Se propone evitar que miembros del Congreso realicen funciones de litigantes y legisladores

PRI, PAN y PRD presentarán programa anticorrupción

ANDREA BECERRIL

PRI , PAN y PRD llevarán un tema común al periodo de sesiones del Senado que comenzará el próximo lunes: un paquete de iniciativas anticorrupción, en el que hay consenso entre las tres principales fuerzas políticas, excepto en lo que se refiere a acabar con el tráfico de influencias, toda vez que Diego Fernández de Cevallos pretende que la reforma en ese sentido sea light para que no se prohíba de manera tajante que los miembros del Congreso lleven a cabo actividades privadas lucrativas.

En la reciente reunión de la fracción del PAN, que se llevó a cabo en Veracruz y a la que asistieron menos de la mitad de sus integrantes, el acuerdo fue impulsar el proyecto del senador César Jáuregui, que, a diferencia de la iniciativa de la también senadora panista, Luisa María Calderón, sólo propone un régimen de incompatibilidades, en el que los parlamentarios deberán declarar aquellos asuntos en los que tengan posible conflicto de intereses.

Ese será el punto central de discusión, toda vez que la reforma constitucional propuesta por Calderón Hinojosa, que llevaría a la Carta Magna la prohibición a los legisladores -que ya tienen los ministros de la Suprema Corte- para litigar o desarrollar de manera paralela actividades que representen un beneficio económico, cuenta con el respaldo de parte de su grupo parlamentario y de integrantes de otras bancadas.

El senador perredista Jesús Ortega presentó inclusive en la última sesión de la Comisión Permanente una iniciativa para adicionar la Ley Orgánica del Congreso, en lo relativo a la ética y la disciplina parlamentaria, con el propósito de propiciar que los legisladores actúen con probidad y transparencia.

El proyecto establece una serie de deberes y prohibiciones a los legisladores, entre ellos anteponer el interés general al particular. Se les prohíbe utilizar su inviolabilidad o inmunidad parlamentaria con fines no justificados, valerse del cargo para realizar gestiones personales o privadas, aprovecharse del mismo con el objetivo de procurar servicios especiales, como sería el nombramiento de magistrados y ministros.

Hay un capítulo especial para el conflicto de intereses, el uso de la información privilegiada con que cuenten los legisladores y la incompatibilidad entre el servicio público y la empresa privada.

Al respecto, Ortega comentó que aunque pareciera que se trata de una iniciativa con dedicatoria a Fernández de Cevallos y otros senadores dueños de poderosos despachos, que se encargan de hacer las leyes y al mismo tiempo litigan contra el Estado, no es así.

Es necesario, dijo, frenar en definitiva el tráfico de influencias, una práctica que no sólo es exclusiva de Fernández de Cevallos, "aunque su caso sea uno de los más escandalosos". Es urgente, señaló, acabar en definitiva con prácticas corruptas, que tanto lesionan a los partidos y a la sociedad.

Es un hecho que Fernández de Cevallos hará todo lo posible por evitar que la creación de un código de ética parlamentaria vaya a fondo y le impida seguir con su doble papel de abogado litigante y senador.