El gobierno califica de "inmoral" y "golpista" el dictamen que apoya al referéndum

Legisladores buscarían cese de magistrados que validaron firmas contra Hugo Chávez

La oposición reclama que "sin dilación alguna" se acate fallo de la sala electoral

DPA, AFP Y REUTERS

Caracas, 16 de marzo. La directiva del Congreso de Venezuela, dominado por el oficialismo, advirtió hoy que podría iniciar un proceso de remoción de los magistrados que aprobaron un fallo favorable de las firmas de la oposición que solicitan un referéndum revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez.

El referéndum entró así en un estado de indefinición, atrapado en un conflicto jurídico entre dos salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se disponía a interponer un recurso legal de "revisión" ante la Sala Constitucional del propio TSJ en "defensa de sus derechos e interés".

El gobierno venezolano calificó de "mafioso", "inmoral" y "golpista" el fallo jurídico que dio validez a miles de firmas en disputa, necesarias para pedir la consulta popular. "Esta sentencia hay que analizarla como una sentencia mafiosa (...) Es don Corleone administrando justicia", afirmó el vicepresidente José Vicente Rangel.

En un comunicado público, la directiva del Congreso calificó de "nula e inconstitucional" la decisión emitida por la sala electoral del TSJ, que ordenó la víspera al ente electoral validar más de 800 mil firmas que había objetado, con lo cual rebasaría el mínimo de 2.4 millones de rúbricas requeridas para convocar a la consulta.

Diputados de la oposición criticaron el comunicado, al señalar que sólo fue aprobado por la directiva de legisladores oficialistas.

Uno de los directivos del CNE, Jorge Rodríguez, dijo que se prepara una acción legal mediante un recurso de "revisión" y que ellos sólo acatarán lo que determine la Sala Constitucional, al explicar que es la instancia autorizada para interpretar la Constitución.

"En todo caso, los actores del referéndum saben que el camino más engorroso y largo para activarlo es el judicial. Pregunto si la intención es alargar esto y llevarlo a una situación donde nadie gana", recalcó.

Rangel calificó de "subversiva" e "inconstitucional" la decisión de la Sala Electoral, y dijo que en el gobierno "nos acogemos a cualquier decisión de la Sala Constitucional" por ser la que tiene jurisdicción en la materia, la instancia que resguarda la Constitución de 1999 y que designó a las autoridades del CNE.

Sostuvo que era una decisión "subversiva" porque buscaba "provocar" a la población, y que los magistrados de la Sala Electoral son "golpistas porque están en una fase superior de la subversión", evocando que absolvieron a los militares involucrados en el efímero golpe de Estado del 12 de abril de 2002 contra Chávez.

La Sala Constitucional pidió el viernes a sus colegas que se inhibieran de pronunciarse, debido a que ellos ya estaban estudiando el tema.

Partidarios chavistas protestaron frente al TSJ, al grito de "¡mercenarios de la justicia!" y ¡vendidos!", y colocaron una manta que decía "fraude". Mientras, el Movimiento V República afirmó que dará "la madre de las batallas legales" para revertir el fallo.

La oposición, que reclamó que el CNE acate el fallo de la Sala Electoral "sin dilación alguna" al ser acogido su amparo, se abstuvo de efectuar una manifestación como tenía previsto, con el propósito de evitar confrontaciones, a petición de la observación internacional.

El conflicto jurídico se produjo en momentos en que las pláticas entre la oposición y el CNE estaban en un punto muerto, sin que la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter hayan podido remover la situación.

El Grupo de Países Amigos -Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal- expresó su "preocupación" por la evolución que ha tomado este asunto, y estimó que "su prolongada indefinición no contribuye a la solución de los graves problemas políticos internos de Venezuela". Por ello, instó a gobierno y oposición al diálogo y a una salida constitucional, pacífica y democrática de la crisis.

Estados Unidos dijo que "se trata de un proceso que necesita ser llevado de manera transparente, constitucional y que refleje la voluntad del pueblo". Pero, dijo no ser experto constitucional sobre Venezuela, a decir del Departamento de Estado.