Pérdidas de $118 mil millones por pagos ilícitos: FMI

México, entre los países con mayor índice de corrupción, según CEESP

ANTONIO CASTELLANOS E ISRAEL RODRIGUEZ

México se encuentra entre las naciones con mayores índices de corrupción en las clasificaciones internacionales. Según análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), se han identificado dos tipos de corrupción: la que se da a través de pagos extraoficiales a legisladores o funcionarios públicos para influir en la definición de las reglas del juego, y los recursos entregados a funcionarios públicos para distorsionar las leyes políticas y regulaciones.

Estas actividades ilícitas, indican los economistas del sector privado, provocan pérdidas por más de 118 mil millones de pesos, equivalentes a 1.8 puntos porcentuales del producto interno bruto, de acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Banamex destaca en su análisis del entorno socio político que existe incapacidad del Estado para garantizar la seguridad pública y personal de los ciudadanos así como la impartición de justicia.

El reporte del CEESP señala que mediante el dinero que fluye ilegalmente entre legisladores y funcionarios públicos se diseñan leyes, políticas y regulaciones favorables a ciertos intereses particulares. En el caso de los funcionarios públicos se pueden obtener beneficios como contratos para obras públicas, concesiones, decisiones judiciales favorables, ahorros en tiempos de espera y cancelación de trámites.

Indica que bajo cualquiera de las formas en que la corrupción se presente, por lo general subyace un conjunto de elementos que la promueven o exacerban como un marco regulatorio excesivo, grandes desigualdades sociales y económicas, pérdida del sentido comunitario, cierta apatía de y hacia las autoridades pero, sobre todo, la carencia de un estado de derecho conformado por leyes prácticas que se cumplen ineludiblemente.

Advierte que sin un estado de derecho fuerte, la discrecionalidad y el poder monopólico de los funcionarios deriva en prácticas de corrupción. En estas condiciones, el ejercicio del poder público se orienta a monetizarlo mediante actos de corrupción que se convierten en actividad depredadora, porque extrae rentas e ingreso de los ciudadanos, y no genera riqueza ni empleos productivos.

Además, subraya, los riesgos de castigo son mínimos y, por lo tanto, los recursos potenciales más altos, mientras se generan incentivos muy fuertes para mantenerse en el poder. El riesgo mayor es el continuo deterioro del estado de derecho, porque se hace común el intercambio del apoyo político por ayuda concreta o pagos específicos. Consecuentemente, se desalienta a la ciudadanía de cumplir con las leyes y, sobre todo, de pagar impuestos, debido a que se destinan a financiar viajes de placer u otros gastos privados.

El análisis del CEESP puntualiza que la corrupción distorsiona el funcionamiento de los mercados y desalienta la inversión extranjera directa.