![ls-tijeras](Images/ls-tijeras.jpg) | Antonio Medina Las expectativas de dar continuidad a la cobertura universal de medicamentos antirretrovirales a las personas que viven con VIH/sida e incrementar las acciones de prevención, así como garantizar la operación de los programas de género, corren el peligro de no cumplirse debido a que el presupuesto de Salud no se incrementó e incluso, en algunos casos, disminuyó. En declaraciones por separado, el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, y el diputado panista José Ángel Córdoba Villalobos, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, coincidieron en señalar que el presupuesto 2004 para el rubro de salud se vio afectado debido a que no se concretó la reforma fiscal propuesta por el presidente Vicente Fox. Para VIH/sida, la actual legislatura aprobó 368 millones de pesos para la compra de antirretrovirales, a los que se suman 53 millones para gastos de operación del Censida, con lo cual queda un presupuesto global de 421 millones de pesos, superior sólo en un millón de pesos al del año pasado. Pero con la inflación de este año, que se prevé sea de 4.5 por ciento, y el eventual aumento en el costo de los medicamentos, esa cantidad representa un decremento de dicho presupuesto en términos reales. De igual forma se vio afectado el presupuesto para programas de género, cuyo monto se redujo de 1.03 por ciento del gasto total en 2003 a 0.82 por ciento en 2004. Además, ocho programas para mujeres que el año pasado recibieron recursos etiquetados, ya no aparecen en el presupuesto de este año, como los de Prevención y Control del Cáncer Cérvico-uterino, de Atención a la Salud Materno Infantil y Arranque Parejo en la Vida. De esta manera, según apreciación de diputadas y activistas, el gobierno está endosando a las mujeres la factura de la crisis económica. En riesgo cobertura universal de tratamientos contra el sida El año pasado, la Secretaría de Salud proporcionó, según datos del Censida, medicamentos y atención a 7,121 personas que viven con VIH/Sida, que sumados a los 2,961 atendidos por los gobiernos estatales, suman 10,082. Esto es, se logró la cobertura universal de población no derechohabiente. Sin embargo, con el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión para este año ese logro ya no está garantizado, pues sólo se contempla dar continuidad a los tratamientos en curso y no alcanzará para cubrir a los 1,800 nuevos casos de sida esperados que requerirán de medicamentos este año. Gabriel Lara, analista económico del Centro de Análisis e Investigación Fundar, explica que la inexperiencia de los legisladores y la debilidad técnica de sus asesores ocasiona que los presupuestos se aprueben al vapor. "Hemos observado --dice-- que los diputados sólo palomean montos sin considerar factores como inflación, aumento de los costos de medicamentos, ampliación de programas o incremento de personas que requerirán atención médica. El área de salud requiere mayores recursos año con año, y eso no se refleja en la propuesta de presupuesto." El especialista añade que en países como Estados Unidos e Inglaterra la propuesta de ingresos y egresos federales llega a sus respectivos congresos a mediados de año, por lo que los diputados tienen seis meses para analizarla, discutirla y en su caso modificarla. "En ese medio año --agrega-- se da una dinámica de intenso cabildeo político en el que participan todas las dependencias gubernamentales, organizaciones civiles y los mismos legisladores. Al final, la propuesta original se modifica hasta en más de 50 por ciento. En México no sucede lo mismo. Por lo regular el jefe del Ejecutivo entrega su propuesta al Congreso y éste lo aprueba sin cambios significativos, pues en mes o mes y medio los diputados no tienen el tiempo de hacer un verdadero análisis." De acuerdo con la propuesta de las organizaciones civiles presentada a legisladores de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, basada en estimaciones del mismo Censida, se requerían 542 millones de pesos para mantener el logro de la cobertura universal de los tratamientos contra el sida. Esto es cien millones de pesos más a la cantidad aprobada. Con ello, detallaron, se lograría disminuir en 40 por ciento la mortalidad por ese padecimiento, reducir los ingresos a los hospitales y el número de días de hospitalización por persona y, por consiguiente, los costos de hospitalización, que bajarían 35 por ciento. Es decir, más que un gasto se trata de una inversión que significaría un ahorro significativo a largo plazo. En su planteamiento, las ONG proponían, además, aprobar otros 53 millones de pesos destinados a prevenir nuevas infecciones. Pero en este año, como el anterior, no se aprobó ningún presupuesto para prevenir la diseminación de la epidemia de VIH/sida. A las y los legisladores les faltó visión. Al respecto, Gabriel Lara apuntó: "el gobierno y los legisladores deben tener la suficiente visión política para darse cuenta de los beneficios que conlleva reducir las infecciones. No