La Jornada

Difícil tipificar los presuntos delitos de tráfico de influencias, apunta el procurador

Macedo titubea; anuncia que se hará un análisis jurídico sobre el Niño Verde

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, ordenó al Ministerio Público Federal el inicio de un análisis jurídico para determinar si el senador y dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González Martínez, incurrió en algún acto delictivo, luego de que el pasado lunes se hiciera público un video en el que se pone al descubierto la presunta intención del legislador de obtener 2 millones de dólares a cambio de su intervención para conseguir un permiso para la construcción de un desarrollo turístico en Cancún, Quintana Roo.

Sin embargo, el procurador precisó que conforme a lo que se observa en el video resulta difícil tipificar los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, debido a que son actos ilícitos de resultado material, y ''en este caso no hubo ejecución de esas conductas delictivas, es decir, no hubo materialización de las mismas''.

Asimismo, agregó que el análisis que realizará sobre el asunto el Ministerio Público Federal -que podría resultar en el inicio de un acta circunstanciada e incluso en la integración de una averiguación previa- deberá ser detallado, porque ''no sólo es el tema específico de la comisión de delitos, es la conducta, y esa conducta debe ser analizada con cuidado''.

Entrevistado en el Campo Marte, después de la ceremonia conmemorativa del 183 aniversario del Día de la Bandera, el titular de la PGR fue cauto al responder a los reporteros sobre el caso del senador del PVEM, porque ''es un tema delicado y se debe evitar caer en especulaciones''.

Como se recordará, el lunes fue difundido en varios medios electrónicos, y ayer se reprodujo en diarios de circulación nacional, la conversación entre González Martínez y un supuesto representante de empresarios canadienses.

En el video se aprecia que el senador aceptó una oferta de 2 millones de dólares, hecha por un grupo de empresarios que tienen entre sus planes la construcción de hoteles, campos de golf y una terminal para contenedores en Playa Blanca y Puerto Morelos -en el corredor turístico de Cancún-, en el municipio Benito Juárez, Quintana Roo. El pago al llamado Niño Verde se haría una vez que obtuviera del municipio Benito Juárez, gobernado por su correligionario Juan Ignacio García Zalvidea, ''los permisos'' para el inicio de esos proyectos.

Ante ello, Macedo indicó que la PGR se mantendrá a la espera de alguna denuncia relacionada con esos hechos, porque ''ahora estamos en manos de la opinión pública, aunque entiendo que la Comisión Permanente ya tomó cartas en el asunto y va a haber un análisis sobre la conducta del legislador, pero no podemos adelantar juicios''.

-Creo que debemos ser cuidadosos en el pronunciamiento. Merece ser revisada su actuación para ver si es reprochable en todos los puntos de vista, pero hay que tener ahora tranquilidad.

-ƑPero hay indicios de presunta responsabilidad del legislador en algún delito?

-Yo en este momento lo que veo es un análisis y el Ministerio Público me indicará en su momento si los elementos que están integrados consideran ser motivo de una acta circunstanciada o en su oportunidad de una investigación.

Después de una ''reunión extraordinaria'' de los nueve consejeros que integran el Instituto Federal Electoral (IFE), se decidió que este órgano inicie una investigación en torno al caso del Partido Verde y su presidente, Jorge Emilio González. En una primera etapa se solicitará información a la Procuraduría General de la República para verificar si ''hay o no violaciones'' al código electoral en vigor.

En el instituto también se conoció que este órgano, mediante un oficio del 20 de febrero pasado -una semana después de que aprobara los nuevos estatutos de los verdes-, aún no tenía conocimiento de la integración de la Comisión de Honor y Justicia, órgano fundamental interno partidista para la vigilancia de los derechos de los militantes.

Paralelamente, ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la disidencia del PVEM, encabezada por José Luis Amador, apeló de la resolución del IFE, dictada el pasado 13 de febrero, bajo el argumento jurídico de ''inejecución de sentencia'' del tribunal 021/2002, en la que ordenó al instituto instruyera al Verde para que modificara sus estatutos, pues no cumplían principios democráticos.

