Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

6 de julio de 1988: el fraude ordenado por Miguel de la Madrid*

La lucha por la democracia es una lucha por el derecho. El siglo XX fue para nuestro país el siglo de la lucha por el sufragio efectivo, por el respeto al voto ciudadano, elemento fundamental de la vida democrática.

Esa lucha se inició de hecho aquí, en esta ciudad de Puebla, el 18 de noviembre de 1910, con el sacrificio de Aquiles Serdán, quien había respondido a la convocatoria lanzada por Francisco I. Madero, que llamó a los mexicanos a rebelarse contra la autocracia porfiriana.

La lucha por la democracia y las libertades de los mexicanos, después del derrocamiento y asesinato de Madero y Pino Suárez por el usurpador Huerta en 1913, se centró más que en el reclamo por la efectividad del sufragio en otras reivindicaciones populares y nacionales como la reforma agraria, los derechos de los trabajadores -la huelga, la jornada de ocho horas, un salario digno y suficiente, etcétera-, el dominio de la nación sobre sus recursos naturales, la educación, la salud, la autonomía universitaria, la seguridad social, y no es sino hasta 1988 cuando el respeto al voto se vuelve a colocar con fuerza como la prioridad en la lucha política de los mexicanos, y es hasta ahora, cuando se ha dado vuelta al siglo, que el voto ciudadano empieza a ser efectivo y empieza así a hacerse realidad la democracia electoral.

Para los jóvenes que estudian derecho en esta escuela, 1988 está muy atrás en el tiempo. Como actor y observador de acontecimientos importantes en la vida del país de esa fecha para acá, quisiera compartir algunos recuerdos y reflexiones que en estos días me ha provocado la lectura del editorial de un diario estadunidense¹ comentando sobre lo que expresa Miguel de la Madrid en un libro² de reciente aparición.

En ese editorial se dice que los mexicanos están leyendo la nueva autobiografía de Miguel de la Madrid "por su autorizada confirmación de uno de los más flagrantes fraudes electorales de los tiempos modernos -el robo de la elección presidencial de México en 1988..."

De la Madrid hace en su libro más que una "autorizada confirmación", una confesión de parte, como dicen ustedes los abogados, de que fue él quien en la tarde del 6 de julio de 1988, día de las elecciones federales, ordenó se dejara de dar información sobre cómo iban fluyendo los resultados electorales, porque estaban siendo favorables a mi candidatura, decisión que dio inicio a un masivo fraude electoral que se cometió no en perjuicio de mi persona, como con frecuencia se señala, sino en perjuicio de todos los ciudadanos del país y del país mismo.

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ƑCómo se llegó al fraude electoral de 1988? ƑQué sucedió para llegar a ese hecho?

El gobierno de Miguel de la Madrid había puesto en marcha, y así se reconoció públicamente, una política de destrucción consciente y sistemática de todo lo que tuviera que ver con los logros positivos de la Revolución Mexicana, sin ofrecer alternativas que tuvieran por base otras ideologías y otras políticas para la solución de los grandes problemas del país y de la gente. El entreguismo, el alto endeudamiento con el exterior, el disparo de la inflación y la seria caída de los niveles de vida provocaron una profunda irritación en la población, que aumentó al ocurrir el sismo de 1985, que además de la gran destrucción que ocasionó, principalmente en la ciudad de México, dejó ver ante el país a un presidente pusilánime e incapaz de reaccionar ante la desgracia. La respuesta popular a las heridas del sismo fue en sentido contrario a la del presidente: la gente respondió dando vida a un vigoroso movimiento urbano popular que tomó la iniciativa social y política para la reconstrucción de la capital.

El descontento apareció también en la vida política y al interior mismo del régimen. La Corriente Democrática surgió dentro del PRI hacia finales de 1986 reclamando al Estado la práctica de una política pública con fuerte contenido social, exigiendo frenar y reducir el endeudamiento externo y la adopción de procedimientos democráticos en el partido para la toma de sus decisiones, en especial para la designación de candidatos, con lo que el presidente y el sistema se sintieron amenazados en ese supuesto derecho no escrito que se arrogaban de designar al candidato oficial a presiden- te y, en la práctica, al sucesor del presidente en turno. La corriente no planteaba el apoyo a un candidato en particular, cuestionaba el procedimiento, exigiéndolo democrático, con la participación de los miembros del partido.

