El Congreso de la Unión debe atender esta semana un proyecto de reforma electoral elaborado por el Ejecutivo federal y cotejarla con la propuesta de modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que se prepara en el seno del propio Legislativo y que, a decir de diputados opositores, contiene todos los aspectos importantes de la iniciativa presidencial más otros no previstos en ella, y cuenta con el aval del conjunto de las fuerzas políticas registradas, incluido el PAN. Más allá de desencuentros coyunturales y formales, como el pretendido madruguete del gobierno al grupo plural de legisladores o la inutilidad de intervenir por dos vías -la de la fracción parlamentaria panista y la de la propia Presidencia-- en la reforma electoral, debe saludarse la existencia de condiciones propicias para aprobar, por consenso, las adecuaciones legales imprescindibles en la actual circunstancia del país.

Sería por demás ingenuo sostener, a estas alturas, que el tránsito nacional a la plena democracia se consiguió con la alternancia partidaria en la titularidad del Ejecutivo federal, lograda hace casi cuatro años. Ciertamente, la llegada a la Presidencia de la República de un candidato no priísta fue un hito de gran importancia en el desarrollo político de México, pero ese hecho no se tradujo en una normalidad institucional intachable, y no habría tenido por qué ser así. Muchas de las enormes deficiencias del sistema representativo previas a 2000 siguen vigentes hoy en día, y a ellas hay que agregar los nuevos problemas derivados de la creciente irrupción de intereses económicos en el ámbito de la gestión partidaria. Este fenómeno, que no es exclusivo de nuestro país, ha impreso un alarmante e inaceptable sentido mercantil a la acción política y ha acentuado la corrupción en las formaciones partidarias y en muchos de sus dirigentes. Otro fenómeno nacional y mundial preocupante y nocivo es la persistente pérdida de identidad ideológica de los partidos en general, su corrimiento al centro y su obsesión por remplazar el análisis y la práctica política por instrumentos propios de la mercadotecnia, la publicidad y la imagen corporativa. En esa perversión se manifiesta la tendencia general de las sociedades a instaurar el comercio como patrón y referente único de los vínculos sociales, tendencia que no sólo distorsiona la política, sino también otras relaciones humanas: la información, la religión y los lazos afectivos, familiares y sexuales, todos los cuales acaban volviéndose objetos de compraventa.

El país requiere, en la época presente, de una legislación que resuelva los defectos históricos de su sistema de representación, como la grave desigualdad de los partidos en el acceso a los medios -especialmente los electrónicos-, los tiempos y los gastos excesivos en las campañas y la regulación financiera de las precampañas; pero necesita, asimismo, de instrumentos legales para impedir el flujo de dineros corruptos y corruptores a dirigentes y candidatos, así como de disposiciones para evitar la proliferación de membretes partidistas que esconden negocios pingües a expensas del erario. Con todo, el desafío principal de los legisladores consiste en idear fórmulas legales que garanticen la representación, por parte de los partidos, de posturas ideológicas definidas y singulares y de programas de gobierno, plataformas y propuestas concretas para enfrentar los problemas nacionales. De otro modo, los institutos partidarios acabarán volviéndose marcas comerciales, empaques llamativos y productos orientados no a la ciudadanía sino al mercado, no a los votantes, sino a los consumidores.

Finalmente, la erradicación de la corrupción en la política pasa necesariamente por la formulación de leyes que conviertan en delito lo que hoy es mera inmoralidad y que refuercen la fiscalización y la transparencia en el manejo de los recursos. Pero eso no basta. Se requiere, además, que los políticos mismos recuperen la dignidad de su oficio y entiendan que éste no es el ámbito correcto para hacer negocios personales o de facción.