La SRE exige que se repongan los procesos contra los connacionales

Mañana, fallo de la CIJ sobre los 54 mexicanos sentenciados a muerte en EU

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Las autoridades de México continuarán luchando para proteger los derechos de los 54 connacionales sentenciados a muerte en Estados Unidos, a los cuales el gobierno estadunidense les negó la posibilidad de contar con asistencia consular, la cual pudo evitar la pena capital, y fueron víctimas de violaciones a sus garantías de información, sostuvo ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La misma fuente sostuvo que esas violaciones fueron denunciadas hace 14 meses ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual dará a conocer su fallo este 31 de marzo.

Ayer, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado de la República, Silvia Hernández, explicó que México demanda que se reponga el proceso completo para los 54 mexicanos sentenciados en tribunales de Estados Unidos, debido a que se cometió una "violación a la Convención de Viena".

Expuso que en la resolución que mañana dará a conocer la CIJ no se trata de ganar o perder para México, ni se debe interpretar como un triunfo o una derrota para el gobierno estadunidense o para el nuestro, ya que en realidad lo que representa es la vida o la muerte para connacionales, por lo que se ha puesto toda la energía política para pedir justicia.

Por ello, aun cuando se prevé una resolución salomónica, es decir, en favor de los dos países por los argumentos que presentaron en esta instancia, el gobierno de México y el Senado solicitarán clemencia para los mexicanos sentenciados a muerte.

La cancillería informó que el 9 de enero del año pasado se instauró el procedimiento ante esta corte en La Haya, para denunciar las violaciones al derecho de información de los 54 connacionales encarcelados en Estados Unidos.

"El derecho de información sobre asistencia consular se encuentra previsto en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, de la que tanto México como Estados Unidos son parte. Dicha disposición establece que en caso de detenciones de extranjeros, las autoridades locales están obligadas a informar a los detenidos, sin dilación, de su derecho a comunicarse con la representación consular de su país de origen", estableció la dependencia.

Estos mexicanos no recibieron oportunamente la debida asistencia de funcionarios consulares de nuestro país, lo cual podría haber evitado la aplicación de la pena capital. Por lo que, a la luz de dichas violaciones, Estados Unidos se encuentra obligado a otorgar una reparación adecuada del daño, mediante la revisión y reconsideración efectiva de las condenas de los mexicanos, cuyos derechos no fueron respetados.

La demanda también incluye una solicitud con el propósito de que la CIJ ordene inmediatas precauciones para que Estados Unidos evite que alguno de los mexicanos sentenciados sea ejecutado, en tanto el asunto es resuelto en definitiva, por lo cual esta corte decretó el 5 de febrero de 2004 las medidas provisionales y mañana rendirá su fallo definitivo.