Desde que se celebró la 13 Asamblea Nacional del PRI, en marzo de 1987, se produjo el rompimiento real del sistema y del partido con la Corriente Democrática, pero ni el presidente directamente, ni utilizando al partido, se atrevió a plantear y menos a instrumentar la expulsión formal de los miembros de la corriente. Nosotros, con apego estricto a nuestros derechos partidarios, decidimos dar la lucha desde el interior, buscando la democratización del partido, que considerábamos paso indispensable, tanto para poner fin al régimen de partido de Estado como para lograr la democratización del régimen político del país.

Desde afuera y desde dentro se nos veía como oposición al régimen, aun cuando nos negábamos a considerarnos al margen del partido. Eso atrajo las adhesiones de importantes grupos de priístas de base y el que desde los partidos de oposición me propusieran ser su candidato a presidente. Nuestra respuesta fue siempre en sentido que librábamos al interior de nuestro partido una lucha que no había concluido.

Al llegarse el tiempo vino el dedazo del presidente, con el consecuente destape de Carlos Salinas como candidato del PRI. En ese momento, los miembros de la Corriente Democrática estábamos obligados a tomar una decisión: aceptábamos la imposición presidencial y nos sumábamos a la campaña oficial, o nos íbamos cabizbajos a nuestras casas; nos lanzábamos a una campaña testimonial con un candidato no registrado, sin partido que lo respaldara y cuyo nombre no aparecería en las boletas electorales, llamando al voto en el círculo blanco, o buscábamos proseguir nuestra lucha con los mismos objetivos que dentro del PRI, con el cobijo de otro u otros partidos.

Optamos por aceptar los ofrecimientos de los partidos de oposición y es así como me convertí en candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (que recién se había transformado de Partido Socialista de los Trabajadores) y del Partido Popular Socialista. A estos partidos se fueron sumando otros partidos sin registro y numerosas organizaciones políticas y sociales que, en conjunto, en enero de 1988 formaron el Frente Democrático Nacional (FDN). El Partido Mexicano Socialista se adhirió al FDN al declinar Heberto Castillo su candidatura en mi favor el 6 de junio, justo un mes antes del día de la elección.

La campaña, que se hizo en condiciones sumamente precarias, recibió una vigorosa y entusiasta respuesta de la ciudadanía.

Y llegó el 6 de julio.

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La jornada electoral estuvo plagada de delitos, atropellos e irregularidades, como lo estuvo todo el proceso, desde la violencia que se desató el día de las elecciones en innumerables casillas hasta el día en que se calificó la elección presidencial en la Cámara de Diputados, pasando en ese lapso por los comités distritales, donde se concentraron los paquetes de votos, los centros de cómputo oficiales y los colegios electorales.

Los resultados oficiales de la elección empezaron a recibirse en el centro de cómputo de la Comisión Federal Electoral -la autoridad electoral de entonces- por la tarde del día de las votaciones y a transmitirse a la sesión que ésta celebraba, presidida por el secretario de Gobernación, en la que estaban los representantes de todos los partidos. Los números que llegaban de la elección presidencial no estaban resultando favorables al PRI sino al FDN.

En un momento dado, la autoridad empezó a dar a conocer los datos supuestamente oficiales del distrito con cabecera en Tula, Hidalgo, y el representante del PARM, uno de los partidos del frente, exhibió el acta del escrutinio correspondiente a la elección en ese distrito, firmada por los representantes de todos los partidos, incluyendo al PRI, que eran radicalmente distintos a los reportados por la comisión electoral. En ese momento se cayó y se calló el sistema -esto es, el sistema oficial de cómputo electoral-. Ese fue el momento en el que llegó la instrucción del presidente de no dar más información a la opinión pública sobre cómo estaban moviéndose las cifras electorales. "Cuando eso ocurrió -asienta De la Madrid en su libro- se dejó de dar dicha información, pues los funcionarios de los comités distritales se dedicaron de lleno a analizar y computar las casillas que les correspondían, a fin de llegar al resultado oficial". Fueron los días, debe decirse, no para analizar y computar, sino para manipular las cifras electorales y ponerlas a tono con el fraude.

La caída y el silencio del sistema de cómputo electoral se prolongaron por varios días.

Sin embargo, se empezaron a conocer cifras de la elección. Los representantes de los partidos del FDN en casillas y en los comités distritales empezaron a enviar datos a los centros de cómputo de los partidos y a rescatar actas en las que se consignaban los resultados reconocidos de la elección. Con esas informaciones se pudo saber cómo iban fluyendo los conteos de votos.

