Denuncian ante la ONU atentado a la libertad de expresión

Condenan que se penalice en Chiapas calumnia y difamación

"Quien cuestione podría ir a la cárcel", dice investigador

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 30 de marzo. Periodistas, defensores de derechos humanos y otros opositores a las reformas al Código Civil de Chiapas que penalizan la "difamación" y la "calumnia", consideran que "además de violar el sentido común, el ambiente de paz y democracia", éstas atentan contra instrumentos legales firmados por el gobierno mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

También contradice la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; esta última estipula: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos, prohíbe "la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida por cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico". La protección a la reputación debe estar garantizada "sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público". Las leyes que penalizan la "expresión ofensiva" dirigida a funcionarios públicos, "generalmente conocidas como 'leyes de desacato', atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".

En consecuencia, un grupo de periodistas de Chiapas entregó un documento en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos contra la denominada ley mordaza, pues "atenta contra la libertad de expresión". La carta, dirigida al relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Ambeyi Ligabo, denuncia que las reformas penales en Chiapas coartan, condicionan y limitan el libre ejercicio de la prensa. Piden, asimismo, que el Congreso local discuta reformas y adiciones congruentes con los lineamientos democráticos y de respeto a los derechos humanos.

Por otra parte, según Reporteros de Chiapas, la Asociación Civil para la Libertad de Información, diversos centros de derechos humanos y otras organizaciones, las reformas "son un retroceso a los avances democráticos e inhiben la libertad de expresión y el derecho a informar". En su análisis, señalan que en 2002 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH lamentó la ausencia de avances significativos.

A la CIDH preocupa que los "delitos contra el honor" sean usados con iguales fines que el delito de desacato a los servidores públicos. Señala que el hecho de que los funcionarios públicos están sujetos a menor y no mayor grado de protección frente a las críticas y al escrutinio público, significa que la distinción entre las personas públicas y privadas debe efectuarse también en las leyes ordinarias sobre difamación, injurias y calumnias.

El informe señala: "La posibilidad de abuso de tales leyes por los funcionarios públicos para silenciar las opiniones críticas es tan grande en este caso como en el de las leyes de desacato". La CIDH considera que la obligación de los gobiernos es "la protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y con leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta". La relatoría ha insistido en que para asegurar la libertad de expresión, los estados deben adecuar sus leyes sobre difamación, injurias y calumnias "en forma tal que sólo puedan aplicarse sanciones civiles en el caso de ofensas a funcionarios públicos".

Periodistas y organizaciones civiles y de derechos humanos solicitaron al relator especial de la CIDH, Eduardo Bertoni, que "haga un exhorto directo al presidente Vicente Fox y a los 32 gobernadores para que se despenalice la difamación". Manifestaron que "en el caso de Chiapas, donde la Comisión de Derechos Humanos de la ONU manifestó recientemente su preocupación por la continua violación a los derechos humanos, haga un llamado al mandatario estatal y al Poder Legislativo para que den marcha atrás a sus reformas al Código Penal, en lo referente a los delitos contra el honor".

El 28 de febrero, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas pidió al gobierno de Chiapas no publicar las reformas porque son "antidemocráticas", ya que "tendrán como consecuencia obstaculizar el ejercicio fundamental del derecho a la información y a la crítica como parte del libre pensamiento. Las penas desproporcionadas se convierten en una persecución a la libre expresión y el derecho a recibir y dar información".

A juicio del investigador Gustavo Castro, "con las reformas, el gobernador inhibe cualquier crítica. Si marchas por las calles, te cae la represión. Si te reúnes o te asocias, eres terrorista. Si piensas diferente, no quieres el desarrollo. Si ahora hablas, vas a la cárcel. Si una persona denuncia con base en fundadas sospechas que algún funcionario público es corrupto, puede pasar nueve años de cárcel a la par de los narcotraficantes, violadores, secuestradores y homicidas. La opinión pasa de la vía civil a la penal. Así, periodistas, líderes sociales, centros de derechos humanos, organismos civiles o cualquiera que cuestione podría ir a la cárcel".

Mientras, agrega, "seguirán sueltos paramilitares, banqueros o ex funcionarios de comprobada corrupción". El gobierno "legitima, legaliza y monopoliza no sólo el uso de la fuerza y la coerción, sino hasta la mentira. Pueden afirmar, mintiendo a la ciudadanía, que no viola derechos humanos, que no hay pobreza, que no están privatizando Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad, que hay desarrollo y no existe desempleo. Pueden decir que no hubo desalojos o represión aunque los golpeados estén a la vista".