OBSERVATORI0 CIUDADANO DE LA EDUCACION

Comunicado No. 120

59 Legislatura y consensos

Imprescindible, la participación de la sociedad

CONVOCADO POR LA Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos (CEPSE) de la Cámara de Diputados, Observatorio participó en el foro Problemas Legislativos de la Educación, los días 26, 27 y 28 de febrero, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde presentó el documento Propuestas a la LIX Legislatura. El objetivo del foro, según se dijo, era "formular una serie de iniciativas de carácter legislativo, con la participación de los distintos actores de la educación, a fin de realizar las modificaciones necesarias para que las instituciones educativas públicas cuenten con un marco normativo más idóneo, que les permita tener recursos suficientes para cumplir con sus actividades sustantivas con mayor eficiencia, equidad y calidad". Observatorio desglosa en esta entrega un conjunto de propuestas cuyo sentido se fundamenta en la posibilidad de incorporar al trabajo legislativo propósitos que permitan garantizar el consenso entre actores parlamentarios y sus representados, el respeto y cumplimiento del proceso legislativo, el ejercicio estricto de funciones, la formulación y presentación juiciosa de proyectos, la rendición clara de cuentas, así como la consideración del artículo tercero constitucional como un esquema general que pueda guiar las discusiones en la materia.

DESDE LA PERSPECTIVA de Observatorio, y sin ánimo exhaustivo, lo que interesa subrayar es la necesidad de contar con un enfoque general para guiar el proceso de cambio legislativo que la CEPSE está sugiriendo. Para ello es necesario y conveniente partir de la revisión del artículo tercero constitucional hasta encontrar, mediante el consenso de las fracciones representadas en el Congreso, una formulación común satisfactoria. Sin ignorar los riesgos de la multitud de intereses diversos que puede desatar esa revisión, apreciamos que sólo a partir de esa base común, ampliamente debatida y consensuada en torno a los más grandes ideales de la educación mexicana con miras al futuro del país, es factible perfilar un esquema general de cambio legislativo. En consecuencia, la propuesta de Observatorio consiste en la revisión del contenido de la norma fundamental a largo plazo y en que dicha revisión se sustente en los siguientes principios: a) respeto al pluralismo, b) vocación federalista del Estado mexicano, c) acciones y políticas que aseguren el ejercicio del derecho a la educación y a una formación pertinente y de calidad, d) derecho a recibir educación a lo largo de toda la vida, y e) derecho a la participación social en la gestión educativa.

Propuestas

OBSERVATORIO PRESENTO en el foro un conjunto de propuestas, unas de carácter general y otras más puntuales. Entre las primeras destacaron las siguientes:

- LA REFORMA INTEGRAL del marco legislativo exige de los partidos representados en el Congreso un trabajo previo de "consenso en lo fundamental", lo que demanda una visión compartida sobre la naturaleza y los fines de la educación en México.

- LA CEPSE DEBE contar de manera permanente con un órgano auxiliar formado por especialistas que cumplan funciones de diagnóstico, registro de propuestas e iniciativas de la sociedad en materia normativa, sistematización de la legislación existente y diseño de iniciativas y reformas. También debe formular y establecer mecanismos expeditos y transparentes de comunicación social, que aseguren el diálogo con la sociedad civil. Debe procurar una conciencia más clara en la opinión pública sobre las razones en que descansan las propuestas de cambio, sus características, a quiénes implica y bajo qué formas.

- LA CEPSE DEBE difundir a la opinión pública las tareas específicas que cada uno de sus integrantes realiza en el seno de la comisión. Asimismo, debe propiciar la continuidad de esfuerzos de análisis y de presupuestos en las distintas comisiones de estudios.

- EL TRABAJO LEGISLATIVO en materia educativa debiera considerar no sólo una mirada fundada en controles, sino también en estímulos.

LAS PROPUESTAS específicas fueron:

- EN LO INMEDIATO, se debe trabajar en asegurar de forma permanente los recursos para que se cumpla con destinar 8 por ciento del PIB a la educación (Comunicado 90, 13/12/2002) y la obligatoriedad y gratuidad de tres años de prescolar, sin desatender las reformas necesarias en otros ámbitos para lograr esos objetivos.

- LA OBLIGATORIEDAD del nivel prescolar está generando exclusión social y presenta muchas limitantes. Antes de lanzar una ley debieron cubrirse las tasas de atención a la población del nivel por estado de la República y estudiarse otras formas de atención, así como alcanzarse la preparación profesional del personal que no cuenta con ella (Comunicado 103, 12/07/2003).

- ES INAPLAZABLE contar con una ley de educación superior. Así, convendría que los legisladores no asignarán fondos directamente a universidades y que no se soslaye el papel de las instancias que, bajo criterios y reglas de operación establecidos, han sido las encargadas de distribuir los recursos destinados a fondos generales; igualmente, en materia de ciencia y tecnología, es conveniente que se realice una eficiente y transparente distribución de fondos y se revise si está funcionando bien o no la política científica en el país (Comunicado 115, 17/01/2004).

- ANTE LA FALTA de nuevas regulaciones en materia de educación privada es necesario que se legisle en relación con sus procesos de certificación y se determine sobre qué base se otorga el reconocimiento de validez oficial. Se encuentra a debate el carácter social de las inversiones privadas en educación.

