México D.F. Sábado 20 de marzo de 2004
Señala la posible existencia de un círculo
amplio, que encubre también a los otros prófugos
Hay evidencias de que el jefe Diego protege
a Ahumada: Bátiz
El propio Fernández de Cevallos dijo en televisión
que ayuda al empresario, recuerda
Considera que el senador panista lo asesora para evadir
a las autoridades judiciales
SUSANA GONZALEZ G.
El titular de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz, señaló
que el senador panista Diego Fernández de Cevallos protege al empresario
Carlos Agustín Ahumada Kurtz, e inclusive lo ayuda para que no se
presente ante las autoridades judiciales que lo requieren.
"No necesito ofrecer pruebas, él lo dijo públicamente
en la televisión, donde en forma enfática, terminante, señaló:
'yo lo voy a ayudar hasta donde pueda, dentro de la ley, y me firmó
un papel'. Y lo ha estado ayudando. ¿Para qué revisó
los videos? Para apoyarlo, para asesorarlo. ¿En qué consiste
esa ayuda? No lo ha aclarado, pero lo está haciendo", sostuvo el
procurador.
En entrevista con este diario, Bátiz Vázquez
señala: "que Fernández de Cevallos no nos dé en qué
pensar. Tenemos que considerar la posibilidad de que él lo esté
protegiendo, ayudando a que no se presente ante las autoridades".
Recordó
que, también en televisión, el senador panista admitió
haber conocido los videos que inculpan a perredistas en actos de corrupción,
antes de ser difundidos.
"El obtuvo del mismo Ahumada un compromiso de decir la
verdad y de ponerlos a disposición de las autoridades, cosa que
no hizo, porque su denuncia ante la Procuraduría General de la República
(PGR), el 20 de febrero, es un escrito sin anexos. No hubo ninguna información
de que se hubieran puesto a disposición de la autoridad, a nosotros,
que somos la autoridad competente. Hemos obtenido los videos de las televisoras,
no de Ahumada".
La PGJDF no requiere investigar más sobre la identidad,
historia y antecedentes de Carlos Agustín Ahumada Kurtz, propietario
del Grupo Quart, acusado de fraude por 31 millones de pesos por obras inconclusas
en la delegación Gustavo A. Madero. Tampoco necesita saber más
sobre sus relaciones con otros políticos, más allá
de los del PRD, porque las pruebas que ha recabado en su contra son suficientes
para encarcelarlo.
Aun así, el titular de la PGJDF considera que tener
más datos del empresario prófugo, supuestamente de nacionalidad
argentina, podría ser útil para determinar si está
ligado con otros posibles ilícitos. Pero la principal dificultad
que enfrenta la dependencia, reconoce, es localizarlo.
Por eso insiste en suponer que tanto Ahumada Kurtz como
Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino,
también implicado en el millonario fraude y además acusado
de enriquecimiento ilícito, están siendo protegidos; recuerda
que la responsabilidad de buscarlos no sólo recae en la PGJDF sino
que desde hace unos días también es compartida por la Procuraduría
General de la República, una vez que ésta inició una
investigación por lavado de dinero.
Señaló que, también en televisión,
el panista admitió conocer los videos antes de ser difundidos.
¿Cuántos más?
Bernardo Bátiz admite que en las tres averiguaciones
previas iniciadas por la PGJDF, donde el denominador común es Ahumada
Kurtz, ya se incluyen los nombres de políticos que no sólo
son del PRD ni del ámbito local, pues además del caso de
Fernández de Cevallos también están los señalamientos
contra dos funcionarios del gobierno federal: el delegado del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el Distrito Federal,
José Luis Valles, citado a declarar ayer, y el agente del Ministerio
Público de la PGR que se hizo cargo de recibir y ratificar -el mismo
día- la denuncia por extorsión presentada por el empresario
hoy prófugo, en el hotel Presidente Intercontinental.
¿Hacia dónde apunta la investigación?¿Cuántos
testigos, implicados o sospechos -del PRD, del gobierno capitalino o de
otros partidos- serán llamados a declarar? El procurador no lo sabe.
La madeja sigue desenrollándose, pero dice que prácticamente
"todos los días tenemos algún citado", pues de la declaración
de uno salen nuevos indicios y citatorios, porque la averiguación
previa "no ha parado. Hemos tomado declaraciones a muchas personas, funcionarios
de diversos niveles. Estamos en camino de ahondar en la investigación,
pero todo requiere su tiempo, no podemos tomar todas las declaraciones
al mismo tiempo. Unas llevan a otras. A todos los que les resulte cita,
como dicen los agentes del Ministerio Público, los vamos a llamar".
