Fue creada en 2001 ante accidentes y muertes causados por conductores de Autobuses Alamo

Gobierno y camioneros de Veracruz obstaculizan a cooperativa indígena

Les retienen 20 vehículos y niegan concesiones ante sospecha de que las unidades "son robadas"; dos líderes del movimiento presos, acusados de secuestro y motín; enfrentan otras 23 órdenes de captura

GUADALUPE LOPEZ CORRESPONSAL

Ixhuatlan De Madero, Ver., 13 de marzo. Cansados del maltrato a los usuarios, de los accidentes y las muertes provocados por la negligencia de los conductores que prestan el servicio en la región, un grupo de indígenas formó en 2001 una cooperativa de autotransporte, sin prever que esto los enfrentaría con el gobierno del estado y con los caciques encabezados por la familia Mejía, propietaria de Autobuses Alamo.

Tras la conformación de la cooperativa, el gobierno de Miguel Alemán Velasco les recogió 20 vehículos, porque sospecha que "son robados", y se niega a otorgar la concesión; dos líderes cooperativistas fueron hechos prisioneros, acusados de secuestro y motín, y de acuerdo con los abogados, existen otras 23 órdenes de aprehensión contra dirigentes del citado movimiento.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Flavino Ríos, ha manifestado su disposición de regresar las unidades a los transportistas indígenas, pero acota que "una cosa es entregarles los autobuses y otra darles la concesión" para que los trabajen, sólo les ofrece el servicio de transporte mixto rural, por medio de camionetas que entrarían a las comunidades.

De su lado, el presidente del consejo de administración de Autobuses Alamo, Manuel Mejía del Angel, expone que este conflicto se ha politizado y ha afectado tanto a la empresa como a la vida económica de la región. Asegura que la compañía ya indemnizó a los familiares de los cinco muertos en el accidente que provocó el conflicto, y afirma tener copia de los recibos por las cantidades pagadas, que van de 50 mil a 125 mil pesos a cada familia.

Todo empezó en octubre de 2000, cuando indígenas de Tzocohuite secuestraron vehículos de Autobuses Alamo y cerraron la carretera varios días para obligar a sus dueños a indemnizar a los deudos de las cinco personas, y para obligar al gobierno del estado a intervenir en su favor.

Lejos de esto, el 19 de octubre agentes de Seguridad Pública del estado rescataron las unidades retenidas y desalojaron a los manifestantes de la carretera. Al repique de campana de la iglesia del pueblo cientos de indígenas se reunieron y se enfrentaron con la policía con piedras y palos, secuestraron a 97 policías y los mantuvieron como rehenes hasta que el gobierno entregó a los detenidos por parte del movimiento.

El saldo fue de un muerto -Bernardino Antonio Nicolás- y varios lesionados por arma de fuego del lado de los inconformes. También hubo algunos heridos por machete o golpes del lado de la policía.

En negociaciones, el 2 de febrero de 2001, el gobierno del estado acordó que Autobuses Alamo ya no prestaría el servicio en la ruta Alamo-Ixhuatlán de Madero-Benito Juárez-Chicontepec, y en su lugar entraría otra empresa designada por la Dirección General de Tránsito y Transporte.

Asimismo, otorgaría concesiones para que las comunidades indígenas se convirtieran en cooperativa de transporte que prestara el servicio público en esa zona.

También dejaría sin efecto las denuncias presentadas contra varios líderes de la Organización Regional de la Zona Norte del Estado (ORZNE), a raíz del secuestro de los policías, y pagaría los gastos médicos de los lesionados; daría apoyo a Lázaro Juárez Antonio y Delfino de la Cruz Hernández, quienes resultaron lisiados, e indemnizaría a los familiares de Antonio Nicolás, muerto durante el desalojo.

Autobuses usados

Al inicio del conflicto y para desplazar a Autobuses Alamo, la ORZNE constituyó la Sociedad Cooperativa Tzocohuite y puso a trabajar más de 20 unidades que adquirió con la cooperación de las comunidades. Todas eran usadas. En octubre de 2001 el gobierno estatal recogió las unidades con el argumento de que eran robadas y carecían de concesión.