- TAMBIEN ES IMPORTANTE que se haga un seguimiento puntual del trabajo del Instituo Nacional de Evaluación Educativa y se apoye su consolidación como organismo con base técnica, sin la presencia de la SEP en su junta directiva.

Legislación educativa

DIFERENTES ASPIRACIONES, proyectos y soluciones que, a lo largo de la historia del México contemporáneo, han buscado resolver el reto de garantizar el derecho a la educación de todos los mexicanos, se ven reflejados en la legislación educativa. No obstante, aún son muchos los pendientes en materia de iniciativas educativas del Legislativo (Comunicado 101, 14/06/2003).

NO SOLO EN LA legislación secundaria son evidentes esos problemas. Aún en la norma fundamental, el artículo tercero constitucional, se manifiestan rezagos y anacronismos, no obstante las seis reformas de que ha sido objeto desde 1934. En primer lugar, el texto vigente de dicho artículo protege, exclusivamente, el derecho individual a recibir educación, pero omite garantizar el derecho de la sociedad a participar en la gestión del sistema educativo público en un texto en el que se establece la democracia como forma de vida. Tal derecho se circunscribe a la posibilidad de emitir opinión acerca de los planes y programas de estudio (fracción III). En segundo lugar, el mandato constitucional conserva el enfoque unitario del modelo político centralista que le dio lugar con el nombre de nacionalismo, a pesar de los avances en materia de federalismo y de reconocimiento al pluralismo cultural. En tercer lugar, los preceptos fundamentales de la norma mantienen un significativo grado de ambigüedad: la laicidad se mantiene definida sólo en sentido negativo ("ajena a cualquier doctrina religiosa") y la gratuidad se presta a confusiones en los niveles posbásicos de la educación pública.

ES TAMBIEN RELEVANTE hacer notar que en el artículo tercero no está definido el derecho a la alfabetización, el cual sólo encuentra alguna definición en el artículo segundo en lo que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas, pero no para la población en general.

VARIOS TEMAS QUE el desarrollo de la educación en México y el mundo han hecho aparecer como relevantes no encuentran todavía reflejo en el texto constitucional. Por señalar sólo algunos: la obligación del Estado de brindar educación en forma socialmente equitativa, relevante para la vida social y productiva, y de calidad académica; la obligación del Estado de llevar a cabo actividades sistemáticas de planeación, programación y evaluación para la constante mejora de la educación; la obligación del Estado de financiar el sistema educativo público mediante recursos fiscales suficientes y acordes a las necesidades de expansión y mejoramiento de la educación, entre otros.

PARA OBSERVATORIO, el enfoque general de cambio legislativo debe ser eminentemente constructivo, orientado por una visión compartida de México como sociedad educada, inspirado en principios de corresponsabilidad y coparticipación social en la tarea educativa, y articulado mediante un diseño normativo explícito y suficiente de atribuciones, competencias y jurisdicciones. Además, el texto constitucional debe dejar muy claro -en estos tiempos de globalización- las posibilidades y límites de participación de la inversión extranjera en educación, toda vez que, por efectos del marco normativo general del país, los tratados de libre comercio (los vigentes y los que se establezcan en el futuro) tienen un estatuto jurídico superior al de las leyes generales federales y estatales, lo que implica que, en materia de comercio internacional, lo que no está previsto en la Constitución o explícitamente convenido en los tratados, no puede ser restringido por normas inferiores.

FINALMENTE, SIGUIENDO los objetivos que perseguía el foro, Observatorio considera que deben construirse estructuras permanentes, eficaces y ágiles de diálogo entre los responsables de decidir y/o aprobar las políticas públicas relacionadas con el escenario de la educación y los organismos de la sociedad civil vinculados por su identidad y trabajo con ese bien social. Esperamos, en consecuencia, un informe público de los consensos y acuerdos que la 59 Legislatura construye, sobre la base de escuchar los reclamos de la sociedad mexicana en materia educativa.

Interrogantes

APARTE DE QUE HUBO pocos legisladores en ese foro, menos de 15 de un total de 30, a Observatorio le preocupa que algunas de las propuestas que se discutieron en las mesas no necesariamente se reflejaron en la lectura hecha por los relatores en la sesión plenaria. ¿A qué se debió esto? ¿Cómo se conformará la agenda educativa del Legislativo a partir de esta reunión? ¿Cuáles han sido las funciones ejercidas y los resultados logrados por los diversos grupos de estudio con que ya cuenta la 59 Legislatura? En caso de que exista la buena voluntad de los legisladores para discutir algunos de los puntos de la reunión, ¿habrá una reflexión hacia el interior de la Comisión sobre la propuesta de que el artículo tercero se constituya en un esquema guía de las discusiones sobre la educación en México? ¿Cómo conciliar esta prioridad nacional con el interés político y de grupo? ¿Cómo llegar a consensos y mantener diferencias entre partidos?

Todos los ciudadanos están cordialmente invitados a sumarse a nuestra iniciativa. Favor de enviar sus nombres con sus datos de localización e identificación al correo electrónico: