Ayer, el vicepresidente para América Latina del Banco Mundial (BM), David de Ferranti, realizó en Lima, Perú, una serie de declaraciones que implicarían, de concretarse en hechos, un cambio en las orientaciones y los modos de operación que han definido la actividad de las instituciones financieras internacionales durante, al menos, las últimas dos décadas.

De Ferranti afirmó que el BM y otros organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentran "listos y dispuestos" para apoyar una nueva política social en la región. Ciertamente, cabe dudar que el eventual viraje "social" del BM y de instituciones similares responda a una actitud solidaria frente a las ingentes necesidades de la población latinoamericana, golpeada severamente por las crisis recurrentes, el desempleo, la erosión de las expectativas de vida digna, las devaluaciones y demás lacras potenciadas por las políticas de ajuste neoliberal impuestas precisamente por el BM y el FMI a prácticamente todo el subcontinente. Por el contrario, este supuesto cambio estaría inscrito en el patente agotamiento del modelo actual, el llamado Consenso de Washington, y en la necesidad de los propios organismos multilaterales de apalancar su posición y sus inversiones en América Latina. La actitud del actual gobierno argentino, por ejemplo, de no volver a hipotecar el desarrollo social en aras de cumplir con la injusta y desmesurada deuda externa -posición avalada por el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, en el marco del Consenso de Buenos Aires- habría encendido los focos rojos en la banca internacional y motivado un realineamiento pragmático de las políticas de las instituciones financieras. En este contexto, las afirmaciones de De Ferranti serían la nueva carta del BM y del FMI: incidir en el desarrollo social de los países latinoamericanos -y no sólo en las cuestiones macroeconómicas-, a fin de prevenir la repetición, a escala generalizada, del caso argentino.

Con todo, siendo las formulaciones de De Ferranti, hasta el momento, meras promesas, resulta imperativo señalar que cualquier apoyo a los programas sociales de los gobiernos latinoamericanos tiene que incluir la reducción de la deuda externa -la cual es un obstáculo para el desarrollo- y el impulso decidido a la actividad productiva, a la generación de empleos, a la creación de infraestructura y a la competitividad de las economías regionales. La apertura de los sectores agrícolas de las naciones desarrolladas, por sólo poner un ejemplo, tendría que acompañar necesariamente a cualquier nueva aportación del BM y del FMI a América Latina, pues mientras subsistan las actuales asimetrías y los proteccionismos estadunidense y europeo, las exportaciones y los mercados internos de la región seguirán acotados y limitados.

De igual manera, todo apoyo de índole social debe enfocarse a revertir, en primer término, los peores efectos del neoliberalismo: la desigualdad extrema, la concentración de la riqueza en manos de las oligarquías, la corrupción y la entrega del patrimonio público a las empresas trasnacionales. Mientras no se corrijan tales problemas, los cuales mantienen atado el desarrollo social en América Latina, cualquier nuevo desembolso del BM o el FMI tendrá poco efecto y sólo engrosará el indeseable capítulo del endeudamiento externo. Así las cosas, convendría a los organismos financieros multilaterales pasar de la retórica a los hechos y explicar con claridad las características, los alcances y las exigencias inherentes a su supuesto viraje social, de tal forma que los gobiernos y los pueblos de la región puedan evaluar la pertinencia de recibir tales apoyos y, sobre todo, mantenerse alertas para que no se repita, con una nueva cara, la subordinación y la rendición ante el extranjero que han caracterizado, dolorosa y escandalosamente, a las políticas económicas del neoliberalismo en América Latina.