La organización, que constituye el Movimiento Indígena de Tzocohuite, acusa a la empresa camionera, propiedad de la familia Mejía, de agravios que van desde el maltrato a los indígenas de las comunidades adonde presta servicio, hasta de muertes y atropellos por negligencia de los conductores, de lo cual no se ha hecho responsable, según sostiene.

A finales de octubre de 2003, después de algún tiempo de no operar, Autobuses Alamo volvió a entrar a las comunidades. Esta vez escoltadas sus unidades por policías de Seguridad Pública y de Tránsito del estado.

Antes fueron encarcelados los líderes del movimiento e integrantes de la cooperativa Tzocohuite: Lauro Cruz Cruz e Hilario de la Cruz Concepción, quienes -acusan sus compañeros y la abogada del movimiento, Marlene Mar Santamaría- fueron torturados. La acusación: secuestro y motín; están presos en el reclusorio de Jalacingo.

Desconfiados, los líderes del movimiento Tzocohuite aceptaron la entrevista. Exigen la devolución de sus autobuses y la liberación de Lauro e Hilario, porque los consideran luchadores sociales "y hasta donde sabemos los han torturado y no es justo".

Aseguran que cuando Seguridad Pública y Tránsito del estado recogió los camiones de la cooperativa Tzocohuite, taxistas y trabajadores de la empresa Autobuses Alamo, integrantes de la familia Mejía, apoyados por el entonces diputado federal Francisco Ríos Alarcón, y el local Balfrén González Montalvo, les causaron destrozos y golpearon a los choferes.

Mar Santamaría, abogada de la cooperativa, señala que aún hay 23 órdenes de captura contra líderes del movimiento, todas relacionadas con el secuestro de los policías hace tres años.

Asegura que varias personas han sido "secuestradas" por Seguridad Pública, como Juan Solís quien, asegura, fue torturado el 15 de junio de 2003, a partir de lo cual y debido a los efectos de los gases lacrimógenos perdió el ojo derecho y presentó quemaduras en el estómago.

Refirió el caso de un menor que cuando tenía 12 años sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús Alamo, perdió un brazo y la empresa nunca lo quiso indemnizar y no le compró ningún medicamento. Ahora tiene 17 años. Es hijo de Mateo de la Cruz, uno de los dirigentes del movimiento Tzocohuite.

Problema resuelto: Flavino Ríos

El secretario de Gobierno, Flavino Ríos, señala que el conflicto está en vías de solución. Ya se pidió a los líderes del movimiento Tzocohuite acudir al corralón donde están los autobuses para que puedan ser cotejados los números de serie del motor con las facturas y que acrediten su legítima procedencia para que puedan ser devueltas, "porque en el informe que nos dio Policía Ministerial no coinciden los números de motores con los de la carrocería ni con las facturas, "entonces se presume que son robados".

Hasta ahora, indicó, no se han presentado los propietarios con la documentación. No obstante, esos autobuses pudieron ser adquiridos de buena fe, dice.

Aclara que una cosa es entregar los autobuses y otra darles la concesión, pues "ya se les dijo que esto no es posible, porque la ruta (que los cooperativistas quieren) la tiene Autobuses Alamo y, además, no van a poder competir y van a quebrar".

A cambio, el gobierno les ofrece 11 concesiones para servicio de transporte mixto rural que, mediante camionetas, prestaría el servicio a las comunidades rurales para trasladar personas y carga, cubriría seis rutas. El movimiento Tzocohuite no lo acepta porque quiere operar el servicio público de pasajeros con autobuses, ya que éstos cubren rutas más amplias.

Exigen la concesión para trabajar en los tramos Alamo-Ixhuatlán de Madero-Benito Juárez-Chicontepec y la oferta del gobierno se circunscribe al área rural.

Recientemente se reanudaron las pláticas porque Alemán Velasco pretende dejar resuelto este conflicto antes de que concluya su administración, el próximo fin de año, señala Flavino Ríos.