México D.F. Viernes 12 de marzo de 2004
Interponen recurso para dejar sin efectos acusaciones en su contra por el Pemexgate
Colaboradores de Labastida piden protección judicial
ALFREDO MENDEZ ORTIZ
Tres ex funcionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) involucrados en el Pemexgate interpusieron una demanda de amparo ''de fondo'' ante el Poder Judicial Federal, con la finalidad de revocar la orden de aprehensión que giró en su contra el juez decimotercero de distrito en materia penal, José Luis Moya Flores, por el delito de peculado electoral.
Se trata de Jorge Cárdenas Elizondo, ex secretario de Finanzas del tricolor; Alonso Bretón, ex subsecretario de esa área, y Joel Hortiales, ex empleado del PRI, quienes fueron acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta responsabilidad en el manejo de 640 millones de los mil 100 millones de pesos que se desviaron de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el año 2000, y se utilizaron en la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa.
El recurso, que fue radicado en días pasados en el juzgado primero de distrito B de amparo en materia penal, fue solicitado por la defensa de los quejosos con el argumento de que la orden de captura en su contra es inconstitucional. Según los abogados de los priístas, no existen elementos jurídicos para comprobar la probable responsabilidad de sus clientes en el mencionado delito. Sin embargo, el amparo no fue solicitado para evitar que la PGR los detenga, sino para ''dejar sin efectos la medida cautelar'', debido a que el delito que se les imputa es considerado grave y sin derecho a libertad bajo caución.
Los tres priístas obtuvieron en octubre pasado un amparo "para efectos", que invalidó la primer orden de aprehensión que desde 2002 giró el juez Moya Flores.
El amparo obligó al juzgador a reintegrar el procedimiento penal, y después de volver a analizar la causa judicial a que están sujetos los priístas, consideró que sí hay elementos para iniciarles proceso penal, por lo que libró una nueva orden de captura. Los quejosos aún permanecen prófugos de la justicia
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