La fiscalía no pidió acción penal contra Amigos de Fox

Solicitan amparo contra resolución de la Fepade

ALFREDO MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

Pablo Gómez Alvarez, diputado federal perredista, y Jaime Cárdenas Gracia, ex consejero electoral, presentaron ayer sendas demandas de amparo ante la justicia federal contra la resolución de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) de no solicitar el ejercicio de la acción penal contra el presidente Vicente Fox y otras personas, a quienes los quejosos acusan de realizar operaciones ilícitas para financiar la campaña electoral del panista en el año 2000.

Las demandas de garantías fueron presentadas por separado en la oficialía de partes del Palacio de Justicia de San Lázaro, las cuales fueron turnadas al juzgado segundo de distrito B de amparo en materia penal. En el transcurso de esta semana el juez Miguel Angel Rodríguez García determinará si las acepta para su posterior desahogo o si las desecha por improcedentes.

Tanto Gómez Alvarez como Cárdenas Gracia pretenden que si son admitidos ambos recursos (que de ocurrir así podrían acumularse en un expediente para que sea más fácil su análisis), al final de los juicios de amparo la autoridad judicial ordene a la Fepade volver a realizar las investigaciones contra integrantes de Amigos de Fox, entre ellos Lino Korrodi, Carlota Robinson, Carlos Antonio Rojas Magnon y Marcelo de los Santos Fraga.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Gómez Alvarez explicó que al demandar la protección de la justicia federal se pretende que un juez ordene al agente del Ministerio Público adscrito a la Fepade reabrir la averiguación previa y realizar las diligencias que no llevó a cabo.

Asimismo, agregó: "esperamos que el juez al que se le asigne el caso proceda inmediatamente y al final del camino le ordene esas dos acciones al agente del Ministerio Público, para que ya no favorezca a los denunciados por el caso Amigos de Fox".

En su recurso, Pablo Gómez argumentó que el no ejercicio de la acción penal, establecido el 14 de noviembre de 2003, violó los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución, porque el agente adscrito por la Fepade "no sólo abandonó irresponsablemente la investigación, dejando de allegarse elementos tan importantes como la sanción del Instituto Federal Electoral (IFE), sino que además no valoró las pruebas concentradas en el expediente".

Además, señaló, restó valor probatorio a las que acreditaron el delito electoral, pero en cambio sí les concedió valor pleno a las declaraciones de los involucrados en el financiamiento mediante Amigos de Fox, "que jamás fueron soportadas en ningún fundamento legal".

También, dijo, aplicó analógicamente la ley "para salvar a los denunciados y dejar de aplicar correctamente el derecho", con el argumento de que la ilicitud de los recursos sólo puede darse cuando éstos provengan de actividades ilícitas así declaradas y sentenciadas.

Por su parte, el ex consejero del IFE Jaime Cárdenas informó en entrevista, después que presentó su demanda, que la investigación del Ministerio Público Federal no cumplió todas las diligencias requeridas, debido a que no llamó a declarar al presidente Vicente Fox ni analizó constancias sobre los donativos del extranjero que recibió Amigos de Fox, por 70 millones de pesos.

En el expediente, añadió, están incluidas operaciones bancarias que la representación social tampoco consideró, como el salario que percibía el entonces candidato presidencial de la asociación Amigos de Fox.

"Pareciera que la PGR está protegiendo o encubriendo a Fox. Es una procuraduría subordinada al Presidente de la República", acusó.

Finalmente, precisó que "la demanda está sustentada en el artículo 406 del Código Penal Federal, el cual establece que es delito electoral que el candidato utilice, a sabiendas, fondos provenientes de actividades ilícitas, pero la PGR dice 'sí, pudieron ser ilícitas, pero deben ser ilícitas de carácter penal'. Eso no lo especifica el Código Penal, pero sí que es delito el uso de recursos ilícitos de un candidato, como lo fue Fox, a la Presidencia de la República".