El "círculo íntimo" de amigos del gobernador morelense controla las decisiones de su administración y maneja la fuerza pública estatal para respaldarlas. Ese círculo lo forman los amigos de juventud del gobernador Sergio Estrada y funcionarios con tenebrosos antecedentes de violaciones a los derechos humanos. Ese círculo gobierna, denuncian en Morelos, para favorecer intereses económicos y los caprichos de un mandatario que, rebasado por los conflictos, ha vuelto la represión una norma. Aquí, un breve recuento de las acciones de un gobierno que mezcla la diversión y las macanas

Frente a los conflictos sociales, el gobierno panista ha preferido no tomarse la molestia de escuchar y dialogar con los inconformes (y si lo hace no cumple con los compromisos); por el contrario, les aplica la misma táctica que a los pobladores de Tlalnepantla: primero minimiza los problemas; después busca desprestigiar las protestas y sus demandas; y cuando se desborda la situación por acciones desesperadas de la gente, los reprime con la fuerza pública. En la mayoría de los casos, convierte las luchas sociales o políticas en tramas judiciales para intimidar a los disidentes.

Los amigos del gober

Al convertirse en gobernador de Morelos, Sergio Estrada no tenía antecedentes políticos, salvo haber sido alcalde de Cuernavaca. Hijo de una familia de abolengo local (su abuelo Vicente fue gobernador después de la Revolución y su padre, del PRI, fue presidente municipal interino de la capital), creció como junior: autos de lujo, francachelas con jóvenes de la “alta sociedad” local, afición por pilotear aviones y una zaga de “aventuras” en discotecas y bares.

Estrada Cajigal estudió hasta el tercer semestre la carrera de ciencias de la comunicación en la Ibero, lo curioso es que su título profesional es del Tecnológico de Monterrey. Siendo empresario de varios talleres mecánicos, en 1995 se afilió al PAN y dos años más tarde ganó el ayuntamiento de la ciudad. Colgado del “efecto Fox” y ayudado por el hartazgo social contra el PRI, Sergio Estrada ganó la gubernatura en las elecciones de 2000.

Como mandatario (al igual que Fox), hizo a un lado al panismo tradicional y conformó su gabinete con su círculo de amigos. Al más cercano, Eduardo Becerra Pérez, lo nombró secretario de Gobierno. Becerra es también dueño de varios talleres de autos, por lo que algunos periodistas locales refieren con ironía: “Son los amigos que llegaron del taller mecánico a la gubernatura”.

Estrada designó a su dentista como secretario de Salud. A otro amigo de la preparatoria, Alfonso Pedroza Ugarte (dueño de una casa de apuestas en la capital morelense), lo colocó al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Al poco tiempo, quizá para tener más tiempo para divertirse, Estrada entregó el control del gobierno al también inexperto Eduardo Becerra, que comenzó a aplicar la represión a los movimientos de protesta. Para cumplir esa tarea, nombró a Agustín Montiel como jefe de la Policía Ministerial, aunque en los hechos maneja la Procuraduría de Justicia.

Montiel tiene un negro historial en Guerrero, donde fue director del penal de Acapulco y de reclusorios. En esos cargos acumuló denuncias por violaciones a los derechos humanos de los presos, incluidas torturas, golpizas y violaciones. Por ese motivo recibió 13 recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos estatal, además de tres de la CNDH. Como jefe policiaco, la comisión morelense ya le hizo varias recomendaciones.

Jorge Messeguer, presidente estatal del PRD, participó en una comisión legislativa que investigó el pasado del jefe policiaco: “En Guerrero nos relataron cómo golpeaba a los internos, cómo los humillaba, incluso cómo, a menores de edad, los torturaba, metiéndolos en un horno de pan que se llamaba la ‘panuca’. A pesar de estos antecedentes, el gobernador lo sostuvo. Por eso Montiel encabezó el desalojo en Tlalnepantla”.

Las decisiones de gobierno las toman Estrada, Becerra y Montiel. En el segundo escalón de confianzas están el actual procurador de Justicia del estado, Guillermo Tenorio Avila (quien también fue su compañero en la preparatoria); el secretario de Seguridad Pública, Sebastián Isunza, y Alfonso Pedroza, coordinador de asesores del gobernador.

Guillermo Tenorio, Alfonso Pedroza y el mismo gobernador son investigados por la Unidad Especial contra la Delincuencia Organizada de la PGR por presuntos vínculos con narcotraficantes como Vicente Carrillo y José Esparragosa El Azul.

