Eduardo R. Huchim

El dinero de los partidos

Han quedado atrás los tiempos en que el dinero público financiaba a un solo partido político. Sucesivas reformas legales permitieron que los recursos del erario fluyeran a todos los partidos e incluso se dispuso que el financiamiento público tuviera primacía sobre el privado, con el claro propósito de evitar que el poder económico pudiera vincularse y quizá absorber al político.

El flujo del dinero público a los partidos ocasionó que en uno de ellos se produjera una grave escisión entre quienes creían que ello corrompería a su partido y entre quienes sostenían que se requerían esos recursos si se deseaba tener posibilidades reales de conquistar el poder. Hoy ese partido, Acción Nacional, está formalmente en el poder y el Presidente postulado por los panistas ha firmado una iniciativa de reforma electoral cuyo contenido habrá de ser tema de debate en el Congreso de la Unión, lo mismo que habrá de serlo otra iniciativa, ésta procedente de tres partidos representados en la Cámara de Diputados: Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Convergencia.

La coincidencia de iniciativas sobre la misma materia ha despertado suspicacias en los dos ámbitos promotores, particularmente en lo concerniente a la paternidad de las reformas, pero si prevalecen la buena fe y la voluntad política la vertiente natural sería que una propuesta enriqueciera a la otra.

Si bien existen aspectos sin duda polémicos -como la unificación de calendarios electorales-, ambas iniciativas proponen importantes reformas que impactarían un amplio conjunto de aspectos del universo electoral mexicano. Me propongo detenerme en uno solo: el financiamiento.

Desde distintos segmentos de la sociedad se han cuestionado repetidamente los montos del financiamiento público a los partidos políticos, que en 2003 ascendió, en el ámbito federal, a 4 mil 800 millones de pesos en números redondos, incluyendo lo correspondiente a campañas y actividades ordinarias permanentes. ƑCuánto son 4 mil 800 millones de pesos? Desde luego es mucho dinero. Quizá los datos comparativos que aparecen en el cuadro ayuden a dimensionar esa cantidad.

Es decir, el dinero que en conjunto recibieron en 2003 del Instituto Federal Electoral los partidos políticos fue superior al presupuesto asignado a ramos tales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, el Senado, Gobernación, Relaciones Exteriores, etcétera. Es evidente, entonces, el gran tamaño del financiamiento público federal, al que debe agregarse el que los partidos reciben de los órganos electorales de las entidades federativas y el financiamiento privado, que por ley no puede superar ni acercarse al monto del público.

La desmesura de esas cantidades puede juzgarse con precisión si se tiene en cuenta que en las elecciones intermedias de 2003 sólo se eligieron diputados federales. En esos comicios los partidos gastaron más que en los de 2000 (3 mil millones de pesos contra 4 mil 800 millones), cuando no sólo se eligieron diputados, sino también senadores y Presidente. En términos nominales, la diferencia fue de 61.3 por ciento y en términos reales de 34.4

Tiene plena justificación, pues, la intención -coincidente en ambas iniciativas- de reducir el financiamiento público a los partidos políticos, los cuales reciben, adicionalmente, otros montos por las llamadas actividades específicas, además de sus prerrogativas en radio y televisión.

Debo decir que los partidos no han sido insensibles a las críticas por las elevadas cifras que alcanza su financiamiento público. Ha habido pronunciamientos de importantes dirigentes y militantes que han coincidido en la conveniencia de reducir los enormes montos actuales. La iniciativa presidencial plantea reducir en 50 por ciento el financiamiento para campañas en año de elecciones intermedias, lo cual coincide con propuestas legislativas anteriores en el mismo sentido, y pienso como ejemplo en la que presentaron en marzo de 2002 los senadores Jorge Zermeño Infante, del PAN; Demetrio Sodi de la Tijera, del PRD, y Antonio García Torres, del PRI.

En las iniciativas dadas a conocer hace algunos días existe también la propuesta de suprimir los secretos bancarios y fiscal en las cuentas de los partidos como una manera de fortalecer las tareas de fiscalización de los órganos electorales. De aprobarse, esta última reforma sería de transcendental importancia para la tarea fiscalizadora, pero el espacio no alcanza para abordarla en esta ocasión.

Dinero entregado a los partidos en 2003

Ramos con presupuesto inferior al de los partidos