Ortiz y Eduardo Fernández soslayaron la reducción del costo fiscal: ex vocal del IPAB

La junta de gobierno del Fobaproa "optó por la ilegalidad"

ISRAEL RODRIGUEZ

Entre hacer cumplir la ley o reducir el costo fiscal del rescate bancario, la junta de gobierno del Fobaproa, encabezada por Guillermo Ortiz y Eduardo Fernández, secretario de Hacienda y presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 1995, respectivamente, optó por la ilegalidad, según revela parte de las memorias de Bernardo González Aréchiga, ex vocal de la junta de gobierno del IPAB, dadas a conocer ayer en el foro México después del 2 de julio y el mundo actual, con el tema El conflicto por los pagarés del Fobaproa, organizado por la La Jornada y la Casa Lamm.

Roberto González Amador, periodista de La Jornada especializado en temas financieros y económicos, afirmó que más allá de las cifras y de la inconstitucionalidad de las medidas adoptadas para sacar a la banca de la crisis, precisó que el monto de transferencia de recursos de los contribuyentes para mantener a flote a los bancos desde 1995 a septiembre de 2003 ha sido sólo para el pago de intereses de 284 mil millones de pesos.

Para dimensionar esta cantidad, González Amador señaló que este monto representa más de la mitad de los recursos necesarios para financiar los requerimientos de infraestructura eléctrica hasta 2010.

En su oportunidad, la doctora Eugenia Correa, catedrática de la Facultad de Economía e integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, mencionó que el rescate bancario propició la entrada de la banca extranjera, debido que las corredurías internacionales diseñaron el programa de apoyo a los banqueros. El retroceso en la economía mexicana por la pesada carga de los pagarés Fobaproa se evidencia cuando se observa que en 2003 el gasto para éstos representó 25 por ciento del PIB.

Afirmó que en 2003 se canalizaron al pago de intereses de la deuda del Fobaproa-IPAB más de 30 mil millones de pesos, cifra que significa el doble del presupuesto de la UNAM. Prácticamente 13 por ciento del presupuesto público se destina al pago de intereses de la deuda bancaria. Asimismo, mientras los bancos, ahora en su mayoría extranjeros, no prestan, el 55 por ciento de su cartera total está integrada por los bonos Fobaproa- IPAB.

La investigadora especialista en temas bancarios sostuvo que la intención de elevar la tasa de IVA tiene el propósito de canalizar mayores recursos para cubrir el servicio de la deuda asumida por el rescate bancario.

Mario di Constanzo, asesor del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró por su parte que ante la revelación de Bernardo González, ex vocal del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), el rescate nació con vicios y múltiples violaciones a la Constitución.

El especialistas recordó que el 21 de abril de 2003 Bernardo González entregó al entonces presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Manuel Galán Jiménez, sus memorias de labores, en las que refiere el siguiente párrafo que dice: "A raíz de la crisis bancaria de 1995, nosotros tuvimos que escoger entre cumplir la ley o reducir el costo fiscal. Optamos por reducir el costo fiscal. Espero que ustedes también tengan la capacidad de hacer lo propio cuando le llegue el momento..."

Lo anterior, dijo el también ex secretario técnico de la Comisión para Investigar el Fobaproa de la 57 Legislatura, demuestra que se optó por la ilegalidad. Además, señaló que en la exposición de motivos de la ley del IPAB se afirma que la asunción de las obligaciones solidarias en los contratos de compra de cartera, al igual que el aval otorgado en los pagarés que documentan tal compra de cartera, y las operaciones derivadas del programa de saneamiento financiero, se hicieron al margen de la Constitución.

Aseguró que bancos como Banamex, Bancomer, Bital, ahora HSBC, y Banorte nunca debieron de haberse incluido en el programa de compra de cartera, porque superaban el nivel mínimo de capitalización exigido por las autoridades para poder ser susceptible de beneficiarse de este esquema.

Además algunos de estos bancos incluyeron cartera relacionada, incobrable o chatarra, situación que no estaba permitida que asciende a más de 93 mil millones de pesos.

Aseveró que: "Ni el PRI ni el PAN quieren investigar a fondo el Fobaproa", porque en el él aparecen nombres como el de Vicente Fox, Francisco Labastida, además de los grupos económicos más importantes que tenían la solvencia económica para poder pagar, pero no lo hicieron, como fue también el caso de Tv Azteca.

A su vez, la maestra Ifigenia Martínez, integrante del consejo político del PRD y ex legisladora, propuso regresar a un sistema de banca mixta en la que haya bancos privados y bancos nacionales que privilegien el financiamiento y el desarrollo de la planta productiva local.

Afirmó que México debe contar con un verdadero sistema bancario, que cumpla con la función de financiar a la planta productiva y no viva del erario por medio de los pagarés Fobaproa-IPAB.