Miguel Concha

Informe sobre derechos sociales

Como parte de sus actividades, la semana pasada el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP (CDHFV), publicó un informe sobre el cumplimiento de seis derechos sociales hoy en México: alimentación adecuada, salud, vivienda, educación, trabajo y medio ambiente sano.

Se trata quizás del primer informe anual que emprende una organización civil de derechos humanos, desde la perspectiva de las obligaciones internacionales del Estado mexicano. En la introducción se afirma que de 1987 a 1998 el CDHFV publicó cada año un informe sobre los derechos a la vida, la integridad física y síquica, la libertad y la propiedad, señalando puntualmente los nombres de las víctimas, el sector social al que pertenecían, los presuntos responsables, las circunstancias en las que se produjeron las violaciones y las acciones u omisiones llevadas a cabo por las autoridades. Pero desde comienzos de la década pasada este tipo de informes vienen siendo realizados por muchas otras organizaciones, y desde luego por los organismos públicos de derechos humanos.

Con este informe, el CDHFV pretende llenar un vacío de información más sistemática y continua en el país sobre tales derechos, que permita además dar un mejor seguimiento y hacer una mejor evaluación de las políticas sociales, así como contribuir a un mejor conocimiento de la población respecto de sus derechos.

En el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, que el 8 de diciembre entregó el representante en el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) -el cual aún debe ser traducido en un programa nacional-, se advierte en efecto en varias ocasiones acerca de la dispersión y la desigual calidad en la información que sobre estos temas se da en nuestro país. Por ello se recomienda "apoyar y promover la creación de un grupo de expertos de diversos centros de educación superior, organizaciones sociales y civiles, y sector privado, que con el apoyo del sistema de Naciones Unidas en México elabore anualmente un informe independiente sobre el estado de la nación".

El informe del CDHFV pretende responder a ello desde una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas de la sociedad, y al mismo tiempo contribuir a un cambio en el diseño y ejecución de las políticas públicas: ya no exclusivamente con criterios sectoriales y de compensación, sino, como debe ser, con criterios de vulnerabilidad en el ejercicio de derechos.

En la introducción se explica que la investigación se desarrolló con un enfoque multidisciplinario, gracias al apoyo de expertos y académicos en el campo de los derechos de que trata el informe, y que se hizo un acopio cotidiano de fuentes bibliográficas y hemerográficas de noviembre de 2002 a noviembre de 2003. Se advierte, sin embargo, que este tipo de división cronológica no es la más acertada para los derechos sociales, pues sus violaciones son continuas y su cumplimiento está sujeto tanto a ejercicios presupuestales, como a la realización de políticas sociales. Por ello se tuvo igualmente en cuenta la información que al respecto proporcionan organismos públicos como el INEGI e instituciones oficiales como las distintas secretarías de Estado y la propia Presidencia de la República.

En su elaboración se partió de una definición clara del contenido de cada uno de los derechos, así como de los índices generales y específicos de cumplimiento por parte del Estado, elaborados por el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en México desde junio de 1981. Se tuvieron además en cuenta las observaciones finales, sugerencias y recomendaciones que dicho comité dirigió al gobierno mexicano el 2 de diciembre de 1999.

Luego de definir el perfil y analizar la situación de los sectores vulnerables (mujeres, niños, indígenas, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, enfermos por VIH-sida, etcétera), con el fin de poder detectar con mayor precisión el impacto que provoca en ellos la violación de sus derechos, se procuró realizar un entrecruzamiento del ejercicio de tales derechos, derivado de la interdependencia que tienen entre sí y con otros derechos. En las recomendaciones se tuvieron en cuenta las propuestas del diagnóstico del ACNUDH, y se hicieron algunas más puntuales. Este informe, que se quiere continuar cada año con una mejor metodología, que tome en cuenta la evaluación de políticas públicas elaboradas con el criterio de los derechos humanos, será presentado al público el próximo miércoles 31 de marzo, a las 22:30 horas, en la Sala 22 del Centro Universitario Cultural (Odontología 35, colonia Copilco Universidad)