El ex presidente del TFJFA habría incurrido en un claro conflicto de intereses

Magistrado del tribunal fiscal funge como asesor del IMSS

Sánchez Hernández apoyó al instituto en actuación por adeudo de cuotas obrero-patronales

Con apoyo de prominentes panistas se encaramó en los puestos más altos del órgano de justicia

ANDREA BECERRIL

En lo que sería un claro conflicto de intereses que violenta el marco constitucional, el magistrado Alejandro Sánchez Hernández, ex presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TF-JFA), se desempeña, aparentemente, como asesor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aunque hasta el momento la inmovilidad en el cargo de que goza hasta el año 2010 lo ha protegido de diversos señalamientos en torno a presuntas conductas indebidas, el hecho de asesorar al IMSS podría tipificarse como delito y conducir a su destitución.

En menos de un año, con el impulso del gobierno foxista, Sánchez Hernández alcanzó los más altos cargos en ese tribunal. En 2001, de manera sorpresiva fue nombrado magistrado de sala superior, y en 2002, presidente del tribunal. En su gestión enfrentó acusaciones constantes de abuso de autoridad, de despido de personal con décadas de experiencia -para sustituirlo por amigos-, además de denuncias constantes de corrupción, entre ellas del empleo de las instalaciones del TFJFA para actividades privadas lucrativas.

Antes de dejar la presidencia de ese tribunal, en diciembre del año pasado, Sánchez Hernández intentó mudar las oficinas del mismo al Word Trade Center. Hace poco presionó al Senado con el propósito de que se nombrara magistrado a uno de sus incondicionales. Como colofón de todo ello ahora, presuntamente, es asesor jurídico del IMSS. Está documentado que actuó como tal en un litigio que el instituto lleva en contra de una cooperativa por adeudo de cuotas obrero-patronales.

Es un caso delicado, toda vez que el magistrado Sánchez Hernández asesora a quien es su contraparte en el tribunal donde debe impartir justicia a miles de ciudadanos que acuden a ese órgano para interponer juicios contra autoridades. Tan sólo entre 2001y 2002 el TFJFA llevó unas 20 mil de-mandas de particulares contra el IMSS y este año las cifras se han elevado.

La Jornada tiene en su poder el oficio 3657019200, que el titular de la subdelegación No. 5 centro, de la delegación dos noroeste del IMSS, Fulgencio Pérez Cordero, hizo llegar el pasado 24 de febrero al presidente del consejo de administración de Excélsior, SCL, José Antonio Legorreta Flores, en el que da cuenta de una reunión realizada ese mismo día en las oficinas de la jefatura de la Unidad de Recaudación y Fiscalización, en torno a un adeudo de cuotas obrero-patronales, a la que Sánchez Hernández habría asistido como asesor jurídico del instituto.

En ese oficio no se precisa, por supuesto, que se trata del magistrado del TFJFA; únicamente se registra su asistencia "por parte de este instituto" en su carácter de asesor jurídico, conjuntamente con Juan Ma-nuel Jiménez Illescas, titular de la unidad de recaudación de la subdelegación número 5 centro; Andrés Sotelo Vázquez, titular de la División de Co-branza Fiscal y Convenios; Jor-ge García Villalobos, encargado del departamento de cobranza, y Carolina Aguilar Pulido, encargada de la oficina para cobros.

Por la Cooperativa Excélsior estuvieron en esa reunión el subgerente de Administración, Francisco Javier de Anda He-rrera, y su asesor legal, Manuel Arilla Vila. Algunos de los presentes en esa encuentro reconocieron al magistrado Sánchez Hernández y la noticia comenzó a circular en medios judiciales, en los que se comenta la gravedad y repercusiones del hecho.

El artículo 10 de la Ley Orgánica del TFJFA establece con claridad que los magistrados están impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o empleo en la Federación, estados, Distrito Federal, municipios, organismos descentralizados, empresas de participación estatal o de algún particular, excepto los cargos o empleos de carácter docente y los honoríficos.

Se establece que los magistrados están impedidos para ejercer su profesión, salvo en causa propia. Tales prohibiciones emanan de los mandatos contenidos en el artículo 17 constitucional, en el que se garantiza la independencia de los tribunales y su imparcialidad, misma que es incompatible con el eventual desempeño, por jueces y magistrados, de empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza.

De acuerdo con expertos en materia constitucional consultados, esas prohibiciones se aplican a todos los empleos, cargos o comisiones, oficiales o particulares, independientemente de que sean ejercidos de manera directa o indirecta, y abarcan, asimismo, los casos excepcionales en que los servicios hipotéticamente pudieran realizarse en forma "simuladamente gratuita" o bajo una percepción económica deliberadamente insignificante.

El marco jurídico actual prohíbe tajantemente a los magistrados asumir cualquier vinculación o compromiso jurídico, formal o informal, laboral o profesional, civil o mercantil, que pueda erosionar ese blindaje constitucional a la administración de justicia, con el propósito de que satisfaga el requisito indispensable de la imparcialidad.

De ahí que si se comprueba que el magistrado Sánchez Hernández es asesor del IMSS viola el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y podría configurarse el delito de ejercicio indebido del servicio público, tipificado en el artículo 214, fracción I, del Código Federal Penal Federal.

Además, la transgresión al Estatuto Orgánico del TFJFA ameritaría el inicio del procedimiento para destituirlo.

Sánchez Hernández ha logrado hasta el momento sortear todos los señalamientos en torno a irregularidades en su gestión. Hizo caso omiso a llamados que formularon el Senado de la República y la Comisión Permanente. Parte de ello por la propia estructura del TFJFA y por el respaldo de panistas prominentes.

Se trata del tribunal encargado de resolver querellas de particulares en contra de todos los órganos del Estado, con juicios que representan alrededor de cien mil millones de pesos al año. En 2003 el TFJFA desahogó 89 mil 386 demandas en contra de la Secretaría de Hacienda y del IMSS, entre otros.