El número total de votos oficialmente reconocido para todos los candidatos presidenciales fue de 19 millones 143 mil 12. Una visión retrospectiva de cómo se fueron conociendo los datos de la elección se da a continuación:

El 7 de julio, día siguiente al de la elección, el FDN tenía datos que sumaban 2 millones 724 mil 7 votos, que se distribuían 26.61 por ciento para el PAN, 26.76 por ciento para el PRI y 40.16 por ciento para el FDN.

El 9, dos días después, con 6 millones 709 mil 351 votos, correspondientes a 35 por ciento del total, los porcentajes eran 25.19 para el PAN, 32.69 para el PRI y 38.8 para el frente.

El 12 de julio, que fue el último día que se recibió información que se podía considerar medianamente confiable, pues había cada vez más evidencias de un fraude masivo y generalizado, se tenían computados 10 millones 355 mil 293 votos -54.09 por ciento del total-, de los cuales 21.38 por ciento era para el PAN, 35.76 para el PRI y 39.4 para el FDN, correspondientes a 30 mil casillas -54.5 por ciento del total de las instaladas en el país.

En cualquier elección conducida con rectitud, en cualquier país, al conocerse las cuentas de 54.5 por ciento de las casillas se puede considerar que se han establecido ya tendencias que prácticamente no variarán al llegarse a los resultados finales.

Aquí entran de nuevo las confesiones de Miguel de la Madrid, quien escribe que habiéndose hecho los cómputos en 30 mil casillas se dejó "pendiente el desglose de la información de otras 25 mil, de las que sólo se dieron resultados agregados por distrito".

Los datos de esas 25 mil restantes nunca fueron dados a conocer y nunca podrán conocerse, pues los paquetes con los votos de esa elección, que habían sido depositados en la Cámara de Diputados, según lo disponía la ley, se incineraron por acuerdo de las diputaciones del PRI y del PAN.

ƑQué se puede decir de los votos de esas 25 mil casillas, cuyos resultados fueron ocultados o que nunca fueron contados?

A esas casillas correspondieron, de acuerdo a los resultados que, como dice De la Madrid, se dieron agregados por distritos, 8 millones 787 mil 719 votos, 45.91 por ciento del total oficial, que se distribuyeron como sigue: 21.36 por ciento (contra 21.38 en las casillas cuyos votos se desglosaron partido por partido y candidato por candidato) para el PAN, 67.57 (contra 35.76) para el PRI y 11.98 (contra 39.4) para el FDN.

Si se ven y analizan esos números, se tiene que pensar necesariamente que en cada distrito se dieron dos elecciones distintas, la de las casillas cuyos datos se presentaron desglosados, y la de las casillas cuyos datos sólo se dieron agregados por distritos, que se trata de dos electorados diferentes y, de hecho, de dos países también diferentes.

Se ve algo más: las cifras de Acción Nacional son iguales para las casillas cuyos resultados se dieron a conocer y los de aquellas que se reportaron sólo en el agregado distrital. De donde robó votos el PRI fue, como se evidencia en estas cifras, de los partidos del FDN.

Ahora unos datos curiosos: en el cuarto distrito electoral federal de Puebla la votación total reconocida oficialmente en favor de Carlos Salinas fue de 82 mil 106 votos. De éstos, corresponden a las casillas conocidas 31 mil 308 y a las ocultadas 50 mil 798. En las primeras, el porcentaje de votos para el candidato del PRI fue de 71.5 por ciento y en las ocultadas de 109.8, por lo que hubo que quitar mil 152 votos a Manuel Clouthier y 3 mil 589 a mí para hacer cuadrar las cifras. En el octavo distrito, también de Puebla, Salinas tuvo 39.6 por ciento de los votos en las casillas dadas a conocer y 103.2 en las ocultadas. En forma similar, el fraude mayor se cometió en alrededor de 70 de los 300 distritos electorales del país.

Así fue el fraude electoral que comenzó con las órdenes de Miguel de la Madrid al secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral de suspender el flujo de la información sobre los resultados electorales, y al presidente del partido oficial de declarar, sin tener cifras que lo sustentaran, "el triunfo del PRI", pues necesitábamos, dice en su libro, "darlo por sentado el día 7, ante el peligro de que cundiera la convicción que Cuauhtémoc había ganado en todo el país..."

