Diputados autorizan privatización de la cadena RAI

Aprueban en Italia ley que protege el imperio mediático de Berlusconi

AFP

Roma, 24 de marzo. Los diputados italianos aprobaron hoy la llamada ley Gasparri, que reforma el sistema audiovisual de Italia y protege el imperio televisivo del primer ministro y ex magnate de las comunicaciones, Silvio Berlusconi.

Los diputados italianos votaron en favor del nuevo proyecto de ley, preparado por el gobierno de derecha, rechazado por inconstitucional a finales del año pasado por el presidente de la república, Carlo Azeglio Ciampi.

El texto fue aprobado por 311 votos en favor y 246 en contra, y deberá ser sometido próximamente al Senado, donde la coalición gubernamental goza de una cómoda mayoría.

La oposición denunció el decreto por favorecer la concentración de los medios de comunicación en las manos de unas cuantas personas, en particular de Berlusconi, actual primer ministro.

La ley en vigor prohibía que una misma persona fuera dueña a la vez de canales de televisión y de diarios y revistas. La nueva ley levanta esa prohibición a partir de 2010, lo que ha desatado las críticas.

"Una pésima ley, que reduce el pluralismo en la televisión, acaba de ser aprobada", denunció Piero Fassino, secretario general del mayor partido de la oposición, Democráticos de Izquierda (DS).

La aprobación de la ley fue bien recibida por el mercado. El título Mediaset, la empresa de telecomunicaciones de Berlusconi, ganó inmediatamente un punto en la bolsa de Milán.

Se hicieron algunas correcciones al proyecto de ley en el campo de los espacios publicitarios para impedir abusos en el sector.

Con la reforma se aprueba también la privatización parcial de la célebre y poderosa televisión pública, la Radio y Televisión Italiana (RAI), fuerte competencia de las tres cadenas de televisión privadas de Berlusconi, Italia 1, Canale 5 y Rete 4, quien es dueño también de la mayor agencia de publicidad del país, Publitalia; de la casa editorial Mondadori, y de la distribuidora de filmes Medusa.

El proyecto de reforma suscitó divisiones incluso entre la coalición del poder, que protestó por algunas de las enmiendas.