En el planteamiento de Amador se pide la remoción del consejero electoral Marco Antonio Gómez, que hace años fue asesor de Jorge Emilio González, hoy presidente del Partido Verde. También solicita la separación de su cargo de González y solicita una amonestación al IFE, por haber incurrido en un criterio ambiguo al ''aprobar'' los estatutos, pero mantenerlos en suspenso por 30 días ''hasta que se cumpla con ciertas modificaciones'' que fueron ordenadas entonces.

Las declaraciones de los distintos consejeros electorales -Arturo Sánchez y Andrés Albo-, que ayer sesionaron para analizar el caso, coincidieron en que ''habrá que esperar'' hasta que el IFE pueda ''allegarse más información'' y determinar si hubo o no violación al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Con alusiones sin mucha profundidad, los artículos 38 y 39 de este código aluden a las obligaciones de los partidos y a las eventuales sanciones.

En el artículo 38 se establecen como deberes la conducción de actividades ''dentro de los cauces legales'', y ajustar la conducta partidista y la de los militantes a los ''principios del Estado democrático''. El numeral 2 del artículo 39 sólo refiere que las ''sanciones administrativas'' se aplicarán por el Consejo General del IFE con independencia de las responsabilidades civil o penal que, en su caso, pudieran exigirse en los términos de la ley a los partidos, agrupaciones, dirigentes y candidatos.

Después del encuentro, que se prolongó varias horas, en un comunicado el IFE condenó ''enérgicamente'' los actos de corrupción en todos sus ámbitos, pues se trata de conductas que debilitan la democracia, el estado de derecho y la confianza ciudadana. Externa su preocupación por los ''posibles'' hechos ilegales cometidos por integrantes de los partidos y reitera su compromiso de vigilar que sus actividades se lleven a cabo con respeto a la ley.

En lo referente al ''presunto acto de corrupción'' del presidente del Partido Verde Ecologista de México, el IFE, en apego a sus atribuciones, tomará las acciones indispensables para allegarse la información que le permita establecer si se violó o no el código electoral.

Desde muy temprano, la dirigencia y la asesoría jurídica del Partido Verde Ecologista de México decidieron un ''plan de control de daños'' para paliar en lo político los efectos del escándalo en el que está envuelto Jorge Emilio González.

''Se sugiere apoyar la idea de que se tenía conocimiento de lo que se tramaba con el ofrecimiento de dinero, y que así se pudiera descubrir quién era el artífice de la maquinación. De esta forma se exoneraría ante la opinión pública cualquier probable responsabilidad de un ilícito'', se advierte en un escrito que ayer tenían los otros cuatro senadores, compañeros del llamado Niño Verde.

La senadora Sara Isabel Castellanos comentó que había ya un plan de control de daños políticos y ratificó su apoyo a Jorge Emilio González, ''como militante y como fundadora del partido'', y la certeza de que ''pobrará su inocencia''.

En el documento se resalta que ''no se le podría imputar, ni siquiera con calidad de tentativa, delito alguno al senador'' González Martínez, toda vez que ''el video difundido por los medios sólo demuestra la plática que sostuvo con el presunto empresario, y no se tiene conocimiento de que haya hecho uso de ningún recurso para coaccionar a las autoridades correspondientes para el otorgamiento de algún tipo de permiso''.

No puede configurarse el delito de tráfico de influencias, previsto en el artículo 221 del Código Penal Federal, ni tampoco el de tentativa, dispuesto en el artículo 12 del mismo ordenamiento, que son dos cargos que ''se le pudieran imputar al senador''.

El plan de control de daños en el aspecto político no fue puesto en práctica al pie de la letra por todos los legisladores del Verde Ecologista. Así, la senadora Sara Isabel Castellanos comentó que está segura de que ''Jorge Emilio no estaba enterado, pero luego de tanta insistencia de esta persona -el supuesto empresario con el que habla en el video-, se dio cuenta de que era un cuatro''.

