Derecho de apartado

Prepara Herrerías batalla legal en contra del GDF

LUMBRERA CHICO

El escenario de la lucha está bien delimitado, aunque en estos momentos luce vacío. Los bandos en conflicto son obvios: de una parte, el Gobierno del Distrito Federal (GDF); de la otra, la empresa Plaza México SA, que regentea el veterinario Rafael Herrerías. ƑEl motivo de la disputa? Las tarjetas del derecho de apartado que, desde el pasado 26 de febrero, por decreto de Andrés Manuel López Obrador pertenecen de manera vitalicia a quienes pagaron por ellas.

El registro de tales abonos está contenido en unos gruesos libros autentificados por la fe de un notario público. De acuerdo con el citado decreto, Herrerías tiene la obligación de entregarlos a la delegación Benito Juárez, porque esta instancia es la que, al menos en teoría, supervisa la buena marcha de la Monumental Plaza Muerta (o México, según la llaman algunos), y a ella le corresponderá en adelante verificar la renovación anual de esos derechos.

Quienes aparecen en esos documentos como titulares de los mismos cuentan -así lo estipula el decreto de López Obrador- con una opción que salvaguarda su propiedad de por vida. Cada vez que la empresa del embudo de Insurgentes anuncie el elenco de una temporada ''grande'' (o más bien ''alta'', o ''menos chica''), los dueños de esos papeles podrán, una de dos, pagar por la nueva tarjeta para que sus localidades les sean reservadas, como de costumbre, el cuarto y el tercer día previos a cada corrida, o cruzarse de brazos, no pagar nada, perder durante esa temporada el privilegio de la reservación exclusiva, pero en ningún caso el abono.

Donde el dulce canto de la teoría jurídica chocará con el lado sucio de la realidad es en el punto en que Herrerías agote el límite que le dio el GDF para entregar los mentados libros a la Benito Juárez. Para resistirse al cumplimiento de esta orden, el promotor de la postauromaquia mexicana ha dicho, para empezar, que no obedecerá. Su siguiente acción, harto previsible, será invocar el derecho de amparo y promover un juicio que puede terminar en alguna sala de la Suprema Corte.

Si tal fuera el caso, Herrerías estaría confiando en que el tiempo correría a su favor y el procedimiento se alargaría de dos a tres años. Mientras tanto, para presionar al GDF, mantendría la plaza cerrada y la subarrendaría únicamente para conciertos masivos, por cada uno de los cuales cobra, según trascendió, 400 mil pesos. La maniobra le saldrá en la medida que lo respalden los herededos de Moisés Cosío, dueños del inmueble, pero está por verse si le permitirán que, mientras pleitea, deja de pagarles la renta anual de casi 20 millones de pesos.

Para evitarse la batalla jurídica, lenta, desgastante y perjudicial para la afición y la propia fiesta, el GDF tiene dos instrumentos: cancelar a Herrerías la licencia de espectáculos y abrir una subasta para que nuevos empresarios se encarguen del negocio, o sencillamente expropiar. Así, como Las Ventas, de Madrid, la México pasaría a formar parte del patrimonio histórico de la ciudad. ƑUsted por cuál solución se inclina?