Condicionó al empresario para estar en su defensa

Acepta Fernández de Cevallos que trabaja para Carlos Ahumada Kurtz

DE LA REDACCION

La ratificación del abogado Juan Collado como defensor del empresario prófugo Carlos Ahumada Kurtz en el caso de la orden de aprehensión que se libró en su contra por el fraude cometido contra la delegación Gustavo A. Madero, y la aceptación del senador Diego Fernández de Cevallos de que conoció -varios días antes de su difusión- los videos que involucran a algunos perredistas en actos de corrupción y de su compromiso de participar también en el apoyo legal al dueño del Grupo Quart, desprenden el diseño de una estrategia para obtener de la exhibición de las cintas una doble ganancia: política y mediática.

Diversas fuentes consultadas en el gobierno y en los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) sostienen esa línea que llega, inclusive, hasta el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda -quien, según se dice, dentro de su partido cuenta con todo el respaldo de Fernández de Cevallos en sus aspiraciones presidenciales-, y al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, amigo del senador panista y del abogado Collado, quien representó a Raúl Salinas de Gortari en algunos de los procesos que enfrentó y que este mismo viernes acudió a Toluca como invitado al matrimonio civil de Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del ex mandatario e hijo de Raúl.

En este acto, por cierto, Collado informó que interpondrá un amparo directo contra la orden de aprehensión que el juez 11 de lo penal en el Distrito Federal, Casiano Morales García, dictó contra Ahumada Kurtz por su probable participación en el fraude que por más de 31 millones de pesos se cometió en agravio de la delegación Gustavo A. Madero.

Respecto de las versiones que sostienen la participación de Fernández de Cevallos en los preparativos en un plan para atacar directamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en los corrillos de la clase política se dice que al confirmarse que el senador supo del contenido de las videograbaciones de Ahumada, decidió usarlas con un interés que rebasa, con mucho, sus declaradas pretenciones de justicia.

Anoche, en El Noticiero de Joaquín López Dóriga, el senador Fernández de Cevallos aceptó que Collado le presentó a Ahumada entre "los últimos días de enero y los primeros de febrero" de este año; que el dueño del Grupo Quart se quejó de "extorsión y presiones" de parte de funcionarios del gobierno de la ciudad, y que le mostró "en cuatro, cinco o siete sesiones" videos con imágenes "borrosas" e "inaudibles" de los momentos en que entregaba dinero a los perredistas René Bejarano y Carlos Imaz, entre otros, porque según dijo "hay más".

Inclusive, señaló que hay más políticos "priístas" y "perredistas" que saben de la existencia de esos videos. No precisó por qué los conocen.

Lo que sí negó el panista fue la versión que lo hace aparecer en la diligencia ministerial del 20 de febrero pasado, cuando Ahumada presentó y ratificó su denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por "extorsión".

Aquella diligencia se llevó a cabo en el vestíbulo del hotel Presidente Intercontinental a las 11:05 de la mañana -según constancia notarial-; el llamado Jefe Diego aclaró que sí estuvo en el hotel esa misma fecha, pero dos horas antes, para desayunar con el escritor Héctor Aguilar Camín y el empresario Issac Chertorivsky.

Los funcionarios y políticos que comentaron el asunto indican que independientemente de que Fernández de Cevallos no haya estado presente en la actuación ministerial, queda por aclarar lo que ocurrió en el transcurso de esos días en que Ahumada iba y venía -según las declaraciones que por la noche hizo el senador- para mostrar sus videos al panista.

De acuerdo con estas versiones, todas construidas a partir de los hechos y las declaraciones que se han dado a conocer, Fernández de Cevallos no sólo pidió al empresario prófugo nitidez en las grabaciones, sino que le habría condicionado su participación en su defensa a la existencia de un video que involucrara a funcionarios de la administración central del gobierno capitalino en actos de corrupción.

Esta especie la sustentan en que tanto Imaz como Bejarano -se dice que también hay grabaciones con Rosario Robles y Alejandro Encinas- recibieron dinero para las campañas de los candidatos de su partido, y que al ser ésta una práctica común en los procesos electorales en el país, no acreditaban la corrupción que Ahumada Kurtz achacó al gobierno de López Obrador.

El empresario habría revelado entonces a sus "abogados" que el ex secretario de Finanzas capitalino, Gustavo Ponce, era su "cliente" y que tenía afición por el juego. Y ahí fue cuando empezó a fraguarse el operativo para cazar al ahora ex funcionario prófugo.

Aquí es donde, a decir a algunos de los consultados, la línea llega hasta la Secretaría de Gobernación, toda vez que para seguir y grabar a Ponce en un casino de Las Vegas, se requería de la labor de profesionales. En este caso, dicen que el propio Fernández de Cevallos sugirió a Creel Miranda la conveniencia de que el trabajo fuera encargado al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En El Noticiero, Fernández de Cevallos llevó su explicación hasta el 19 de febrero, cuando luego de los "cuatro, cinco o siete" encuentros con Ahumada, éste expide -ante notario público- un poder al senador para ofrecer a las autoridades las pruebas de la corrupción y las extorsiones en que incurrían los funcionarios perredistas.

Si no lo hizo de esa manera, sostuvo, fue porque Ahumada Kurtz sólo se los mostró y nunca se los entregó.

Los funcionarios consultados no descartan, sin embargo, que entre esas "cuatro, cinco o siete sesiones", Fernández de Cevallos tuvo el tiempo suficiente para vender el caso de Ponce a Santiago Creel y preparar la estrategia de la doble ganancia, mediática y política... el diputado Federico Döring sólo habría sido el mensajero del Jefe.