Exigen legisladores investigar de manera exhaustiva actividades del Niño Verde

Ecologistas califican de "traición a la lucha ambientalista" las acciones del senador

Diputados federales y senadores de PRI, PRD, PAN y PT se pronunciaron en favor de una investigación "exhaustiva" en torno a las actividades probablemente ilícitas del dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González Martínez, y revivieron el tema que tienen pendiente de resolver: la posibilidad de legislar para frenar el tráfico de influencias, tanto de legisladores como de funcionarios.

Organizaciones ecologistas, por su parte, calificaron de "escándalo y traición a la lucha ambientalista" la negociación en que fue descubierto el líder del PVEM, por lo que exigieron al gobierno federal abrir una investigación sobre los permisos entregados a inmobiliarias durante los pasados dos años en Cancún, Quintana Roo, ciudad gobernada por el también militante verde Juan Ignacio García Zalvidea.

Por parte de la directiva nacional del PRI fue tibia la defensa a sus verdes aliados. En breve entrevista, Roberto Madrazo Pintado se negó a comentar sobre el asunto hasta conocer la versión de González Martínez. "No vamos a adelantar vísperas. Vamos a esperar que fije su posición. Esperaremos que él dé su versión a los medios", indicó.

No obstante, su correligionaria Beatriz Paredes Rangel precisó que su partido sí "revisará, región por región, si se continúa o no con las uniones estratégicas" con el Verde Ecologista. En la presentación del libro El lobbying en México, la ex coordinadora parlamentaria del PRI aseveró que no se trata de romper totalmente y de tajo la relación con los verdes, toda vez que las alianzas no son de personas, sino entre partidos.

En tanto, el presidente del Senado de la República, el también priísta Enrique Jackson, manifestó que ese órgano legislativo no intentará poner un velo sobre el asunto; sin embargo, pidió a los medios de información no propiciar "un linchamiento previo, pues no podemos anticipar las cosas y de antemano emitir una condena sobre algo que todavía no tenemos los elementos suficientes. Hay que esperar las investigaciones de la autoridad".

Entrevistado en el contexto de la ceremonia por el Día de la Bandera, en el Campo Marte, Jackson rechazó hablar sobre la acusación de González Martínez de que la difusión del video que lo delata negociando un permiso a cambio de 2 millones de dólares tiene tintes político-electorales. "Estamos en tiempos políticos en los que hay que cuidarse mucho, pero también hay que tener una gran exigencia para que todas las cosas sean claras", destacó.

Luis Felipe Bravo Mena, dirigente nacional del PAN, por separado se expresó en el mismo tenor que Jackson. Lamentó que la política mexicana se vea dañada por un escándalo como el que involucra a González Martínez. En entrevista, en la sede de su partido, descartó que la Presidencia de la República esté involucrada en ese caso. "Esas no son las formas ni el estilo ni la cultura política del gobierno del presidente Fox", subrayó.

En Michoacán, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel simplemente señaló: "el video es claro y más que elocuente. Habla por sí mismo".

Mientras tanto, en Quintana Roo, el mandatario estatal, Joaquín Hendricks Cisneros, abundó sobre el tema. Dijo que pedirá a las autoridades del ayuntamiento de Cancún que se realice una investigación a fondo. Otro gobernante estatal, el panista Francisco Garrido Patrón, de Querétaro, se sumó a la condena, toda vez que "ningún dirigente político debe incurrir en el delito de tráfico de influencias ni escudarse en el fuero constitucional para llevar a cabo prácticas ilícitas y proveerse de algunos cuantos millones de dólares".

En el Senado de la República, priístas y perredistas aceptaron que el caso del Niño Verde obliga al Congreso a legislar para poner freno al tráfico de influencias.

Alejandro Gutiérrez y Eduardo Ovando, del PRI, y Raymundo Cárdenas y Demetrio Sodi, del PRD, recordaron que hay varias iniciativas sobre ese tema que deben sacarse de la congeladora para ser dictaminadas y acabar con prácticas como la atribuida a González Martínez.

Sodi resaltó que, independientemente de que no se haya concretado el soborno, se trata de un acto de corrupción, restando así validez a las explicaciones del dirigente del PVEM. "Un legislador no puede prestarse, ni por juego ni por estrategia política, a ese tipo de cosas", puntualizó.

