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México D.F. Sábado 20 de marzo de 2004

El Instituto de Acceso a la Información dispuso entrega de actas del rescate bancario

Arguye el IPAB violación del secreto bancario para eludir orden del IFAI

Evidencia la discrecionalidad con que se clasificó tales documentos, señala Di Costanzo

ROBERTO GARDUÑO Y DAVID ZUÑIGA

El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dio respuesta a la orden del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para hacer del conocimiento del público las actas de la junta de gobierno del organismo encargado del proceso de rescate bancario y de la de entrega del Fobaproa al IPAB.

Mario Di Costanzo, quien solicitó la información en diciembre pasado y obtuvo respuesta positiva del IFAI, dijo a este diario que, al cumplirse el plazo legal para abrir la documentación del IPAB, este organismo argumentó la imposibilidad de entregar las actas citadas porque violaría el secreto bancario y fiduciario.

Relató: "sólo recibí un documento de 18 hojas, en el cual el IPAB expone los argumentos que utilizó para no liberar la totalidad de la información solicitada y de su revisión se observa claramente las graves irregularidades y absoluta discrecionalidad con las que el IPAB clasificó los informes que puso a disposición de todo el público en su página de Internet".

El IPAB distribuyó un boletín de prensa comprometiéndose a actuar con absoluta transparencia. "La junta de gobierno del instituto determinó poner a disposición del público en general -en su portal de Internet- la versión pública de las actas de sus sesiones, la cual contiene la información que con estricto apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental o demás ordenamientos legales aplicables, es posible dar a conocer.

"La versión pública de las actas contiene toda aquella información que de acuerdo con la ley no debe ser reservada o confidencial. A su vez, el IPAB, en apego a su compromiso de dar cuenta transparente, puntual y oportuna de sus acciones, publicará en lo sucesivo, en los términos de la propia ley, las versiones públicas de las actas de su junta de gobierno. La decisión de publicar las actas de la junta de gobierno del IPAB en el portal de Internet constituye un hecho sin precedente en instituciones encargadas de cuidar la solidez y buena marcha del sector financiero", expuso el instituto.

La información emitida por el IPAB contrasta con los argumentos de la resolución del IFAI, porque este órgano manifestó que es probable dar a conocer el acta de entrega del Fobaproa al IPAB, porque la ley no lo considera un acto fiduciario y, por lo tanto, no se afectaría el secreto bancario.

No obstante, en la respuesta del IPAB a Di Costanzo, el respeto al secreto bancario y fiduciario se coloca como punta de toque en el proceso para abrir la información. El analista financiero consideró ese argumento "una flagrante violación, porque el instituto permite ocultar a la opinión pública una importante lista de nombres de empresarios, funcionarios y empresas beneficiados con el Fobaproa", no obstante que esa acta fue entregada a la Cámara de Diputados en abril de 2000.

Causa extrañeza que el acta de entrega original del Fobaproa al IPAB contiene aproximadamente 15 mil fojas, incluyendo sus anexos, y la información liberada por el IPAB en Internet es de menos de 100. Además, de los 22 anexos que constituyen el acta de entrega, el IPAB sólo libera el dos y algunos extractos del 18.

Tal situación generó una dura respuesta de Di Costanzo, quien anunció que interpondrá un recurso de amparo ante la decisión del instituto, porque "evidentemente quiere ocultar las resoluciones del comité técnico del Fobaproa, de sus sesiones 31 y 32, donde arbitrariamente y de manera ilegal y unilateral, se flexibilizaron los criterios para comprar la cartera de Banamex y Bancomer, elevando el costo fiscal de los apoyos gubernamentales que se otorgaron, y que a la fecha ascienden a más de 160 mil millones de pesos".

También, de acuerdo con la resolución del IFAI, las versiones públicas de las actas de las sesiones de la junta de gobierno del IPAB deberían entregarse con todo y sus anexos. Sin embargo, el IPAB no incluyó tales documentos en la información aparecida en Internet.

"La información publicada por el IPAB no permite conocer cuál fue el proceso deliberativo del la junta de gobierno del IPAB para la venta de Bancrecer o de Serfin, o la fusión de Bital y Atlántico, donde Diego Fernández actuó como abogado de Bital", señaló el analista financiero.

Por último recordó que la Ley de Transparencia garantiza "conocer el proceso deliberativo del IPAB".

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