Editorial
Por tercer año consecutivo, la Secretaría
de Educación Pública se niega a asumir el problema de los
embarazos adolescentes en las escuelas de educación básica.
A pesar de contar con presupuesto asignado desde hace tres años
por el Congreso de la Unión, las autoridades de Educación
no han desarrollado un programa de prevención de embarazos y apoyo
a estudiantes embarazadas para evitar que interrumpan sus estudios. No
se trata tan sólo de una actitud negligente por parte de las autoridades
educativas, sino de su rechazo a asumir una responsabilidad que las obligaría
a ir más a fondo en el terreno de la educación sexual. ¿O
de qué otra forma interpretar ese rezago en el diseño de
un programa específico?
Una situación similar la viven las niñas
que han sido expulsadas de sus escuelas por ser VIH positivas. Los medios
reportan tres casos en las últimas semanas. Gracias a los tratamientos
desarrollados, las niñas y los niños que nacieron con el
virus viven ahora muchos más años, y pueden, por ello, continuar
con su vida normal. Por esa razón están ingresando a las
escuelas como cualquier niño o niña. Sin embargo, la SEP
no cuenta tampoco, como en el caso de las adolescentes embarazadas, con
una política de apoyo que les permita integrarse sin conflictos.
Esta falta de atención revela que para la SEP la
presencia de una adolescente embarazada o una niña con VIH/sida
en las escuelas son elementos altamente perturbadores que, a falta de mejores
opciones, deben abandonar la escuela. Con esa actitud las autoridades educativas
no hacen mas que reforzar los estigmas que pesan sobre ambas situaciones
y contribuyen a la desprotección de las afectadas. Es tiempo ya
que la SEP asuma su plena responsabilidad en el terreno de la salud sexual
y reproductiva y de la prevención del VIH/sida, y deje de argumentar
supuestos problemas de competencia institucional para justificar su falta
de acciones.