

Recordaron que el jueves pasado fueron citados por los representantes legales de la empresa en las instalaciones del periódico El Independiente para pagarles las tres semanas que les debían, las horas extras, la parte proporcional del aguinaldo y vacaciones, pero resultó ser una trampa, pues únicamente estaban dispuestos a cubrir un mes de salario, es decir, entre 3 mil 600 y 6 mil pesos, que "no aceptamos".

Ahora, dijeron, corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje "resolver nuestra situación laboral y lograr una indemnización justa, pues no existe ningún argumento válido para darnos de baja, cuando cumplimos con todos los trabajos que nos impusieron en las empresas, aún sin corresponder a nuestro ámbito".

La oferta que esperaban de Alfredo Anguiano, encargado de este proceso, eran 12 mil pesos en promedio, pero "no contaban con las posibilidades económicas para cubrir la demanda de más de 60 compañeros que fueron despedidos la semana pasada, de los cuales poco más de la mitad acudimos a solicitar apoyo, pese a la advertencia de que no iba a prosperar porque a muchos nos faltan recibos de pago porque nunca se nos entregaron, pero aun así nos aventamos", dijeron los trabajadores.