El Congreso debe reconocer la deuda de los pagarés y aprobar los recursos para su pago

Las operaciones del Fobaproa, legales, dice el Nacional Colegio de Abogados

Legisladores de PRI, PAN y PRD rechazan las conclusiones del estudio jurídico

VICTOR BALLINAS Y FABIOLA MARTINEZ

Al presentar en el Senado de la República las conclusiones de su estudio jurídico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el Nacional Colegio de Abogados subrayó que el Congreso de la Unión debe reconocer la deuda de los pagarés y aprobar los recursos para su pago en el presupuesto de 2005, que las operaciones fueron legales y que el no reconocer ese canje de deuda podría llevar al país a los paneles internacionales por incumplimiento.

Las fracciones parlamentarias de PRI, PAN y PRD rechazaron esas conclusiones y dejaron claro que ''si el Congreso no reconoce como deuda pública esos pagarés, no habrá obligación de cambio. La obligación del Congreso es apoyar la transparencia, el rendimiento de cuentas, el combate a la impunidad y la reducción del costo fiscal del rescate bancario''.

El estudio lo realizó el Nacional Colegio de Abogados a raíz del convenio de colaboración que suscribió con el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República; el 21 de agosto del año pasado, el presidente del Senado, el priísta Enrique Jackson, sugirió -entre otros- el tema del Fobaproa.

Durante la presentación de sus conclusiones el Nacional Colegio de Abogados aseguró que ''el programa de capitalización y compra de cartera no ha generado costo fiscal alguno; las observaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados no cuestionaron la validez de dicho programa, ni en su momento el de la deuda pública que se tenía que generar del vencimiento de los documentos''.

El colegio sostiene que Michael Mackey, en la auditoría realizada en 1998, halló créditos irregulares y ordenó que se fincaran las responsabilidades correspondientes, ''pero nunca manifestó la ilegalidad de los mismos'', y sugiere que ''en todo caso las nuevas auditorías que se están proponiendo, por no estar fundadas en el artículo quinto transitorio de la ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), deben ser previamente acordadas con las instituciones de crédito''.

El senador panista Fauzi Hamdan aseveró a los autores del estudio que ''mientras no se realice el canje para el reconocimiento de los adeudos asumidos indebidamente -originalmente por el Estado- de deuda pública, sin previa autorización del Congreso, no habrá obligación de pago de esos pagarés''.

Citó algunas de las muchas irregularidades: ''Dos de los cinco bancos sobrevivientes no eran aptos para beneficiarse de la compra de cartera; todos los créditos que le pasaron a la panza del Fobaproa son esquilmo, basura; tan es así que a siete años sólo se ha podido recuperar de esa cartera de pagarés 25 centavos de cada peso; hay un costo fiscal de 105 mil millones de pesos, y además los bancos ordenaron a los despachos que hicieron la auditoría no entregar al Congreso los documentos y papeles de trabajo''.

El coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega, sostuvo ante los autores del documento que no compartía los resultados del estudio, porque ''su conclusión es que prácticamente se llevó todo con legalidad y por tanto se debe hacer el intercambio de pagarés''.

Abundó que el IPAB está ordenando revisiones para ver cuánto hay que descontarles a los bancos de esos pagarés ilegales, en caso de que el país asuma esa deuda, y ''si implican recursos fiscales''.

La senadora priísta Laura Alicia Garza Galindo resaltó que ''nadie duda de las implicaciones fundamentales que tuvo el rescate bancario para que el país no corriera riesgos innecesarios. Hay que dejarlo muy claro: la no asunción de esa situación hubiera generado una brutal crisis para el país, quizá con costos mucho más altos de los que hoy se están pagando''.

No obstante, dijo, el Congreso debe apoyar la transparencia, el rendimiento de cuentas y la reducción del costo fiscal del rescate bancario. ''Sí ha habido costos fiscales para el país por esa operación'', resaltó. Igual que el senador panista, Garza Galindo insistió en que los despachos contratados por el auditor Michael Mackey deben entregar al Congreso los papeles para su revisión, porque ''es una obligación demandar la entrega de esos documentos''.