México D.F. Jueves 4 de marzo de 2004
Las sospechas crecieron en la actual administración
Licitaciones poco claras y obras pagadas y no ejecutadas, la constante
DE LA REDACCION
El 29 de septiembre de 1999 empezó el interinato de Rosario Robles en la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Se consolidó entonces una red de empresas de la construcción ligadas al Grupo Quart, de Carlos Ahumada Kurtz, que hoy están siendo investigadas por su presunta participación en el fraude que por más de 31 millones de pesos se cometió en contra de las finanzas del GDF.
La relación entre Robles y el empresario -dueño de los equipos de futbol Santos y León, y del periódico El Independiente- fue documentada en diversos medios, sobre todo cuando el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, le quitó la opción de participar en la construcción del distribuidor vial San Antonio, debido a que sus empresas ''no reunían el perfil requerido para la obra''.
Además -de acuerdo con información recabada en el gobierno de la ciudad- desde el inicio de la gestión de López Obrador surgieron ''sospechas sobre el comportamiento'' del Grupo Quart y empresas relacionadas, máxime que se descubrió la realización de contratos con ''información no fidedigna''; procesos de licitación ''poco claros''; obras pagadas y no ejecutadas, y deficiencias en la construcción de diversas obras entregadas en algunas delegaciones.
Se abrió, desde entonces, una ''línea de investigación'' que se cruzó con la averiguación que se integró cuando en enero de este año se descubrió que seis empresas que participaron en el fraude de más de 31 millones de pesos en Gustavo A. Madero, están ligadas a Pagoza Urbanizadores y Constructores, cuyo administrador único es Antonio Martínez Ocampo, apoderado y socio de distintas compañías de Ahumada Kurtz.
Pagoza -a cuya cuenta bancaria fueron a parar 29 de los 31 millones de pesos defraudados- no sólo aparece en este caso. El 24 de diciembre de 2002, obtuvo un contrato para la regeneración de cavidades de alto riesgo en 21 puntos de Alvaro Obregón, gobernada entonces por el panista Luis Eduardo Zuno, detenido el 4 de julio de 2003 por introducción y tráfico ilegal de armas, usando el avión de una empresa que, según la averiguación que se integró, tiene el mismo domicilio que Quart.
Pero aquel 24 de diciembre de 2002 surgió más información sobre las constructoras de Ahumada y sus gestiones en Alvaro Obregón. Ese mismo día ganó otros dos contratos: el Grupo Quart, sin competencia, se adjudicó la licitación para conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica en 30 calles y avenidas de la demarcación, mientras que Cascata -también de Ahumada, como documentó ayer La Jornada- se hizo del contrato para la rehabilitación de taludes. Los tres contratos fueron multianuales, deben cumplirse a fines de 2005 y suman más de 270 millones de pesos.
Sobre el caso, el 26 de mayo de 2003, en su columna Astillero de esta casa editorial, escribió el periodista Julio Hernández López:
''(...) El empresario Ahumada Kurtz ha hecho fortuna concurriendo a la arena siempre bajo sospecha de contratismo, en especial haciendo negocios de construcción con gobiernos priístas, panistas y perredistas en delegaciones de la capital del país. No obstante la pluralidad de sus amistades, relaciones e intereses, ha acumulado sospechas y acusaciones de que la principal fuente de su actual prosperidad está en las cuantiosas asignaciones que recibió durante el trienio en que el Distrito Federal fue gobernado por Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles: en 1997, el Grupo Quart había facturado alrededor de 100 millones de pesos; en el trienio perredista esa suma fue multiplicada por cinco...''
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