México D.F. Jueves 25 de marzo de 2004
Pide a diputados llegar a acuerdos para superar
impunidad e inseguridad en el DF
Niega Ebrard que Ahumada haya contribuido en asesoría
de Giuliani
Cuestionan opositores su papel de "operador político"
y "vocero" del jefe de Gobierno
RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO
Entre fuertes críticas a su responsabilidad de
prevenir la delincuencia, el secretario de Seguridad Pública, Marcelo
Ebrard Casaubón, rechazó, ante el pleno de la Asamblea Legislativa,
que el empresario argentino Carlos Ahumada haya aportado dinero para financiar
la asesoría de Rudolph Giuliani. Además convocó a
los diputados a llegar a acuerdos en torno a los temas que aún propician
la impunidad y la inseguridad en esta capital.
Los cuestionamientos de los diputados del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) fueron tanto por la percepción
ciudadana de que la inseguridad pública es cada día peor
como por su pasado priísta y su papel de "operador político"
y "vocero" del jefe de Gobierno capitalino, más que de responsable
de la policía de esta ciudad.
Durante
la sesión del pleno de la Asamblea Legislativa hubo llamados al
orden desde la presidencia de la Mesa Directiva, interpelaciones provenientes
de las curules, reclamos de los asistentes, aplausos de los acompañantes
del funcionario y las insistentes preguntas de los diputados acerca de
los videoescándalos.
La comparecencia de Ebrard comenzó cerca del mediodía.
Los legisladores de oposición fijaron su postura y desde ese momento
le llovieron las protestas. Arturo Escobar, del Verde, lo convocó
"realmente a empezar a trabajar y ocuparse del cargo que ostenta"; Jorge
García, del PRI, le pidió seguridad pública para todos
y sin excepciones, e Irma Islas, del PAN, criticó sus "medidas efectistas
y anuncios sensacionalistas".
Silvia Oliva, del PRD, reconoció que la percepción
de la ciudadanía es que lo hecho hasta ahora en materia de seguridad
pública es insuficiente, y convocó a los legisladores de
oposición a contribuir para la formación de un marco de respeto
a los derechos fundamentales de los capitalinos.
Después, Ebrard dispuso de media hora para exponer
sus avances; habló de la "ligera tendencia" a la baja en los índices
delictivos, del combate a la impunidad, las acciones de gobierno para atenuar
la pobreza, de aumento en las consignaciones de presuntos responsables,
y planteó modificaciones legales en la materia.
A saber: limitar las preliberaciones a aquellos que reparen
los daños y no sean reincidentes; encarcelar a los agentes del Ministerio
Público o jueces que no revisen detenidamente esos beneficios de
ley, y que se permita al Ministerio Público asegurar los
bienes de los secuestradores, sus familiares y allegados.
En la sesión de preguntas, la oposición
no dio cuartel, y le insistió en que detallara acerca del complot
o el ataque que podría suscitarse contra el jefe de Gobierno, pero
el funcionario no respondió. También le reprocharon su pasado
priísta y su papel en la situación previa al asesinato de
Luis Donaldo Colosio, a lo que Ebrard afirmó que en esos años
nunca hizo nada de lo que pudiera avergonzarse. De las quejas contra el
grupo Tigre dijo que se revisará su actuación y no
se solapará a quien cometa ilícitos.
Gabriela Cuevas, del PAN, criticó que esté
defendiendo más a Andrés Manuel López Obrador -en
el caso de los videos- que a los ciudadanos, lo cual rechazó el
jefe de la policía, quien reviró: "que el Cisen aclare su
participación en los hechos por todos conocidos".
Para cerrar esa sesión, Andrés Lozano, del
PRD, increpó a la oposición por enfocar sus baterías
a los escándalos políticos y no preocuparse por la seguridad
pública del DF, y hasta le echó en cara al coordinador del
PVEM, Bernardo de la Garza, que criticara a Ebrard en el pleno cuando es
el que más falta a los trabajos de las comisiones.
Al final de su comparecencia, se apareció en los
pasillos del recinto de Donceles y Allende Francisco de Paula León,
padre y abogado del ex legislador pevemista, Santiago León Aveleyra,
quien se reunió con el titular de la Contraloría General
de la ALDF para presentar pruebas de que este órgano legislativo
está siendo "utilizado para fabricarle" un ilícito a su hijo
con fin de restar peso a la acusación que vertió contra el
líder nacional del Verde, Jorge Emilio González Martínez.
Pruebas en mano, lanzó un llamado a la Comisión
de Gobierno para que no se deje engañar por los actuales diputados
del PVEM, pues no tiene sustento su acusación. Ahí, De Paula
León entregó el documento que en su tiempo Santiago León
envió a la entonces presidenta de la Comisión de Gobierno,
María de los Angeles Moreno, para pedirle que, con base en los manuales
vigentes, diera de alta a su hermano, quien recibió tratamiento
médico, cuyo pago después se solicitó que fuera rembolsado
con recursos de la Asamblea.
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