Malestar en Chiapas

Se ampararán periodistas contra la ley mordaza

JUAN BALBOA CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 1Ɔ de abril. Periodistas chiapanecos anunciaron que ejercerán su trabajo profesional con amparos de la justicia federal, una vez que las reformas y adiciones al Código Penal entren en vigor en mayo próximo, las cuales penalizan con cárcel hasta de nueve años y multa de hasta mil días de salario mínimo el delito contra el honor, la difamación y la calumnia.

Trabajadores de los medios de comunicación integrados en organizaciones como el Frente de Periodista Chiapanecos por la Libre Expresión han confirmado que buscarán el amparo federal para poder trabajar con libertad en Chiapas y exigieron al gobernador del estado, Pablo Salazar Mendiguchía, vetar las reformas publicadas el pasado 25 de febrero en el Diario Oficial del Estado.

A partir de mayo todo periodista que incurra en difamación o calumnia, a consideración de la autoridad judicial del estado, será encarcelado hasta por nueve años, la pena más alta en toda la República para castigar delitos contra el honor.

Hace dos meses, el Foro de Periodistas Chiapanecos envió una carta a la opinión pública en la que señala que las reformas propuestas por el gobierno del estado, aprobadas unánimemente por los 40 diputados de la legislatura local, son un atentado a la libre manifestación de las ideas y que coacciona el trabajo periodístico en Chiapas.

Por su parte, el Frente de Periodistas Chiapanecos por la Libre Expresión entregó una carta a la Cámara de Senadores, en la que señala que el pasado 17 de febrero los diputados que integran la 61 Legislatura de Chiapas ( de PRI, PRD, PAN, PT, PVEM y PAS) aprobaron, a propuesta del gobernador Salazar Mendiguchía, reformas al Código Penal de la entidad que elevan, contra toda lógica de modernidad y de espíritu de apertura democrática, las penas por los delitos de difamación y calumnia de tres a nueve años y multas de cien a mil días de salario mínimo.

"Chiapas se pone así a la vanguardia en su Código Penal, al ser la única entidad que castigará con cárcel, sin derecho a la libertad bajo fianza, a las personas, primordialmente periodistas, que sean acusados de difamación o calumnia.

"Nuestro estado ocupará el primer lugar nacional al convertir de facto la difamación y la calumnia en delitos graves. La mayoría de los estados federados mantienen sanciones mínimas privativas de las libertades que permiten la libertad bajo fianza. Es importante hacer énfasis en que en todo gobierno democrático -como creemos que debería ser el de Chiapas- sus acciones se basarían en un sistema de libertades y no utilizando instrumentos jurídicos para maniatar y amordazar a todos aquellos considerados críticos de las acciones del gobernante", se asegura en el documento entregado también a organismos internacionales de derechos humanos y de periodistas.