Se propondrá la expulsión para quienes violen el reglamento de aportaciones monetarias

Planea PRD transparentar el sistema de donativos para sus candidatos

RENATO DAVALOS

La reforma interna del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que se discutirá en su congreso nacional a finales de mes, contempla la prohibición de donativos de personas físicas o morales en los procesos de selección interna. En torno a los aspirantes a cargos de elección popular, se inhibirá la participación de empresas y las aportaciones individuales tendrán topes claramente definidos. Quienes violen estos preceptos serán expulsados de las filas perredistas.

A su vez, los órganos electorales serán los únicos responsables de contratar la publicidad en medios de comunicación, señala el acuerdo inicial al que llegó la comisión redactora del dictamen que conocerá el congreso y que ayer se reunió para afinar el documento.

Paralelamente, el presidente de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, Ricardo Moreno Bastida -órgano que también integran Luis Miguel Barbosa, Verónica Distrain, Fredy Aguilar y Beatriz Hermosillo-, informó que posiblemente será en abril cuando el consejo nacional perredista turne el expediente del aún delegado en Tlalpan, Carlos Imaz, suspendido temporalmente de sus derechos y prerrogativas partidistas. Después de un trámite en que el procesado tendrá derecho a aportar las pruebas que a su derecho convenga, la comisión dictaminará o no su expulsión del partido.

Mientras, la subcomisión redactora del documento de reforma estatutaria que conocerá la próxima semana el pleno de la comisión organizadora del congreso, ayer sesionó por segunda ocasión en esta semana para modificar el documento que deberá presentarse próximamente.

Otro de los acuerdos de la subcomisión, explicó Jesús Zambrano, uno de sus integrantes junto con Juan Guerra, Raymundo Cárdenas, Silvia Gómez-Tagle, Adolfo Miranda y Gabriel Santos, entre otros, es ampliar las facultades del Organo Central de Fiscalización (OCF) para instaurar una "cultura de rendición de cuentas" a todos los niveles, pero primordialmente entre quienes forman parte de un gobierno o asumen una representación popular.

Al término del encuentro, Zambrano comentó también que otro de los acuerdos es relativo a la necesidad de establecer en el estatuto la obligación de que los gobernantes perredistas acudan a los órganos directivos partidistas, como una fórmula de profundizar este enlace y definir criterios comunes sobre los temas de la agenda nacional.

Con relación a los legisladores federales y locales, también hay un criterio común para que antes de la aprobación de las cuentas públicas en los estado haya una discusión con los órganos directivos estatales para evitar confusiones y un voto apresurado acerca de los ingresos y egresos en las entidades.

Quedarán perfectamente definidos, indicó, los tiempos de las campañas y, en el caso de las precampañas, en la normatividad interna será estipulado que nadie "podrá lanzarse por la libre" sin acuerdo previo en los consejos estatales. Se trata, definió, de terminar con las inequidades y de evitar que alguien consiga dinero de "quién sabe dónde".

Por otro lado, en la sede nacional perredista, el secretario general Carlos Navarrete dijo que se impondrán candados para las precampañas internas y a cargos de elección popular. Con relación a la eventual demanda que los perredistas entablarían contra el senador Diego Fernández de Cevallos, señaló que el panista "siempre ha estado en la asesoría de personajes que le han marcado un claro conflicto de intereses con su circunstancia de legislador. También ha estado presente en complicidad con quienes han cometido saqueos al patrimonio del país".