México D.F. Miércoles 10 de marzo de 2004
El ex ministro de la Corte advierte que de lo contrario ocurrirá un "suicidio social"
Juventino V. Castro llama a detener el clima de linchamiento
JESUS ARANDA Y ALFREDO MENDEZ
Juventino V. Castro y Castro, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamó a "detener el linchamiento y la destrucción de nosotros mismos" derivado de los recientes videoescándalos, porque de otra manera ocurrirá un "suicidio social.
"Debemos tener la esperanza de que funciona nuestro sistema de persecución y sanción de conductas ilícitas, y si el resultado no es el esperado será preciso cambiar el modelo vigente, pero nunca lincharnos o autodestruirnos", señaló.
En entrevista, el ex ministro cuestionó a los partidos políticos, los cuales "no sólo no quieren ceder preminencia en favor de otro grupo, sino, por el contrario, buscan reunir o hasta fabricar pruebas de lo inmorales y corruptos que son los elementos de la fuerza contraria".
Indicó que los mexicanos "estamos tan preocupados en sobrevivir a cualquier precio que se dificulta atender lo suyo y, por tanto, lo externo prevalece sobre la unión, la solidaridad, la comprensión y el sentido unitario que deben imperar para salir adelante de la actual crisis que vivimos, y que de continuar podría llegar al extremo de otros países, en donde la corrupción y la desunión han llevado a naciones a la muerte; corrupción y desunión que ahora aparecen en nuestro país", enfatizó.
Advirtió también sobre el peligro que enfrenta el país de "propiciar la nulificación de nuestra precaria independencia y autonomía, que cada vez está más en manos extranjeras que en las mexicanas. Estamos ante el posible derrumbe del país, que tal pareciera ha dejado de creer en sí mismo y que admira enfermizamente a un vecino poderoso o a un continente lejano".
Por otra parte, fuentes del Poder Judicial y especialistas en derecho penal señalaron que, aunque se demostrara que instancias como el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) o la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) estuvieran involucrados en la realización de los videos difundidos en días pasados, eso no significaría que las autoridades federales hubieran incurrido en algún delito, ya que podrían argumentar que lo hicieron como parte de una investigación encaminada a detectar actos ilícitos cometidos por funcionarios.
Respecto a los casos de Carlos Imaz, delegado en Tlalpan, y René Bejarano, asambleísta con licencia, quienes fueron exhibidos mediante sendos videos en los que se observa que recibieron dinero del empresario Carlos Ahumada, los juristas consultados puntualizaron que con el simple hecho de las imágenes difundidas se tipifica el delito de cohecho o soborno.
Los jueces de distrito en materia penal agregaron que en "cualquier averiguación previa que realice el Ministerio Público Federal o cualquier investigación de seguridad nacional" es legal la realización de grabaciones "cuando van implícitas en un contexto investigatorio".
Por su parte, el constitucionalista Ignacio Burgoa y el abogado penalista Julio Hernández Pliego comentaron que lo que la opinión pública observó cuando se difundieron los videos de Imaz y Bejarano "es la clara muestra de un soborno" y, sin lugar a dudas, "es una prueba fehaciente para la procuraduría capitalina, porque configura penalmente el delito de cohecho".
Sin embargo, Hernández Pliego precisó que antes de que el Ministerio Público consigne una averiguación previa en contra de Bejarano, el procurador Bernardo Bátiz debe solicitar el desafuero del legislador con licencia, porque si no "de nada servirá una consignación en su contra".
Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Luis Mier y Terán Casanueva, señaló que en la medida en que el espacio público ha dejado de ser un lugar para confrontar y discutir ideas, al convertirse en territorio "del escándalo o el espectáculo", es difícil afirmar que la opinión pública puede realizar su tarea de vigilante del Estado y de propiciar mecanismos de argumentación racional que permitan evaluar el rumbo de las sociedades.
Añadió que ante situaciones como las que hoy se viven en la política nacional el espacio universitario tiene un compromiso intransferible e irrenunciable para provocar una mirada reflexiva, sensata y responsable que haga del quehacer académico una verdadera fuerza de clarificación del clima que hoy enfrentamos".
Señaló que "no es mediante el escándalo y la lucha de todos contra todos como se podrá construir un entramado social que ayude a la democracia y le dé credibilidad, haciendo de cada voto una manifestación ciudadana sólida y creíble".
Por ello, exhortó a los partidos políticos y a quienes detentan el poder a la serenidad y al cumplimiento de la ley, pues con una actitud "totalmente incivilizada no vamos a lograr crear un país con cultura política y democrática".
Al respecto, Pablo Javier Becerra Chávez, politólogo y coordinador del área de investigación en procesos políticos de la UAM-Iztapalapa, afirmó que la difusión de los videos "generó un gran impacto en la sociedad, que como efecto lógico puede perder la confianza en los partidos y en los políticos". Sin embargo, aclaró que esta percepción "no sólo tiene que ver con los videos de la corrupción, sino con un conjunto de escándalos que se han venido arrastrando en los últimos años, como el Pemexgate o el caso Amigos de Fox". CON INFORMACION DE LAURA POY
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