Se espera un "largo proceso"

Morelia, Mich., 7 de marzo. Puede ser un proceso largo, anticipó el presidente de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia perredista, Ricardo Moreno Bastida, en torno a las eventuales sanciones que se aplicarían a Rosario Robles, Carlos Imaz y Ramón Sosamontes por vulnerar las normas partidistas a partir de sus vínculos con el empresario Carlos Ahumada. Explicó el complejo proceso que llevaría a la posible "cancelación de afiliación" de los tres militantes, como señala el estatuto perredista.

Una vez que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) perredista escuchó e interrogó a Robles, Imaz y Sosamontes sobre los videoescándalos y las declaraciones que se derivaron de ellos, el comité elaborará un dictamen que decretará o no la "suspensión provisional de derechos" de los tres, puntualizó Moreno Bastida.

El documento podría estar listo el próximo viernes, anticipó al respecto el presidente nacional perredista, Leonel Godoy Rangel. Después el expediente sería turnado al Consejo Nacional perredista, pues los tres implicados son aún integrantes de ese órgano partidista. En una reunión extraordinaria, los poco más de 300 de sus integrantes declara-rían, en su caso, un equivalente al "juicio de procedencia" que establece la Cámara de Diputados cuando empieza el proceso para un juicio político.

Si esta declaratoria se establece, especificó Moreno Bastida, el asunto tendría que ser remitido a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, que empezaría el análisis del documento y abriría un espacio deliberativo que incluye el ofrecimiento de una "audiencia de defensa" para los tres señalados. Las decisiones de esta comisión son inapelables.

Este precepto establecido en los estatutos, precisó, radica en la necesidad de evitar que en el partido haya actos de autoritarismo frente a los que la militancia no tenga posibilidad alguna de defensa. Conforme al reglamento de sanciones, añadió, en esa "audiencia de defensa" los acusados tendrían la oportunidad de ofrecer las pruebas que consideren convenientes para diluir las acusaciones.

Moreno Bastida estableció que los castigos previstos en el reglamento por conductas irregulares de un militante van desde la simple "amonestación privada" hasta la "cancelación de afiliación", que representaría la separación definitiva de las filas perredistas.

"Por obvias razones -indicó-, nosotros no estuvimos presentes en la comparecencia de Robles, Imaz y Sosamontes ante los integrantes del CEN." Sin embargo, manifestó que todavía tendrá que esperarse a la resolución definitiva que habrá de emitir el comité establecido.

Detalló que son varios los artículos del reglamento de sanciones que son susceptibles de ser utilizados por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, y que ello dependerá, fundamentalmente, del dictamen del CEN.

Luis Miguel Barbosa, Verónica Distrain, Fredy Aguilar y Beatriz Hermosillo componen, junto con Moreno Bastida, la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, que será convocada en cuanto se emita el dictamen del comité ejecutivo.

RENATO DAVALOS, ENVIADO