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México D.F. Viernes 5 de marzo de 2004

Todo parece estar diseñado para encubrir a los responsables de los feminicidios, agrega

Propicia el gobierno ambiente de inseguridad por la impunidad en Juárez, considera ANAD

Estar bajo el escrutinio internacional ha ocasionado la disminución de los crímenes

En el caso de los homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez, la falta de transparencia en los procedimientos penales refleja la negativa del gobierno mexicano para asumir las investigaciones de tales crímenes como un deber jurídico propio, encaminado a conocer la verdad, establece la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). Para la organización, estos asesinatos han creado un clima endémico de inseguridad que ha significado subvertir el estado de derecho y, en la práctica, inhibir la gran mayoría de los derechos humanos de las mujeres, no sólo de esa región, sino de todo el país.

De ese modo, apunta la ANAD, todo parece diseñado para encubrir a los responsables: inobservancia en el inicio de los procedimientos judiciales para que los responsables sean castigados, la fabricación de culpables como práctica recurrente por parte del Ministerio Público, evidencias destruidas, investigaciones nunca realizadas y la imposibilidad de los familiares (de las víctimas) de acceder a los expedientes y coadyuvar de manera efectiva en las investigaciones.

Todo ello, no obstante que se ha creado una Comisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, así como una fiscalía especial federal.

Para la ANAD, que preside María Luisa Campos Aragón, resulta evidente que los asesinos de mujeres en Ciudad Juárez usan uniforme. "Uniformes maneras de matar y violar, uniformes estilos de levantar a sus víctimas, uniformes leyes y sistemas que les permiten mantenerse en la impunidad."

En el análisis que este grupo de abogados elaboró previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo lunes 8 de marzo, se enfatiza que el gobierno mexicano ha demostrado incapacidad para organizar su estructura y garantizar los derechos de las mujeres, y que un ejemplo evidente de ello es el feminicidio y las desapariciones forzadas que iniciaron hace más de 11 años en Ciudad Juárez.

Establece que el clima de impunidad derivado de esos hechos tiene sin duda sus raíces en la falta de acceso a la justicia de todas las mujeres, y que el aparato estatal, al no cumplir con su obligación de investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos, "actúa de modo que tal violación quede impune, por lo que puede afirmarse que está tolerando dichas violaciones''.

Para sustentar esa afirmación, la ANAD resalta que aunque se ha divulgado información sobre la participación de autoridades tanto municipales como estatales por estar directamente involucradas en la comisión de estos delitos, y de grupos ligados al narcotráfico y a la delincuencia organizada, así como las múltiples omisiones realizadas por las autoridades en las investigaciones de los crímenes, "pero hasta el momento los culpables siguen sin recibir castigo''.

Por lo mismo, no consideran excesivo preguntar si el hecho de que los asesinatos empezaron a disminuir a partir de que la atención internacional se dirigió a Ciudad Juárez, significa que los grupos que cometen los homicidios y son responsables de las desapariciones de mujeres se sintieron intimidados por la presión internacional o hubo algún pacto entre estos grupos y algunas autoridades para evitar que se siguiera afectando la imagen de los gobernantes en turno.

Por lo anterior, y ante el reclamo insatisfecho de justicia, la ANAD exige al gobierno mexicano el cumplimiento cabal de las recomendaciones hechas por parte de organizaciones internacionales y nacionales, y por el respeto del derecho irrenunciable a conocer la verdad.

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