El móvil sería el lavado de 12 millones de dólares en un banco de Buenos Aires

Vinculan al cártel de Juárez en asesinato de una argentina, perpetrado en 2002

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 17 de febrero. Un dictamen del fiscal argentino Diego Molino Pica relacionado con el asesinato de una mujer de altos recursos económicos a fines de 2002, en un rancho de Pilar, provincia de Buenos Aires, cuyo crimen encubrió la propia familia y sectores diversos, entre políticos poderosos, policías, médicos y jueces, involucra al cártel de Juárez.

Molina Pico consideró en su informe que María Marta García Belsunce habría sido asesinada en medio de una discusión sobre dinero proveniente del narcotráfico, concretamente del cártel de Juárez. Uno de los acusados es el esposo de la víctima, Carlos Carrascosa, vinculado a los banqueros Carlos y José Rhom -el primero detenido y el segundo prófugo-, del Banco General de Negocios, que cerró en medio del escándalo y que eran no sólo lavadores de dinero, sino que se llevaron millones de dólares del país cuando fue impuesto aquí el llamado corralito, que congeló todos los depósitos bancarios.

El tema es tan pesado que vincula a Uruguay en este caso, y el propio presidente Jorge Batlle ha realizado gestiones en favor de estos banqueros ligados al ex presidente Carlos Saúl Menem, pero también al ex presidente estadunidense George Bush.

A fines de 1999 los hermanos Rhom hicieron una cena para reunir a Bush con el entonces presidente Menem, Jorge Batlle, Fernando de la Rúa, que ya era presidente electo y otros comensales.

Carrascosa fue quien impuso la versión de que su mujer murió en un accidente en el baño de su casa. La autoridad de la provincia se confundió más cuando el hermano de la asesinada, Horacio García Belsunce (periodista de ultraderecha), pidió a un poderoso comisario que "le quitara a la policía de encima", como consta en llamadas telefónicas rastreadas.

El caso alcanza hoy niveles inesperados, al conocerse el documento de 257 páginas del fiscal, quien logró reunir elementos probatorios sobre las comunicaciones que llevan directamente al cártel de Juárez y sus vínculos locales. Precisamente investigando el caso del lavado de 12 millones de dólares del cártel de Juárez en Argentina fue vinculada la contadora Irene Hurting, esposa del medio hermano de la víctima, John Hurting.

Mediante la computadora de María Marta, los investigadores llegaron hasta Vicente Fernández Ocampo, a quien la víctima y su esposo solicitaban que les sacara dinero del país para enviarlo a una cuenta a nombre de C. Carrascosa, al Northern Trust Intl Bank de Nueva York en diciembre de 2001, cuando esa operación estaba prohibida.

Además de amigo de la pareja, Fernández Ocampo estaba ligado a Michael Taylor y su esposa Nora Burgues, hermana de Laura Helena Burgues, a quien se acusóde testaferro del cártel de Juárez aquí.

La hipótesis del fiscal es que la víctima conocía los manejos dudosos de dinero, formaba parte o tenía noticias de las actividades mafiosas de su entorno. En algunas notas periodísticas se informó que María Marta no aceptó involucrar a la fundación Missing Children, según se lo habrían exigido, para encubrir ese dinero y que esto la llevó a la muerte. "El interés económico del conocimiento de secretos, por lo que pudo ser sancionada María Marta, eran suficientemente poderosos como para mover sumas cuantiosas de dinero para comprar conciencias, testigos, abogados, funcionarios y todo el abanico de posibilidades que los recursos del narcotráfico y el lavado del cártel de Juárez puede conseguir", señala Molina Pico en su alegato.

Desde fines de los años 90 el paso del cártel de Juárez por Argentina y sus vinculaciones políticas, económicas y judiciales estuvieron en el centro de la información y las denuncias. Pero hubo silenciamientos desde el poder, por los lazos que unieron a altos funcionarios del ex presidente Menem.

El abogado de Carrascosa es Licinio Scelzi, el mismo que defendía a Ricardo Miguel Cavallo, ex marino argentino extraditado de México a España por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar (1976-1983).

Las revelaciones sobre el paso del cártel de Juárez, con inversiones en tierra y otros en el país, así como financiamiento de la campaña del cantante y ex candidato a vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) Ramón Palito Ortega en 1999, regresan a escena en momentos de fuertes exigencias por acabar con la impunidad.

El relato del fiscal señala que la hermanastra de la víctima, Irene Hurtig, era una especie de contadora del cártel de Juárez. El ex jefe de Interpol-México Juan Miguel Ponce Edmonson estuvo en Argentina varias veces siguiendo los rastros de la organización criminal, y todo esto fue revisado por Molina Pico. El cártel de Juárez operó en Argentina bajo diversas sociedades, entre ellas la financiera Mercado Abierto SA y el Banco General de Negocios (BGN), de los hermanos Rohm, ambos ligados al menemismo.

En las investigaciones hechas al amparo de la operación encubierta Casablanca se encontró el rastro de dinero del cártel de Juárez enviado a Argentina. El mecanismo era la cuenta abierta a nombre de Nicolás di Tulio, en Mercado Abierto. En esa cuenta se depositaron 12 millones de dólares provenientes del narcotráfico que se investigan aquí. En realidad el verdadero dueño de la cuenta que figuraba a nombre de Di Tulio era el mexicano Jorge Iñíguez, presunto integrante del cártel de Juárez. La sombra de esta organización criminal regresó así al país.