Urge efectuar reformas para frenar el tráfico de influencias, afirman

Exigen legisladores investigar de manera exhaustiva actividades del Niño Verde

Ecologistas califican de "traición a la lucha ambientalista" las acciones del senador

Diputados federales y senadores de PRI, PRD, PAN y PT se pronunciaron en favor de una investigación "exhaustiva" en torno a las actividades probablemente ilícitas del dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González Martínez, y revivieron el tema que tienen pendiente de resolver: la posibilidad de legislar para frenar el tráfico de influencias, tanto de legisladores como de funcionarios.

Organizaciones ecologistas, por su parte, calificaron de "escándalo y traición a la lucha ambientalista" la negociación en que fue descubierto el líder del PVEM, por lo que exigieron al gobierno federal abrir una investigación sobre los permisos entregados a inmobiliarias durante los pasados dos años en Cancún, Quintana Roo, ciudad gobernada por el también militante verde Juan Ignacio García Zalvidea.

Por parte de la directiva nacional del PRI fue tibia la defensa a sus verdes aliados. En breve entrevista, Roberto Madrazo Pintado se negó a comentar sobre el asunto hasta conocer la versión de González Martínez. "No vamos a adelantar vísperas. Vamos a esperar que fije su posición. Esperaremos que él dé su versión a los medios", indicó.

No obstante, su correligionaria Beatriz Paredes Rangel precisó que su partido sí "revisará, región por región, si se continúa o no con las uniones estratégicas" con el Verde Ecologista. En la presentación del libro El lobbying en México, la ex coordinadora parlamentaria del PRI aseveró que no se trata de romper totalmente y de tajo la relación con los verdes, toda vez que las alianzas no son de personas, sino entre partidos.

En tanto, el presidente del Senado de la República, el también priísta Enrique Jackson, manifestó que ese órgano legislativo no intentará poner un velo sobre el asunto; sin embargo, pidió a los medios de información no propiciar "un linchamiento previo, pues no podemos anticipar las cosas y de antemano emitir una condena sobre algo que todavía no tenemos los elementos suficientes. Hay que esperar las investigaciones de la autoridad".

Entrevistado en el contexto de la ceremonia por el Día de la Bandera, en el Campo Marte, Jackson rechazó hablar sobre la acusación de González Martínez de que la difusión del video que lo delata negociando un permiso a cambio de 2 millones de dólares tiene tintes político-electorales. "Estamos en tiempos políticos en los que hay que cuidarse mucho, pero también hay que tener una gran exigencia para que todas las cosas sean claras", destacó.

Lamenta el PAN que escándalos dañen la política mexicana

Luis Felipe Bravo Mena, dirigente nacional del PAN, por separado se expresó en el mismo tenor que Jackson. Lamentó que la política mexicana se vea dañada por un escándalo como el que involucra a González Martínez. En entrevista, en la sede de su partido, descartó que la Presidencia de la República esté involucrada en ese caso. "Esas no son las formas ni el estilo ni la cultura política del gobierno del presidente Fox", subrayó.

En Michoacán, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel simplemente señaló: "el video es claro y más que elocuente. Habla por sí mismo".

Mientras tanto, en Quintana Roo, el mandatario estatal, Joaquín Hendricks Cisneros, abundó sobre el tema. Dijo que pedirá a las autoridades del ayuntamiento de Cancún que se realice una investigación a fondo. Otro gobernante estatal, el panista Francisco Garrido Patrón, de Querétaro, se sumó a la condena, toda vez que "ningún dirigente político debe incurrir en el delito de tráfico de influencias ni escudarse en el fuero constitucional para llevar a cabo prácticas ilícitas y proveerse de algunos cuantos millones de dólares".

Legislar contra el tráfico de influencias, tema pendiente

En el Senado de la República, priístas y perredistas aceptaron que el caso del Niño Verde obliga al Congreso a legislar para poner freno al tráfico de influencias.

Alejandro Gutiérrez y Eduardo Ovando, del PRI, y Raymundo Cárdenas y Demetrio Sodi, del PRD, recordaron que hay varias iniciativas sobre ese tema que deben sacarse de la congeladora para ser dictaminadas y acabar con prácticas como la atribuida a González Martínez.

Sodi resaltó que, independientemente de que no se haya concretado el soborno, se trata de un acto de corrupción, restando así validez a las explicaciones del dirigente del PVEM. "Un legislador no puede prestarse, ni por juego ni por estrategia política, a ese tipo de cosas", puntualizó.

Cárdenas advirtió, por su parte, que el caso "constituye la más enérgica y preocupante llamada de atención al Poder Legislativo, cuya respetabilidad podría ponerse en juego si no se actúa con energía para cortar de tajo los espacios de impunidad" y acotar los márgenes para las presiones e influencias políticas.

En tal sentido, propuso retomar las iniciativas que al respecto existen en el Senado, además de reglamentar el cabildeo en el Congreso, ya que el actual "vacío jurídico" en la materia "sólo favorece la compra de votos en ambas cámaras".

El priísta Alejandro Gutiérrez coincidió en ello y señaló que es urgente que el Senado dictamine las iniciativas encaminadas a evitar que los legisladores incurran en corruptelas.

Por separado, el panista Héctor Larios lamentó que el Congreso no cuente siquiera con un reglamento para llamar a cuentas a aquellos diputados o senadores que en lugar de dedicarse a la tarea para la que fueron electos acudan a actividades ilegales para enriquecerse.

En favor de esa propuesta se sumó el coordinador de los diputados federales del PRD, Pablo Gómez Alvarez, al sostener que se deben fijar normas de comportamiento y honorabilidad para los legisladores, ya que ningún congreso en el mundo acepta que uno de sus miembros esté involucrado en acciones de cohecho y "tampoco que otro litigue (en alusión al panista Diego Fernández de Cevallos) contra el Estado y cobre como senador".