Hoy declara Luege Tamargo ante la Fiscalía Electoral

Podría reactivarse caso contra Aboitiz por exceder los gastos de campaña

SUSANA GONZALEZ G.

La investigación que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) lleva a cabo desde octubre del año pasado contra Fernando Aboitiz Saro, jefe delegacional en Miguel Hidalgo, por haber rebasado en 423 mil pesos el tope legal en sus gastos de campaña, podría reactivarse este jueves con la comparecencia de José Luis Luege Tamargo, quien fue dirigente del PAN capitalino.

En caso de que Luege Tamargo, actual titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no se presente a declarar ante la Fiscalía para Asuntos Especiales (convertida en Fiscalía Electoral) de la PGJDF, ésta podrá dictar en su contra cualquier "medida de apremio" para que lo haga, toda vez que habrá incumplido cinco citatorios al respecto.

De acuerdo con el artículo 33 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el Ministerio Público puede hacer cumplir sus determinaciones con: una multa equivalente entre uno y 30 días de salario mínimo vigente, utilizar el auxilio de la fuerza pública o imponer un arresto hasta de 36 horas.

Antes de que estallaran los videoescándalos y la Procuraduría capitalina determinara iniciar tres averiguaciones previas contra el empresario Carlos Ahumada, la investigación contra Aboitiz Saro era la más importante que tenía a su cargo la Fiscalía para Asuntos Especiales.

En los dos meses anteriores, dicha fiscalía giró cuatro citatorios a Luege Tamargo para que declarara en torno a la denuncia presentada por el Instituto Electoral del Distrito Federal, pero hasta el momento el funcionario federal no ha atendido los requerimientos.

Sólo en la última ocasión Luege Tamargo respondió personalmente al citatorio de la PGJDF en una hoja sin membrete, en la cual solicitó "rendir declaración mediante oficio, previo interrogatorio por escrito que se me haga llegar".

Sin embargo, la petición de Luege Tamargo fue rechazada por la Fiscalía para Asuntos Especiales al argumentar que sólo los funcionarios de alto nivel podían declarar por escrito y ése no era su caso.