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México D.F. Jueves 25 de marzo de 2004

Pide a diputados llegar a acuerdos para superar impunidad e inseguridad en el DF

Niega Ebrard que Ahumada haya contribuido en asesoría de Giuliani

Cuestionan opositores su papel de "operador político" y "vocero" del jefe de Gobierno

RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

Entre fuertes críticas a su responsabilidad de prevenir la delincuencia, el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard Casaubón, rechazó, ante el pleno de la Asamblea Legislativa, que el empresario argentino Carlos Ahumada haya aportado dinero para financiar la asesoría de Rudolph Giuliani. Además convocó a los diputados a llegar a acuerdos en torno a los temas que aún propician la impunidad y la inseguridad en esta capital.

Los cuestionamientos de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron tanto por la percepción ciudadana de que la inseguridad pública es cada día peor como por su pasado priísta y su papel de "operador político" y "vocero" del jefe de Gobierno capitalino, más que de responsable de la policía de esta ciudad.

ebrard_comparece_aldfDurante la sesión del pleno de la Asamblea Legislativa hubo llamados al orden desde la presidencia de la Mesa Directiva, interpelaciones provenientes de las curules, reclamos de los asistentes, aplausos de los acompañantes del funcionario y las insistentes preguntas de los diputados acerca de los videoescándalos.

La comparecencia de Ebrard comenzó cerca del mediodía. Los legisladores de oposición fijaron su postura y desde ese momento le llovieron las protestas. Arturo Escobar, del Verde, lo convocó "realmente a empezar a trabajar y ocuparse del cargo que ostenta"; Jorge García, del PRI, le pidió seguridad pública para todos y sin excepciones, e Irma Islas, del PAN, criticó sus "medidas efectistas y anuncios sensacionalistas".

Silvia Oliva, del PRD, reconoció que la percepción de la ciudadanía es que lo hecho hasta ahora en materia de seguridad pública es insuficiente, y convocó a los legisladores de oposición a contribuir para la formación de un marco de respeto a los derechos fundamentales de los capitalinos.

Después, Ebrard dispuso de media hora para exponer sus avances; habló de la "ligera tendencia" a la baja en los índices delictivos, del combate a la impunidad, las acciones de gobierno para atenuar la pobreza, de aumento en las consignaciones de presuntos responsables, y planteó modificaciones legales en la materia.

A saber: limitar las preliberaciones a aquellos que reparen los daños y no sean reincidentes; encarcelar a los agentes del Ministerio Público o jueces que no revisen detenidamente esos beneficios de ley, y que se permita al Ministerio Público asegurar los bienes de los secuestradores, sus familiares y allegados.

En la sesión de preguntas, la oposición no dio cuartel, y le insistió en que detallara acerca del complot o el ataque que podría suscitarse contra el jefe de Gobierno, pero el funcionario no respondió. También le reprocharon su pasado priísta y su papel en la situación previa al asesinato de Luis Donaldo Colosio, a lo que Ebrard afirmó que en esos años nunca hizo nada de lo que pudiera avergonzarse. De las quejas contra el grupo Tigre dijo que se revisará su actuación y no se solapará a quien cometa ilícitos.

Gabriela Cuevas, del PAN, criticó que esté defendiendo más a Andrés Manuel López Obrador -en el caso de los videos- que a los ciudadanos, lo cual rechazó el jefe de la policía, quien reviró: "que el Cisen aclare su participación en los hechos por todos conocidos".

Para cerrar esa sesión, Andrés Lozano, del PRD, increpó a la oposición por enfocar sus baterías a los escándalos políticos y no preocuparse por la seguridad pública del DF, y hasta le echó en cara al coordinador del PVEM, Bernardo de la Garza, que criticara a Ebrard en el pleno cuando es el que más falta a los trabajos de las comisiones.

Al final de su comparecencia, se apareció en los pasillos del recinto de Donceles y Allende Francisco de Paula León, padre y abogado del ex legislador pevemista, Santiago León Aveleyra, quien se reunió con el titular de la Contraloría General de la ALDF para presentar pruebas de que este órgano legislativo está siendo "utilizado para fabricarle" un ilícito a su hijo con fin de restar peso a la acusación que vertió contra el líder nacional del Verde, Jorge Emilio González Martínez.

Pruebas en mano, lanzó un llamado a la Comisión de Gobierno para que no se deje engañar por los actuales diputados del PVEM, pues no tiene sustento su acusación. Ahí, De Paula León entregó el documento que en su tiempo Santiago León envió a la entonces presidenta de la Comisión de Gobierno, María de los Angeles Moreno, para pedirle que, con base en los manuales vigentes, diera de alta a su hermano, quien recibió tratamiento médico, cuyo pago después se solicitó que fuera rembolsado con recursos de la Asamblea.

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