Cárdenas advirtió, por su parte, que el caso "constituye la más enérgica y preocupante llamada de atención al Poder Legislativo, cuya respetabilidad podría ponerse en juego si no se actúa con energía para cortar de tajo los espacios de impunidad" y acotar los márgenes para las presiones e influencias políticas.

En tal sentido, propuso retomar las iniciativas que al respecto existen en el Senado, además de reglamentar el cabildeo en el Congreso, ya que el actual "vacío jurídico" en la materia "sólo favorece la compra de votos en ambas cámaras".

El priísta Alejandro Gutiérrez coincidió en ello y señaló que es urgente que el Senado dictamine las iniciativas encaminadas a evitar que los legisladores incurran en corruptelas.

Por separado, el panista Héctor Larios lamentó que el Congreso no cuente siquiera con un reglamento para llamar a cuentas a aquellos diputados o senadores que en lugar de dedicarse a la tarea para la que fueron electos acudan a actividades ilegales para enriquecerse.

En favor de esa propuesta se sumó el coordinador de los diputados federales del PRD, Pablo Gómez Alvarez, al sostener que se deben fijar normas de comportamiento y honorabilidad para los legisladores, ya que ningún congreso en el mundo acepta que uno de sus miembros esté involucrado en acciones de cohecho y "tampoco que otro litigue (en alusión al panista Diego Fernández de Cevallos) contra el Estado y cobre como senador".

(ANDREA BECERRIL, ROBERTO GARDUÑO, JOSE ANTONIO ROMAN, PATRICIA MUÑOZ, ALFREDO MENDEZ, ANGELICA ENCISO, FABIOLA MARTINEZ, GEORGINA SALDIERNA, Y LOS CORRESPONSALES DAVID SOSA Y ERNESTO MARTINEZ)

Para evitar que mediante el influyentismo los legisladores incurran en actos de corrupción, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en favor de una reforma para desaparecer el fuero constitucional.

Esto al comentar sobre la negociación del senador del PVEM Jorge Emilio González Martínez para ayudar a un grupo de empresarios canadienses a agilizar la aprobación de un proyecto en playas de Cancún, por lo cual recibiría 2 millones de dólares.

Explicó que el fuero es una figura que se utilizó en la primera mitad del siglo XIX para distinguir el fuero militar y el eclesiástico, pero, dijo, ya es tiempo de acabar con esas situaciones de excepción.

Sobre todo, señaló, para evitar que mediante el influyentismo se cometan actos de corrupción, que es el principal problema de México.

Al respecto, el diputado federal del PRD Manuel Camacho Solís consideró que una reforma debería acotar también el fuero del Presidente de la República, para que también pueda ser sujeto a posible juicio de responsabilidades, pues se trata de un sistema de protección que ya no es necesario en el país.

El alcalde del municipio Benito Juárez de Quintana Roo, Juan Ignacio García Zalvidea, aseguró que él se enteró "por la prensa" del presunto soborno en que habría incurrido el presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González Martínez, para gestionar, a cambio de 2 millones de dólares, el otorgamiento de permisos para desarrollos turísticos e industriales en Playa Blanca y Puerto Morelos, Cancún.

Así, el alcalde pevemista desmintió el argumento de González Martínez en el sentido de que no denunció los hechos porque ya había advertido a las autoridades municipales de esa irregularidad, y deslindó a su administración de favorecer a empresas o individuos con ese tipo de negocios.

Descartó que las autoridades municipales tengan "nexos" para apoyar al senador González Martínez "en sus asuntos personales", y consideró que la videocinta difundida a escala nacional "no es una imputación directa, porque falta claridad en el contexto", además de que "es evidente que fue editada, pero seguramente el senador lo explicará".

Expuso que "posiblemente le hayan puesto una trampa, pero él es quien tiene que aclararlo", y añadió que la videocinta en la que González Martínez habría aceptado incurrir en corrupción "no involucra" a la administración municipal, porque ésta "no trabaja para un partido político, sino para la ciudadanía".

El alcalde de Cancún aseguró que "nadie" se ha acercado al ayuntamiento "para buscar de manera ilegal favores en beneficio de individuos o empresas", y que si los hubiera, su administración "no se prestaría a esas situaciones".

