Controversiales, la eficacia y tarifas de las compañías privadas, señala estudio regional

Cuestionables resultados de la privatización del servicio de agua, asegura el PNUMA

ANGELICA ENCISO L.

Frente a la tendencia de privatizar los servicios de agua en América Latina y el Caribe, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sostiene que la eficacia en la desestatización del recurso natural y el uso de instrumentos económicos como el precio en los servicios relacionados con el líquido, son aspectos "altamente controversiales" y los resultados no siempre han sido positivos.

En los últimos años la mayor parte de los países de la región han iniciado reformas de orden político, legal e institucional sobre el manejo de sus recursos hídricos. En Brasil, Chile, Colombia, Jamaica y México ya se reformó el marco administrativo del agua y en el resto de las naciones se proponen "transformaciones sustanciales en medio de un fuerte debate público", indica en el informe Geo América Latina y el Caribe, perspectivas del medio ambiente 2003 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se acaba de presentar.

Precisa que la tendencia es crear instituciones que representen al sector público y a los principales grupos de usuarios con el fin de que en las políticas hídricas se incluya "la coordinación de un uso múltiple del agua mediante concesiones y cánones, la orientación del desarrollo de grandes obras hidráulicas, la supervisión en el control de la contaminación, la protección contra inundaciones y la estimación del caudal ecológico".

Puntualiza que en la década reciente la tendencia es la transferencia parcial o to-tal de los servicios de agua del sector pú-blico a entidades descentralizadas, tanto públicas como privadas, en los rubros de agua potable, recolección y saneamiento urbano de aguas residuales.

"México, Colombia y Ecuador han iniciado procesos de descentralización, aunque los resultados no siempre han sido positivos, por falta de gradualidad, apoyo técnico y regulaciones adecuadas". Indica que también "se ha intentado impulsar nuevas iniciativas tarifarias para que se pague el verdadero valor del agua".

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez, sigue la línea que expone el PNUMA. Frecuentemente hace llamados para que se pague "el costo real del agua" y además en la nueva Ley de Aguas Nacionales se considera la concesión de presas y acueductos.

El informe destaca que entre los conflictos en torno a este recurso están el establecimiento de mecanismos adecuados para la asignación del agua a diversos usuarios, y se mantiene la pregunta sobre la conveniencia de privatizar o descentralizar los elementos del ciclo de producción y distribución del líquido.

Agrega que la mayoría de las aguas residuales en América Latina y el Caribe no reciben tratamiento y así se depositan en los cuerpos de agua; 21 por ciento de la población no tiene acceso a ningún tipo de saneamiento; 31 por ciento sólo cuenta con tanques sépticos y letrinas y 49 por ciento tiene acceso a alcantarillado, y aunque existen instalaciones para tratar las aguas residuales, la mayoría no tiene capacidad suficiente para operarla.

Daños en la salud por deforestación

Por otro lado, el estudio indica que la deforestación puede producir efectos dañinos y hasta mortales para la salud humana por los cambios en el ambiente. Entre ellos destacan la menor precipitación, la temperatura ambiental más alta y mayores inundaciones, porque cuando se remueven árboles el clima se hace árido y el suelo pierde capacidad para absorber y retener el agua y liberarla lentamente.

Advierte que han aumentado dos males vinculados con la exposición crónica a la contaminación química: las neoplasias malignas y las anomalías congénitas.

El documento concluye que otro problema importante es el tratamiento inadecuado de residuos urbanos o industriales, que contaminan el suelo, aire y agua.