No basta con inhabilitar al ex titular de Fomento Minero, afirma

Los responsables de desviar 1.5 millones de pesos deben reparar los daños: Bours Castelo

CRISTOBAL GARCIA BERNAL CORRESPONSAL

Hermosillo, Son., 12 de marzo. El gobierno de Sonora buscará que los culpables del daño patrimonial causado al estado por un millón 520 mil pesos reparen el daño, afirmó el gobernador Eduardo Bours Castelo.

El mandatario estatal se refirió al mal uso de recursos que dio el ex director de Fomento Minero, Guillermo Salas Pizá, quien el miércoles pasado fue inhabilitado por la Contraloría General del estado para ocupar un cargo público durante tres años seis meses.

A Salas Pizá se le acusa de haber facilitado a una empresa privada 18 máquinas propiedad de la empresa Quimbanazorra, donde el gobierno del estado tiene 96 por ciento de las acciones, y el resto pertenece a un grupo de mineros de Sahuaripa, quienes habrían promovido la demanda.

Ayer viernes, Salas Pizá presentó ante la Contraloría las pruebas que demuestran que, si bien facilitó maquinaria a una empresa privada, fue con la autorización y consentimiento de su jefe directo, el ex secretario de Desarrollo Económico y Productividad, Roberto González Laborín, primo de Lourdes Laborín, esposa del gobernador Bours Castelo.

El también catedrático de la Universidad de Sonora indicó que el equipo oficial fue prestado a la compañía Transportación y Servicios Internacionales del Pacífico, propiedad de Héctor Molina Ruibal, hermano del ex secretario de Planeación del Gasto Público, Alfonso Molina Ruibal, quien se enfrentó con Bours Castelo en la búsqueda de la nominación por el PRI al gobierno de Sonora en el pasado proceso electoral.

Como parte de las pruebas que presentó ante la Contraloría, el ex funcionario señaló que parte de la maquinaria permanecía desmembrada en esta ciudad desde hace seis años, mientras que otro equipo fue ubicado en estado "inservible" en el municipio de Arivechi.

Salas Pizá dijo que el préstamo de la maquinaria se hizo con el consentimiento y autorización de González Laborín, su jefe directo en ese entonces, "porque de otra forma la medida no hubiera prosperado".

Confió en que la Contraloría tome en cuenta sus argumentos y deje sin efecto la inhabilitación impuesta, principalmente, "porque representa una mala imagen a mi persona como catedrático de la Universidad de Sonora".

Bours Castelo sostuvo:"iremos más allá de una simple inhabilitación del funcionario y se buscará por todos los medios que los responsables de los malos manejos de los recursos materiales de la Dirección de Fomento Minero del gobierno reparen los daños.

"No se vale que utilizando un cargo se beneficie a familiares y amigos", dijo.