-ƑMetería las manos al fuego por el presidente de su partido? -se le preguntó.

-No meto las manos en la lumbre porque no soy quesadilla. El que tiene que aclarar los hechos es el senador. Cada quien es responsable de sus propios actos.

En tanto, los regidores del PVEM en el ayuntamiento de Cancún, Huguette Hernández, Ludivina Menchaca, Baltazar Tuyub, Víctor Mena, Francisco Ku Chi, y la síndica Paula Martínez se deslindaron de toda negociación realizada por González Martínez, y advirtieron que él "seguramente" aclarará la situación. "Nosotros nunca hemos recibido de él línea para aprobar ningún proyecto", indicó.

Huguette Hernández, presidenta de la comisión de turismo del cabildo, sostuvo que se trata de una situación que el dirigente del partido "debe aclarar muy bien e ir hasta el fondo del problema". Paula Martínez señaló que la fracción pevemista del cabildo "no está aliada" ni con el dirigente nacional ni con el PRI. "Por lo tanto, Jorge Emilio debe preocuparse en esclarecer esta bochornosa situación, para que no involucre a los regidores", agregó.

A su vez, el alcalde de Isla Mujeres, el priísta Paulino Adame, dijo desconocer cualquier negociación y negó que su gobierno negocie permisos. Aseguró que nunca ha tenido tratos con González Martínez ni ha requerido de intermediarios para decidir qué proyectos se realizan en su municipio.

En Querétaro, por otra parte, el empresario Alberto Guzmán Juárez dio a conocer que los regidores del PVEM y del PRI en San Juan del Río, Armando Pimentel y Carlos Morales, respectivamente, le exigieron 150 mil pesos cada uno para "agilizar" trámites para el cambio de uso de suelo y construir conjuntos habitacionales en zonas industriales. El afectado presentó denuncia penal por cohecho con folio SJ/094/2004.

En un comunicado, la Presidencia de la República rechazó ''tajantemente'' las insinuaciones y señalamientos del presidente del Partido Verde, Jorge Emilio González, en el sentido de que el gobierno foxista habría sido parte de los actos de los que provienen las imágenes mostradas en diversos medios y que exhiben al senador en presuntos actos de corrupción.

Sostiene en el texto, dado a conocer por la noche, que en todo momento el gobierno federal ha dado muestras de su respeto hacia los partidos y ha mantenido con éstos una política institucional y apegada a la legalidad, trabajando a favor del diálogo, la conciliación y el acuerdo, sin conductas dudosas o golpes bajos.

''Estas han sido nuestras premisas éticas. En tal virtud sería incapaz de defraudar a las y los mexicanos acudiendo a prácticas que sólo pueden asociarse a la ausencia de principios y de compromiso ético'', luego de advertir que en su relación con el PVEM y con el resto de los partidos, ''nos hemos apegado estrictamente a la ley y a un comportamiento institucional, y así lo seguiremos haciendo''.

Por la tarde la Secretaría de Gobernación había negado participación alguna en la elaboración del video en el que se muestra a González sugiriendo el pago de 2 millones de dólares por la tramitación de permisos para diversas obras en Cancún, municipio Benito Juárez, gobernado por aquel partido

El subsecretario de Gobierno, Ramón Martín Huerta, advirtió que quien afirma está obligado a probar. En un breve comunicado, leído una hora después de que en la sede del PVEM el senador acusara directamente al gobierno foxista de pretender hacerse del control de la dirigencia de este partido, Martín Huerta rechazó cualquier tipo de difamación en este sentido. ''Esta administración no ha hecho ni hará uso indebido del aparato de inteligencia; ésta es nuestra divisa. No se vale que por dichos y rumores se empañe el trabajo y la relación con los partidos. No se vale que se use al gobierno como escudo''.

Convocó al dirigente del PVEM a que, de tener alguna prueba que sustente sus acusaciones, la exhiba y presente ante la autoridad correspondiente, luego de reiterar que el actual gobierno federal es transparente, respetuoso y abierto a los ojos de los mexicanos. Luego de leer este breve comunicado el funcionario no aceptó preguntas.