El helicóptero del amor

“Cuando Sergio Estrada llega a la gubernatura, con su círculo íntimo comienza a administrar el estado como si fuera su empresa. No tenían experiencia política, no conocían el estado ni sus problemas. En poco tiempo se vio que el paquete les quedó grande”, describe Jaime Brito, subdirector de La Jornada Morelos.

El Congreso local se recuerda con sorna cuando los legisladores rechazaron su primer Plan Estatal de Desarrollo porque “parecía trabajo de secundaria y tenía hasta faltas de ortografía”. El documento había sido elaborado por su amigo de fiestas, Luis Camargo, dueño de una empresa de Gocarts y de varias compañías de hotlines.

El primer escándalo de su gestión estalló en los primeros tres meses: los llamados sergiobonos. Desde el gobernador hasta los directores generales se autoasignaron un aguinaldo de tres meses más un bono de productividad por sólo 90 días de trabajo. El regalito costó más de 10 millones de pesos del erario.

Al mismo tiempo se conoció que los nuevos funcionarios se habían incrementado el salario casi al doble. Hoy un secretario gana 70 mil pesos y el gobernador 120 mil. También trascendió que todo el gabinete compró lujosas camionetas con cargo a los contribuyentes.

El gobierno panista creó muchos puestos para colocar a sus allegados y formó una alta burocracia bien pagada, por eso buena parte del presupuesto estatal se va en gasto corriente. En contraste, el gobierno recortó recursos a la universidad estatal y al Hospital del Niño Morelense, al tiempo que destinaba 32 millones a reparar la pista del Aeropuerto Mariano Matamoros de Tetlama (esto último, dicen sus críticos, fue para poder practicar su pasatiempo favorito, la aviación).

Las frivolidades del gobernador alcanzaron su clímax con el caso del “helicóptero del amor”. El Ejecutivo local rentó una aeronave a una empresa privada (sin licitación pública), por el que paga 80 mil dólares mensuales, para combatir la delincuencia y auxiliar en casos de desastre. Pero el helicóptero en cuestión, como documentó la prensa local, ha sido utilizado por Sergio Estrada para visitar a sus “novias” en distintos municipios de la entidad.

En este tenor se inscribe la debilidad del gobernador por las pachangas. Es frecuente que a determinada hora, Estrada deje su oficina para cumplir con sus actividades festivas. Inclusive, mientras la policía desalojaba la alcaldía de Tlalnepantla, el 13 de enero pasado, Estrada aceptó que se encontraba en un convivio familiar (esa noche, también se vio al secretario de Gobierno tomando copas en un bar).

Una de las celebraciones más famosas de Estrada (después de su reciente boda) ocurrió en los primeros días de su gestión, cuando organizó una fiesta de disfraces en la casa de Gobierno, a la que asistió vestido de Drácula (los medios locales bautizaron el episodio como la “fiesta de Chiquidrácula”).

Otra anécdota muy conocida es el caso de la frustrada inversión que planeaban hacer en Morelos los indios oneida, originarios del estado de Nueva York, Estados Unidos.

Los oneida manejan exitosos casinos donde no se consume alcohol y querían abrir uno en el estado. Ya estaba todo amarrado, visitaron la entidad y se reunieron con el gobernador y los diputados. Para firmar el acuerdo, los oneida invitaron al mandatario a su tierra.

Estrada formó su comitiva con algunos diputados amigos, incluido alguno del PRD. Cuando llegaron a Nueva York, como la ceremonia protocolaria estaba programada para el otro día, se fueron de farra, misma que se prolongó hasta la mañana siguiente. Todavía bajo los efectos etílicos, la comitiva oficial llegó tarde a la cita (algunos iban todavía con la copa en la mano). Los oneida les impidieron la entrada y hasta estuvieron a punto de golpear a uno de los legisladores que se puso impertinente. Al final, no se firmó nada y la inversión nunca se concretó.

Hay otros casos de inversiones fracasadas, como el del Grupo Soriana, que no terminó de construir una tienda por conflictos con los comuneros de Ocotepec. Como presidente municipal, Estrada dio los permisos de construcción y quiso despojar a los campesinos de sus tierras pero éstos no se han dejado.

