Marchan más de 600 residentes de la localidad oaxaqueña en demanda de justicia

Exigen auditoría contra ex alcalde priísta de San Pedro Amuzgos

Acusan al gobierno y PRI estatales de hostigar a quienes demandan aclarar desvíos

VICTOR RUIZ ARRAZOLA CORRESPONSAL

San Pedro Amuzgos, Oax., 29 de febrero. Unos 600 residentes de esta localidad costeña marcharon por el centro de la cabecera municipal para exigir que "se haga una verdadera auditoría" al ex alcalde priísta Manuel Elpidio Hernández, a quien acusaron de desviar recursos del erario.

En nombre del Movimiento Popular de San Pedro Amuzgos, Jaime Valverde Figueroa dijo que con la movilización, además, se pretendió exigir al gobierno estatal y a los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) "que dejen de hostigarnos".

Valverde dijo que las banderas blancas que portaron los participantes durante la marcha fueron una señal de que "nuestra lucha es pacífica, es y será siempre por los medios legales, pero no por eso cesamos de exigir que se haga justicia en nuestro municipio".

En la protesta también participaron unos 30 taxistas a bordo de sus vehículos, en los que colocaron mantas con leyendas en las que pedían que se detuviera a los autores intelectuales de los homicidios de Arnoldo Peña Rojas, de 22 años de edad, y Alfredo Hernández Bernardino, de 49, ocurridos el 27 de febrero de 2003.

La marcha concluyó con un mitin frente al palacio municipal, donde el Movimiento Popular de San Pedro Amuzgos solicitó que se hagan "auditorías reales, visibles" a la administración local que encabezó Elpidio Hernández "para que los funcionarios municipales que desviaron recursos sean castigados conforme a derecho".

Los participantes en la marcha lanzaron consignas contra "los enemigos del pueblo". Asimismo pidieron "justicia, paz y progreso para San Pedro Amuzgos".

Valverde manifestó que el Movimiento Popular "cada día se está fortaleciendo y seguimos diciendo que no pararemos hasta alcanzar la paz en nuestra comunidad, porque ésta se trastocó desde que el PRI empezó a desviar recursos municipales y se remató con la muerte de dos de nuestros compañeros (Peña Rojas y Hernández Bernardino), algo que aún no se ha investigado a fondo".

En cuanto a los citados asesinatos, dijo que la Procuraduría General de Justicia del Estado "debe hacer bien su trabajo, detener a los autores intelectuales".