Francisco López Bárcenas

Los desaparecidos políticos: ayer y hoy

Justo cuando uno de los principales responsables de la guerra sucia de nuestro país está a punto de rendir cuentas ante la justicia mexicana, el tema de los desaparecidos políticos sigue dando de qué hablar, recordándonos que esas prácticas de represión política no son cosa del pasado, sino algo tan arraigado en los sótanos de la política mexicana, al grado de parecer difícil deshacerse de ella. Es cierto que ya no es tan descarada y masiva como en décadas pasadas, sino una excepción que se aplica de manera selectiva, cuando fallan otros mecanismos de control, pero no se puede negar que existe. Tampoco es posible afirmar que sólo sea obra de los cuerpos policiacos, porque su ejecución ahora también corre a cargo de grupos paramilitares o afines a caciques regionales dispuestos a cumplir esa tarea a cambio de protección y algunas canonjías que les proporcionan los grupos de poder.

Apenas el 24 de noviembre del año pasado los señores Fabián López Díaz, Omar López Díaz y Raymundo Jiménez Hernández, ejidatarios de San Pedro Yosotatu, en la mixteca oaxaqueña, fueron secuestrados por ejidatarios de San Sebastián Nopalera fuertemente armados, sin que a la fecha se conozca su paradero. El hecho sucedió cuando los secuestrados se encontraban recogiendo su cosecha en sus tierras. Desde esa fecha las autoridades de San Pedro Yosotatu y los familiares de los desaparecidos han recorrido cuanta oficina de los gobiernos federal y estatal han podido, con el objetivo de encontrarlos, sin que en ninguna hayan tenido una respuesta positiva; sólo promesas que se estrellan en la impunidad de que gozan los agresores, amparada en la omisión de las autoridades encargadas por ley de brindar seguridad a los ciudadanos y aplicar la ley a quien con sus actos la transgrede.

La última gestión que realizaron fue entrevistarse con la esposa del primer mandatario para solicitarle su intervención, quien, aseguran, habló con el procurador general de la República para consultar si podía hacer algo y éste prometió encontrarlos. Pero a la fecha los familiares de los desaparecidos no saben si esa dependencia ha hecho algo o no por encontrarlos. Lo que sí saben es que el procurador de Justicia de Oaxaca declaró que existía la posibilidad de que los desaparecidos se hubieran marchado al extranjero y cuando sus familiares le solicitaron evidencia de ello prefirió guardar silencio. Decepcionados de tanta promesa gubernamental, junto con varias organizaciones decidieron instalar un plantón frente al palacio de gobierno de Oaxaca, para exigir que se instrumenten medidas eficaces para que sus compañeros aparezcan y se castigue a los responsables de su secuestro y desaparición. Pero en lugar de obtener una respuesta positiva a sus peticiones, lo que han logrado es desatar una serie de infundios surgidos de muy diversas partes para desacreditar su lucha: desde voces que afirman que los agresores fueron ellos y las tierras que defienden son de los sus contrarios, hasta otras que sin rubor aseguran que los manifestantes no tienen ninguna demanda concreta y que lo que buscan son beneficios personales.

Ese tipo de reacciones no son nuevas en el estado. Los funcionarios las esgrimen siempre que necesitan desacreditar las demandas de sectores inconformes que, cansados de gestionar por la vía burocrática, eligen la presión para defender sus derechos. El mismo gobierno mexicano ha tenido que recurrir a ellos ante las instancias internacionales, que a petición de los agraviados les han solicitado información del caso. Entre otras cosas, el gobierno ha dicho que ya instaló una base de operaciones mixtas para la seguridad de la región, que el problema se debe a la existencia de un añejo conflicto agrario y a la "situación política del estado", como si no fuera su obligación resolver ambos.

Pero si en otros casos las campañas de desprestigio han dado resultado en éste no lo tiene porque a los reclamantes les asiste la razón. Por eso sería más efectivo que el gobierno encauzara sus esfuerzos para que las personas secuestradas y desaparecidas aparezcan con vida, se castigue a los responsables materiales e intelectuales del secuestro y se resuelva el fondo del conflicto agrario entre las partes, para que la paz vuelva a la región.

Apostar a la simulación y a la impunidad, sólo beneficia a quienes de-sean que el conflicto continué sin solución porque les permite medrar con él. Y eso tarde o temprano afecta a todos. Además ése podría ser un signo de que las políticas del gobierno están cambiando y no se quedan en el discurso.