Sergio Benito Osorio

Replantear el debate energético

El presidente Vicente Fox, al lado de la dirigencia parlamentaria de su partido, relanzó el 20 de febrero la convocatoria al Congreso para que apruebe la reforma energética, evocando la trascendencia de las reformas estructurales como la clave para que el país pueda salir de sus dificultades económicas. El mensaje presidencial, igual que en ocasiones anteriores, ha ido acompañado por una amplia campaña de medios orientada a magnificar los defectos de las empresas públicas y las ventajas de las privadas, que sólo ha podido ser interrumpida por los escándalos de corrupción, pero que recuperará fuerzas con el inicio de las sesiones plenarias del Congreso.

Como se recordará, el tema sobre la apertura del sector energético a la inversión privada ha sido recurrente en el interés presidencial desde 1999. Estamos entrando al sexto año de un debate que ha resultado nulo en materia legislativa, pero que ha costado al contribuyente cantidades multimillonarias en publicidad de las dependencias gubernamentales para presionar a la opinión pública y al Congreso con visiones catastróficas del futuro si no se desregula el sector. No obstante, la oposición legislativa al proyecto se ha fortalecido y los efectos propagandistas entre la población, a juzgar por algunas encuestas, han sido marginales. De tal modo que el escenario para el nuevo intento del Presidente no parece alentador.

ƑCuáles son, entonces, las razones que han llevado a dos presidentes de la República y a tres secretarios de Energía a insistir, durante más de cinco años, en un proyecto de cambio constitucional que ha fracasado con extenuante reiteración? Zedillo y Fox, en cada viaje que hicieron al extranjero, se dieron a la tarea de ofrecer la apertura del sector energético, en forma de una carta de presentación para acreditar su vocación económica liberal. Pero el tiempo pasó, los resultados no se cristalizaron y ambos perdieron gran parte de su credibilidad en el tema. Quizá en los primeros años su insistencia podía tener como objetivo mostrar que, como gobiernos, cumplían al proponer las reformas y culpar a la oposición de que el tema no avanzara. Pero los años han pasado y la reincidencia gubernamental sólo ha cosechado costos políticos para la persona del Presidente y para su partido. Las fallas estrepitosas del modelo de desregulación eléctrica, exhibidas en el apagón de Nueva York y en el escándalo de Enron, han penetrado en la conciencia de la población mundial creando una gran ola de desconfianza sobre las virtudes de los mercados eléctricos.

Entonces, Ƒpor qué insistir? ƑCuál es la rentabilidad política de un tema que el proponente sabe, por adelantado, que está perdido? La respuesta que acreditan los pasados cinco años en materia energética es que con la insistencia se trata de buscar la legitimación, ante ciertos sectores sociales, de prácticas de gobierno que se apartan de la vigencia de la ley. La insistencia gubernamental para desregular el sector energético, y las grandes campañas publicitarias que han acompañado a cada intento, aparece como una gran cortina de humo tras la cual se alienta y concretan grandes inversiones privadas en el sector energético.

Así, desde la iniciativa presentada, en febrero de 1999 por Ernesto Zedillo para desaparecer (prácticamente) a los operadores públicos del suministro eléctrico y, más tarde, la presentada por Vicente Fox han conocido, en paralelo, un incremento ilegal, pero vertiginoso de la generación privada que ya podría ascender a una quinta parte del total. El debate de los últimos dos años vio aparecer por primera vez, desde los años treinta, contratos gubernamentales a empresas extranjeras para la explotación de hidrocarburos (gas) y un gran avance para anclar plantas regasificadoras trasnacionales, en ambas costas del país, que soportarán la integración continental del abasto estadunidense de gas natural licuado. Así, el debate ha servido, para todo fin práctico, como pantalla para la privatización fáctica del sector energético mexicano.

Los sectores que se han opuesto a la privatización, aun cuando hicieron crecer la denuncia por la privatización silenciosa, se han quedado trabados en el tema. Como si fuera el único elemento de la política energética nacional. Los partidos opositores, al menos en su expresión pública, carecen de alternativa en otros temas que al final serán centrales para el desarrollo energético y, lo más importante, para mejorar el bienestar de la población y las capacidades competitivas del aparato productivo del país.

Hay un desconocimiento muy amplio sobre los mecanismos para fortalecer y dar autonomía a las empresas públicas, se ha descuidado la formulación de estudios y políticas sobre ahorro y uso eficiente de energía, la incorporación de tecnologías renovables y no contaminantes como una vertiente ambiental que es necesario recuperar y fortalecer en la conciencia social. Se deben examinar nuevas formas institucionales que garanticen el abasto de gas natural, precios de los energéticos que mejoren el acceso y el consumo de la mayoría de los mexicanos, y una mayor competitividad productiva. Establecer, como temas legales de seguridad nacional, las reservas de hidrocarburos y los márgenes de reserva del sistema eléctrico nacional, etcétera.

No se trata de descuidar el flanco de la lucha contra la privatización, sino de evitar el señuelo de un debate que se reduce a un "sí" o un "no" y descuida otros elementos centrales en la elaboración de una política energética nacional alternativa.

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