Prevé la iniciativa modificar ocho artículos constitucionales y diez leyes secundarias

La presunción de inocencia, fundamental en el sistema procesal propuesto por Fox

Los cambios implican aspectos que afectarán la impartición y procuración de justicia

JESUS ARANDA Y ROSA ELVIRA VARGAS

La propuesta de reformas al sistema de seguridad pública y justicia penal prevé la modificación de ocho artículos de la Constitución y diez leyes secundarias. En la práctica, los cambios implican aspectos novedosos que afectarán la impartición y procuración de justicia.

De entrada se plantea un sistema procesal de corte acusatorio, en el que jugará un factor fundamental la presunción de inocencia y la instauración de juicios orales en los que, por primera vez, se obligará a los jueces a estar presentes en las diligencias y careos, que serán públicos.

Se unificarán los sistemas procesales de la Federación y los estados, en los que se garanticen aspectos como audiencias públicas, sustitución del auto de formal prisión por el de formal procesamiento, en el que exista la posibilidad de que el inculpado lleve su proceso en libertad, aun en el caso de algunos delitos graves, hasta que se dicte sentencia condenatoria.

En lo que toca a los procesos de menores, se plantea que cuando la víctima o el ofendido tenga menos de 12 años, no estarán obligados a carearse con el inculpado, sin importar el delito de que se trate. Esta protección incluye a los que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho.

En cambio, los adolescentes -de 12 a 18 años cumplidos- que cometan delitos previstos como de delincuencia organizada serán sujetos por primera vez a procesos judiciales con sanciones privativas de su libertad de carácter excepcional y la posibilidad de que reciban sanciones alternativas, como ''libertad asistida'' o ''tratamiento ambulatorio'', cuando sean adictos a alguna droga.

Por primera vez -según la iniciativa que envió el Ejecutivo ayer al Congreso-, los menores serán juzgados por jueces de distrito especializados en menores, así como en delincuencia organizada.

Inválidas, confesiones rendidas sin la asistencia de un defensor

Como garantía para los acusados, se propone que carezca de todo valor probatorio la confesión ante cualquier autoridad, rendida ante el juez o ante éste sin la asistencia de un defensor. Es decir, se suprime el carácter de confesión a la declaración autoinculpatoria que rinda el acusado ante el Ministerio Público o la policía; asimismo, se mantiene el derecho a no declarar, a no ser incomunicado, intimidado o torturado.

Estas garantías contrastan con la creación de la llamada ''prueba preconcebida'', prevista para los procesos relacionados con delitos de delincuencia organizada, la cual consiste en que serán tomadas en cuenta declaraciones de víctimas, testigos y declarantes, sin necesidad de que éstos comparezcan en el proceso. Se acepta expresamente que la persecución de los delitos como narcotráfico, secuestro, terrorismo, robo de autos y lavado de dinero será bajo reglas de excepción en donde los fiscales tendrán mayor posibilidad de probar sus acusaciones.

La creación de una fiscalía general de la nación -en lugar de la Procuraduría General de la República- implica no sólo la autonomía plena de esta institución, sino también que el fiscal sea electo por el Senado a propuesta del Ejecutivo por un periodo de cinco años con posibilidad de ser ratificado por los legisladores, además de que se crean los fiscales de circuito que perseguirán el delito de forma desconcentrada por un lapso de cuatro años y posibilidad de ratificación; estos últimos serán propuestos por el fiscal general y ratificados por el Senado.

En estos casos su destitución sólo podrá darse por cometer delitos graves y después de un procedimiento legislativo. Se propone que este esquema de elección del fiscal general se aplique también a nivel estatal.

En materia de readaptación social, el Ejecutivo propone que los sentenciados del orden federal pueden cumplir sus penas en establecimientos locales cercanos a su residencia o lugar de origen. La iniciativa pone especial énfasis en medidas alternativas de solución de conflictos, procesos abreviados y juicios sumarios en los que los juzgadores estén en condiciones de resolver los procesos en menor tiempo. Asimismo plantea un cambio radical en cuanto a delitos graves y no graves. Actualmente, quienes son acusados de delitos graves, al ser consignados, no tienen derecho a la libertad bajo fianza.

En cambio, la iniciativa sí lo permite, pero a criterio del juez y en caso de que se trate de delitos patrimoniales, delitos fiscales o portación ilegal de armas. Además, el Ministerio Público de la Federación ya no podrá oponerse a que un acusado de esos delitos obtenga libertad bajo fianza.

Se prevé la obligación de que todos los abogados defensores, incluidos los privados, cuenten necesariamente con cédula profesional y estén certificados mediante examen de aptitudes por el Consejo de la Judicatura Federal o los consejos locales. Esto, para garantizar que los litigantes tengan la capacidad técnica y ética para el desempeño de su labor.