El historiador Víctor Hugo Sánchez sostiene que “los más importantes funcionarios, incluido el gobernador, ven el estado como un gran negocio. Muchos de ellos están metidos en la especulación inmobiliaria en Huitzilac, Yautepec y Temixco; buscan despojar a los pueblos de sus tierras, lo que ha generado conflictos”.

En el mismo sentido, es un secreto a voces que los vehículos del gobierno estatal se reparan y verifican –ilegalmente– en los talleres mecánicos de Becerra y Estrada.

La ineficiencia del gobierno morelense no conoce límites. Por ejemplo, mientras promueve con ahínco la construcción de 12 megatiendas de consumo, la Secretaría de Economía de la Federación informó que Morelos no ha presentado un sólo proyecto para el apoyo a la pequeña y mediana empresas.

Los intereses políticos y económicos también pesan en las decisiones del gobierno. Destaca el caso del grupo Covarra-Rivetex, cuyos dueños, Fabio Covarrubias (uno de los grandes beneficiados del Fobaproa) y Gabriel Hadad, son amigos del gobernador.

En el año 2000, Covarrubias y Hadad saquearon ilegalmente la empresa Confitalia, dejándola a punto de la quiebra, lo que causó el despido de 300 obreras, sin ninguna indemnización. Las trabajadoras se organizaron y como las autoridades estatales no atendían sus demandas, en 2001 bloquearon la autopista México-Cuernavaca la policía no tardó en desalojarlas violentamente. A la fecha, el conflicto continúa pero Covarra-Rivetex ya anunció el cierre de la fábrica de ropa.

Sin atender las demandas de las trabajadoras ni las denuncias por fraude, el gobernador propuso al Congreso pagar el rescate de la empresa, pero no se aceptó. Para rematar, hace unos meses nombró a Gabriel Hadad secretario de Desarrollo Económico.

“Es un gobierno que no tienen rumbo económico”, apunta el periodista Jaime Brito, y añade: “No hay proyectos ni obras públicas visibles. Ha sido un gobierno que ha ido de fracaso en fracaso mientras aumenta el desempleo, la migración, los problemas sociales, ambientales y el crecimiento urbano caótico”.

La represión como forma de gobierno

“Más que la ineficacia y la corrupción de este gobierno, lo que más indigna es su desprecio por las demandas sociales. Su falta de capacidad política y el uso de la fuerza para acabar con las protestas lo ha vuelto muy peligroso”, denuncia Juliana Quintanilla, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).

La soberbia con que se maneja le ha causado conflictos con muchos sectores de la sociedad, al grado de que el Congreso aún no aprueba el presupuesto estatal de este año.

“A los movimientos sociales –refiere Quintanilla– los enfrenta con la represión, utilizando a la Procuraduría como instrumento. En lugar de dialogar con los inconformes, les envía a la policía y los acusa de asonada, motín, rebelión, como ocurrió en Tlalnepantla”.

Así se ha procedido hasta ahora con las obreras de Confitalia, los trabajadores del Hospital del Niño Morelense, los ruteros, los policías estatales, las normalistas de Amilcingo, los ecologistas que defendieron el Casino de la Selva, los jubilados de Zacatepec, los habitantes de Temoac, Yautepec, Santa Catarina, Ocotepec, Amilcingo, Huazulco, Popotlán y Tlalnepantla. A esta lista se suman las intimidaciones a una decena de periodistas y líderes políticos locales.

En lo que va de su administración, Estrada ha ordenado más de 10 desalojos violentos y acumula más de mil 500 denuncias por abusos a los derechos humanos, según ha documentado la CIDHM.

“El gobierno estatal busca sembrar terror entre la población –subraya Jorge Messeguer–; confunde el estado de derecho con la defensa de sus intereses políticos. En cambio, cuando se enfrenta a la delincuencia organizada no actúa. Por ejemplo, en Huitzilac, donde hay tráfico de madera, drogas, robo de autos y secuestros, y donde el presidente municipal priísta impidió la entrada de la PFP, el gobierno no hizo nada”.

En este contexto, diputados locales de oposición y diversos grupos civiles demandan un juicio político contra el gobernador porque, como dijo uno de sus promotores, “ha demostrado que no tiene compromiso con el estado; ahora se va de luna de miel mientras la crisis de Tlalnepantla continúa. Más allá de la salida política en ese municipio debe investigarse a fondo cómo se utiliza la represión para ‘resolver’ los problemas sociales”.