Cuidadosos estudios posteriores a los días de los cómputos y de los conflictos poselectorales han permitido establecer como los resultados más probables de esa elección presidencial los siguientes: 22.4 por ciento de votos en favor del PAN, 36.4 del PRI y 41.2 por ciento del FDN.

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Frente al fraude, se buscó, primero, mediante los recursos legales y de la movilización ciudadana, revertirlo; se planteó también la anulación de la elección y que se convocara a una nueva, ya que se veía más que imposible que el gobierno aceptara hacer una revisión a fondo de la elección para limpiarla y llegar a sus resultados reales, lo que en su momento se le propuso.

En los días posteriores inmediatos al 6 de julio, cuando se discutía álgidamente la validez de la elección, Rosario Ibarra, candidata del Partido Revolucionario de los Trabajadores, reconoció que la mayoría de los votos estaba a mi favor. Manuel Clouthier, de Acción Nacional, declaraba en esos mismos días que Salinas no había ganado, que él tampoco, pero que no sabía quién había ganado la elección.

Ante esta situación, después de varios meses de protestas y fuertes movilizaciones por distintas regiones del país, habiendo echado mano de todos los recursos legales tratando de revertir el fraude, la salida que se encontró como más viable en el FDN fue la de llamar a formar una organización política que pudiera alcanzar la capacidad necesaria para llevar a cabo los cambios que el país estaba reclamando. De esa decisión nació, poco después, el Partido de la Revolución Democrática.

Mientras se estaba en el análisis de la situación nacional, de la situación del propio FDN y de las alternativas que se presentaban hacia adelante -y en paralelo estaban calificándose las elecciones de diputados federales, el presidente rendiría su último informe ante el nuevo Congreso y se calificaba la elección presidencial por los diputados-, nadie planteó que la solución de la crisis pudiera encontrarse en una vía no constitucional. Nadie propuso la vía armada, nadie se preparó para tomar ese camino, y es que una revolución no se da por desplantes viscerales o por actitudes meramente voluntaristas. Una revolución se prepara, se miden posibilidades y consecuencias, y es entonces cuando se toman las decisiones.

Llamar en aquel momento a rebelarse o en un ataque de rabia o desesperación haber llamado a tomar o apoderarse de algún punto simbólico hubiera sido, por decir lo menos, irresponsable, si no es que provocador para matar al naciente movimiento, o verdaderamente criminal.

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La elección de 1988, a pesar del fraude, provocó, sobre todo con las intensas movilizaciones populares, una amplia y firme toma de conciencia entre la población respecto a que la participación ciudadana en la vida pública y el voto hacían posible el cambio. Este primer impulso ha llevado, hasta ahora, a la alternancia y al fin del régimen de partido de Estado. Se requiere de nuevos esfuerzos para llegar a un sistema político y a una convivencia social que puedan calificarse de cabales, de integralmente democráticos.

Reconocerse como el ejecutor del fraude con la responsabilidad mayor, como lo hace Miguel de la Madrid, no revierte lo sucedido. Confirma lo que muchas voces habían venido diciendo y da más claridad a hechos importantes de nuestra historia reciente.

Cuando apareció el editorial de The New York Times no faltó quien me preguntara si no iba yo a presentar una demanda contra Miguel de la Madrid y aquí, a estudiosos del derecho les pregunto si vale la pena. Para obtener una satisfacción personal no veo el caso. Si de ella se derivara alguna sanción para Miguel de la Madrid y quienes planearon, ordenaron e instrumentaron el fraude desde las más altas responsabilidades de la República, que representara una reparación de los daños ocasionados tanto a los ciudadanos como a la nación -por la corrupción de la administración a la que el fraude llevó al poder, por los perjuicios ocasionados por las políticas públicas que se pusieron en práctica, etcétera- habría que hacerlo. ƑQué dicen al respecto los estudiosos de las leyes de esta Escuela Libre de Derecho?

*Documento presentado en el quinto Congreso Internacional de Derecho. Derecho y democracia: logros, problemas, retos. Escuela Libre de Derecho.

Puebla, Pue., 31 de marzo de 2004.

¹ "About that close election..." en The New York Times, 15 de marzo del 2004.

² Miguel de la Madrid H. (con la colaboración de Alejandra Lajous): Cambio de rumbo. Testimonio de una Presidencia -1982-1988. Fondo de Cultura Económica. México. 2004.