Por ello, otras delegaciones, como Tláhuac y Alvaro
Obregón, también son investigadas, pero evita revelar si
otros políticos y demarcaciones también están implicados,
al tiempo que rechaza de manera contundente que se hayan encontrado más
videos comprometedores, como los que exhibieron a René Bejarano
y Carlos Imaz recibiendo dinero de Ahumada Kurtz.
Asegura que la PGJDF tampoco ha encontrado videocintas
sobre campañas políticas federales o locales, o bien sobre
la inauguración de obras patrocinadas en las instalaciones del Grupo
Quart cateadas, ni en la empresa Croma, en avenida Revolución, donde
se editaban los videos de Ahumada, ni en el domicilio de Alejandro Balderas,
ex socio del empresario y quien murió hace unos días, aparentemente
al caerse de una escalera en su casa de Naucalpan. Si dichos videos existieron,
"si los hubo, nosotros ya no los encontramos", puntualiza.
Los videos alertaron a culpables
Para el procurador Bátiz la difusión por
televisión del video que exhibe a Ponce en el casino de un hotel
de Las Vegas permitió que escapara, como también lo hicieron
los otros funcionarios de la Secretaría de Finanzas y de la delegación
Gustavo A. Madero implicados en el fraude, quienes hasta el momento, como
Ahumada Kurtz, se encuentran prófugos.
"El hecho de que (los videos) primero se hayan puesto
a la vista de todos en un programa con audiencia muy alta advirtió
a los posibles responsables.
"Nosotros hubiéramos preferido que, aun cuando
quien tenía los videos quisiera exhibirlos, primero nos hubiera
avisado para tomar las medidas que fueran necesarias", toda vez que "nuestra
investigación apuntaba hacia los ahora desaparecidos", argumentó.
Desde entonces, ningún indicio seguro han obtenido
la PGR a escala nacional, ni la PGJDF en el ámbito de la capital,
sobre el paradero de los cinco prófugos. Por lo menos no en los
círculos de amigos y familiares, donde suelen refugiarse los presuntos
delincuentes.
"Eso quiere decir que hay un círculo más
amplio", y esa es la dificultad principal que enfrenta hoy el Ministerio
Público local: "la sospecha de una protección", puntualiza.
Bátiz admite que el de los videoescándalos
es "un caso muy complicado" para la PGJDF, pero acota que no por ello es
más grave que otros que han requerido gran esfuerzo y mucho cuidado
de la dependencia en los tres años que lleva al frente de la procuraduría
capitalina.
Al respecto, se refiere a la investigación sobre
la muerte de Digna Ochoa y a la del multihomicidio en Tlalpan.
"Es el más grave porque lo estamos viviendo en
este momento; es grave porque tiene relación con un problema de
fondo de la sociedad, que es la corrupción, y tiene relación
con algo que el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador,
ha considerado como un asunto clave de su gobierno, el combate a la corrupción,
y esos elementos le dan al asunto un cariz especial, pero los otros que
mencioné fueron en su momento tan importantes como éste".
Otra diferencia es que las indagatorios relacionadas con
Ahumada llegan en un momento en que el equipo de la PGJDF está más
consolidado, preparado y capacitado, y tras un trienio de trabajo "encontramos
los frutos de esa cohesión y coordinación para enfrentar
el caso".
Las pruebas del complot no vienen de la PGJDF
Frente a las críticas de políticos y legisladores
de oposición que dudan de su imparcialidad y autonomía frente
al Ejecutivo local, Bátiz sostiene que las pruebas encontradas por
la PGJDF no se las ha proporcionado a López Obrador para sostener
su hipótesis del complot.
Tan es así, enfatiza, que la información
manejada por el gobernante capitalino no se la dio él, sino "uno
de sus secretarios", en alusión a Marcelo Ebrard, jefe de la policía
capitalina, así como un ciudadano que le envió una carta
para informarlo sobre la reunión en el hotel Presidente Intercontinental.
"Yo no le pregunto a López Obrador qué voy
a hacer con Bejarano. No. Vamos llevando la averiguación conforme
avanza. Formo parte del gabinete, pero en la medida en que éste
trata de bajar los delitos, establecer un ambiente de orden y seguridad
en la ciudad, colaboro con el gobierno; en la medida que tengo que hacer
investigaciones de delitos singulares, no.
"En las averiguaciones previas no hay ninguna injerencia
(del Ejecutivo local), depende exclusivamente de la procuraduría
y tenemos total autonomía técnica y libertad", agrega.
El procurador niega estar en un conflicto por ser parte
del equipo de trabajo de López Obrador e investigar a políticos
que trabajaron con éste. En todo caso, expresa, "lo mismo se le
podría preguntar al procurador general de la República, Rafael
Macedo de la Concha, pues forma parte del equipo del presidente Vicente
Fox".
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