Piden a autoridades el saneamiento del lago Nabor Carrillo

Alertan sobre la invasión de tierras que fueron expropiadas a ejidatarios

RENE RAMON CORRESPONSAL

Chimalhuacan, Mex., 16 de marzo. Más de 900 hectáreas de tierras ejidales que formaron parte del decreto presidencial de expropiación para el malogrado proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, y que incluía el saneamiento del lago Nabor Carrillo, se encuentran ociosas y en cualquier momento pueden ser invadidas, alertaron hoy sus propietarios.

Pese a la derogación del decreto, los representantes de los predios y ejidos solicitaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que retome el proyecto para la recuperación y saneamiento del lago, porque "hasta el momento no se ha visto avance alguno", y sólo ha generado incertidumbre en la propiedad de la tierra.

Mario Jiménez Guevara y José Guadalupe Hernández Escalona, representantes de los 250 ejidatarios y pequeños propietarios del predio Tlatel Xochitenco y los ejidos Santa María Chimalhuacán, Carrizo e Hidalgo, exigieron al gobierno federal que ofrezca una alternativa para el uso correcto de sus tierras.

En meses pasados, otras dependencias del gobierno estatal, entre ellas las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de Ecología y de Desarrollo Económico, participaron en mesas de diálogo para encontrar opciones o proyectos para el uso de este territorio, "pero ninguna ha prosperado".

Al ser expropiados el 22 de octubre de 2001, el gobierno federal adjudicó estos ejidos y predios a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero con la derogación del decreto también se vino abajo el proyecto ecológico en el que también participaría la Conagua.

Bruno Avilés, otro representante agrícola, explicó que las 900 hectáreas se encuentran sin uso, por lo que los ejidatarios y pequeños propietarios exigieron la compra o expropiación de su propiedad, pues aseguran que la creación de asentamientos humanos es cada vez más latente, "nos quieren invadir nuestras tierras", sostuvo.

El representante de los ejidatarios, Bruno Avilés, aseguró que por el régimen de propiedad, los ejidatarios como legítimos dueños ni siquiera tienen permitido utilizar o comercializar sus predios, por lo que, dijeron, ante esta situación los gobiernos federal y del estado han demostrado indiferencia.