Comerciantes denuncian violaciones a sus derechos

Autoridades del Metro analizarán reubicación de vendedores ambulantes

LAURA GOMEZ FLORES

El Sistema de Transporte Colectivo (STC)-Metro informó que el comercio ambulante en el interior de sus instalaciones será erradicado, aunque se analizará de manera conjunta con los más de 10 mil vendedores con presencia en la red la formalización de su actividad mediante la adquisición de algún local u otras alternativas, luego de la manifestación realizada ayer por más de 200 vagoneros.

Con cartulinas donde exigían respeto a su labor y cese a las vejaciones, robo de mercancía y acoso sexual contra mujeres y niños por parte de elementos de vigilancia y de policías auxiliares adscritos a la red, se apostaron a las afueras del edificio del Gobierno del Distrito Federal para exigir una reunión con la directora del STC-Metro, Florencia Serranía Soto, quien, dijeron, "se negó a escucharnos".

La espera fue larga y al final obtuvieron el compromiso de que el lunes, si su agenda lo permite, la funcionaria los recibirá y escuchará sus demandas, aunque el subdirector general Jurídico y de Seguridad Institucional del organismo, Alfonso Suárez del Real, les hizo ver la imposibilidad de que continúen vendiendo sus productos en los vagones sin ser remitidos a un juzgado cívico.

"No se trata de quitarles su fuente de ingresos sino de respetar la normatividad vigente, que establece la prohibición del ambulantaje en cualquiera de sus formas, pues se trata de instalaciones de alta seguridad, y por ello la determinación de reforzar la vigilancia, principalmente en las correspondencias y líneas de alta afluencia, para garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios", argumentó.

En una reunión que sostuvo con los inconformes, Suárez del Real reconoció que las consignaciones ante los juzgados cívicos van en aumento, pero no existe ninguna denuncia formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal donde se acredite violación de las garantías constitucionales de los vendedores".

La adquisición de algunos de los locales comerciales existentes mediante su integración en grupos solidarios y la posibilidad de acceder a los créditos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Económico, fue una de las propuestas que se hizo a la gente representada por David Arévalo Méndez, quien la calificó de "inaccesible por el alto costo de sus rentas y lo elitista de los giros establecidos".

Así que los integrantes de las 25 asociaciones civiles, que se conformarán en breve en una federación de vagoneros y comerciantes de andenes y paraderos, "tendremos que seguir evadiendo los encierros de 13 horas de que somos sujetos al no pagar una multa de 80 pesos por cada remisión, y cubrir las cuotas que nos imponen los vigilantes para dejarnos un rato en paz, que van de cinco a 10 pesos", señaló.

Precisó que "no estamos pidiendo limosna a las autoridades sino el reconocimiento de la actividad ejercida por estos grupos de comerciantes desde el inicio de operaciones del Metro, con el fin de acabar con las vejaciones, acoso y extorsiones de que somos objeto diariamente, sin importar condición física, edad o sexo. Vamos a asistir el lunes a la reunión, y en caso de no obtener solución haremos valer nuestra voz".