Respuesta a comunicadores que le exigían derogar las recientes reformas al Código Penal

No hay marcha atrás; en Chiapas se sancionará la difamación: Pablo Salazar

RODOLFO VILLALBA, ANGELES MARISCAL Y JUAN BALBOA CORRESPONSALES

Decenas de trabajadores de los medios de comunicación marcharon ayer en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, Chiapas, para demandar la derogación de las reformas aprobadas la semana pasada a los artículos 164 y 169 del Código Penal por el Congreso local. Los legisladores acordaron trasladar del ámbito civil al penal los delitos de difamación y calumnia, y sancionarlos con tres a nueve años de prisión y multa de 100 a mil días de salario mínimo.

Una comisión de comunicadores fue recibida por el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, quien advirtió que "no hay marcha atrás: si quieren acudan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o donde lo deseen, pero en Chiapas se sancionará penalmente el delito de difamación". Aún más, anunció que dicha ley entrará en vigor en tres meses.

Así respondió a la solicitud de los periodistas de que no publique las reformas en el Diario Oficial y que los litigios por la comisión de dicho delito se diriman en el ámbito civil, y no penal, como lo establece la declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Salazar Mendiguchía dijo que en Chiapas existen por lo menos mil 700 procesos penales por difamación y calumnia, y en sólo 27 están involucrados periodistas como demandantes o demandados. Por lo anterior, señaló que no existe argumento válido respecto de que los reporteros se sientan directamente agraviados con las reformas.

Por lo anterior, sostuvo que su administración "no tiene la pretensión de despenalizar este delito, las reformas tienen que avanzar. No lo vamos a vetar ni vamos a dejar de publicarlo en el Diario Oficial".

Inclusive propuso a los periodistas que interpongan una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, "o donde quieran. Estamos dispuestos a corregir si la SCJN nos lo pide. En eso sí tenemos toda la disposición, pero no daremos marcha atrás en esas reformas", dijo Salazar.

Acompañados por representantes de organizaciones sociales, además del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro Raúl López Hernández, los manifestantes también se dirigieron al Congreso local, donde entregaron una carta para solicitar la derogación de estas reformas.

En Tapachula, un grupo de reporteros, corresponsales, camarógrafos, columnistas y fotógrafos marcharon para rechazar las reformas y adiciones al Código Penal.

Con tapabocas, los trabajadores iniciaron un mitin ante la efigie a Fray Matías de Córdova, donde se leyó un manifiesto de protesta dirigido a la sociedad, a los diputados locales y al gobierno estatal.

Los periodistas hicieron hincapié en que no quiera impunidad, pero sí una ley justa, con legisladores conscientes de su responsabilidad, para favorecer la crítica