Para pagar deuda que el instituto heredó del Fobaproa, 136,215 millones de pesos

En cuatro años se han destinado al IPAB recursos fiscales por $193,510 millones

En 2003 el Congreso le autorizó 4 mil 532 millones y éste solicitó 2 mil 188 millones más

ROBERTO GARDUÑO

Los informes de finanzas públicas y los presupuestos de egresos de la Federación de los pasados cuatro años revelan que se han destinado recursos fiscales al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por 193 mil 510 millones de pesos. De esa cifra, 136 mil 215 millones han servido para pagar la deuda que el instituto heredó del Fobaproa y del fracasado rescate bancario; el resto, 57 mil 295 millones, se han inyectado a los programas de apoyo a deudores.

En este último rubro el costo fiscal estimado por las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el año 2000 fue de poco más de 17 mil millones de pesos que deberían ser solventados en un plazo de cinco años; no obstante, e inexplicablemente a la fecha ya se han destinado más de 57 mil millones de pesos, al grado que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 se registró un incremento de 6 mil 645.1 millones de pesos.

Entre las incongruencias detectadas en el ejercicio fiscal de 2003 se encuentra documentada la siguiente: el IPAB registró como pasivo (deuda) originada por el programa de apoyo a deudores 4 mil 532 millones de pesos; sin embargo, solicitó recursos a la Cámara de Diputados, vía el Presupuesto de Egresos, una partida por 6 mil 720 millones de pesos. Es decir, 2 mil 188 millones de pesos más.

Lo mismo ocurrió en 2002 cuando reportó un pasivo por el concepto referido calculado en 4 mil 788 millones de pesos y solicitó recursos presupuestarios para este programa por 16 mil 884.5 millones de pesos. Destaca que para 2004 la deuda del IPAB por el rubro en cuestión será de 4 mil 300 millones de pesos y en presupuesto de egresos se asignaron al programa de apoyo a deudores de la banca 13 mil 365 millones de pesos.

Los programas de apoyo a deudores prácticamente concluyeron en 2000 con el programa Punto Final, y a la fecha no existe una argumentación que explique el incremento registrado a la fecha.

La diputada del PRD Minerva Hernández manifestó que ante el inexplicable manejo de recursos públicos, "la información disponible hasta el momento sugeriría que durante 2003 se pudieron haber incluido restructuras y quitas a ciertos grupos de deudores sin el conocimiento público. Además, tanto la venta de activos realizada por el IPAB como la recuperación de cartera han sido muy inferiores a lo programado originalmente; de hecho, se estima que por cada peso en posibilidad de recuperar, el IPAB sólo obtiene 15 centavos".

En 1995 tras estallar la crisis financiera, las autoridades hacendarias utilizaron el Fobaproa como instrumento para iniciar el rescate bancario. Se respaldaron los depósitos de los ahorradores y se salvaguardó el acuerdo presidencial del 5 de septiembre de 1990, que manifestaba que la banca debería quedar en manos de mexicanos.

Por el contrario, en el informe del auditor Michael Mackey se especificó que el Fobaproa no fue un instrumento diseñado para rescatar bancos ni tenía los recursos necesarios para enfrentar una crisis de tal magnitud. Esto originó que desde su inicio no se contara con un mecanismo eficiente para sostener el rescate bancario.

De tal forma, el Fobaproa diseñó programas de apoyo a los deudores y a los bancos. Del primero se desprenden los de apoyo para los deudores de la banca, acuerdo para el financiamiento del sector agropecuario y pesquero, apoyo financiero y fomento a la micro, pequeña y mediana empresa; beneficios adicionales a los deudores de créditos para vivienda; apoyo para deudores de créditos de vivienda, y beneficios adicionales a la planta productiva y Punto Final.

Estos programas disminuyeron el servicio de la deuda mas no el saldo, lo anterior provocó que dada la situación económica del país, los deudores tampoco pudiesen cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo con la introducción de las unidades de inversión (Udi) el problema se agravó porque la deuda, al quedar denominada en Udi, se indizó a la inflación, lo que no ha sucedido con el ingreso de las personas, de esta manera las deudas se actualizaron a su valor real y los ingresos decrecieron en términos reales.

El informe Mackey señaló en su momento que el costo fiscal de esos programas hubiese sido menor si estos apoyos se hubieran entregado a los deudores de manera directa y no por medio de las instituciones bancarias.