se puede eternizar un mismo presupuesto para atender a quienes ya atiende, más los que se incorporen cada año. Se debe tener una estrategia de disminución de nuevos casos para que poco a poco el monto de inversión en atención sea menor". Por su parte, en entrevista con Letra S, el diputado Ángel Córdoba Villalobos achacó a la falta de acuerdos en el Congreso sobre la reforma fiscal, el poco avance logrado en este rubro: "la reforma fiscal hubiera dado la posibilidad de que la demanda presupuestaria planteada por las organizaciones de lucha contra el sida se consiguiera; como no fue así, el presupuesto (para sida) solamente se mantuvo". No obstante, Julio Frenk Mora, secretario de Salud, asegura que la cobertura universal de tratamientos antirretrovirales no está en riesgo, ya que se destinarán 100 millones de pesos más para el VIH/sida provenientes del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, el cual incluye enfermedades como cáncer, problemas cardiovasculares, lesiones graves, rehabilitación y VIH/sida. Pero el problema es que los recursos de ese fondo solamente llegarán a quienes cuenten con dicho seguro. En presupuestos se rompen géneros La salud de las mujeres es uno de los rubros castigados en las asignaciones presupuestarias de este año. El gobierno federal, y en particular la Secretaría de Salud, no considera a la salud de las mexicanas una prioridad en sus programas de este año, o por lo menos la considera menos prioritaria que la salud financiera de los banqueros. Las organizaciones civiles Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, Salud Integral para la Mujer, Fundar y Consorcio para el Diálogo Parlamentario han dado seguimiento al gasto etiquetado para programas de mujeres desde hace cuatro años. En sus análisis del presupuesto actual encontraron que, comparado con el del 2003, el gasto destinado este año a la salud de las mujeres se redujo ¡un 60 por ciento! En carta enviada a las diputadas de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, alertan sobre esta reducción. El año pasado, explican, el gasto para la salud de las mujeres representó el 17 por ciento del gasto total de la Secretaría de Salud, pero este año sólo representa el 7 por ciento. En la propuesta de presupuesto enviada por el Ejecutivo este año, las partidas para programas específicos desaparecieron, entre ellos los de Prevención del cáncer cérvico-uterino y mamario (primeras causas de mortalidad femenina), Arranque Parejo en la Vida (atención a la salud materno infantil), y de No violencia y discriminación hacia las mujeres. El gasto total etiquetado para mujeres pasó de representar el 1.03 por ciento, en 2003, al 0.82 por ciento del Presupuesto total de Egresos de la Federación en el 2004. Al Hospital de la Mujer no se le asignó ni un centavo este año, cuando el anterior recibió 227 millones de pesos. "No sabemos si cuando se presente el presupuesto desagregado se le otorguen recursos, pues el hospital está en un proceso de descentralización y no se sabe si le corresponderá al Gobierno del Distrito Federal financiarlo o seguirá funcionando con aportaciones federales. Lo cierto es que en este momento no cuenta con presupuesto", explica a Letra S Concepción Martínez, del grupo Equidad y Género. Otra inconsistencia en el proyecto de presupuesto es el rubro denominado "Becas para adolescentes embarazadas", que para 2004 tiene asignados 10 millones de pesos. Llama la atención porque en los tres años anteriores recibió más de 40 millones de pesos por año, mismos que se devolvieron a la Federación porque la SEP, responsable de operar este programa, no los ejerció. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Diva Gastélum, informó a este suplemento que a principios de diciembre integrantes de esa comisión se reunieron con el doctor Roberto Tapia Conyer, subsecretario de Salud, para conocer dónde fueron colocados los recursos, a lo que respondió que ellos "tampoco alcanzan a ver dónde están". Ante esa respuesta, la diputada señaló que será arduo el trabajo de búsqueda del presupuesto. "Hay que empezar a etiquetar donde no está etiquetado y desagregar con perspectiva de género", dijo. Para ello ya iniciaron una serie de reuniones con la Mesa de Enlaces Federales del Inmujeres y con 14 de las comisiones de la Cámara, entre ellas la de Presupuesto y Cuenta Pública, pues "no podemos permitir la reducción del presupuesto porque afecta directamente a las mujeres". Consideró que como mínimo se deben mantener los presupuestos que se ejercieron durante el 2003 y criticó la acción del ejecutivo federal de "endosar la crisis económica a las mujeres". Frenk se lava las manos Ante la reducción del presupuesto para mujeres y la protesta de legisladoras y de organizaciones civiles, el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, transfirió la responsabilidad a la Cámara de Diputados, que debió otorgar recursos suficientes a los programas afectados, como el de Arranque Parejo en la Vida y el de cáncer cérvico uterino y de mama. El funcionario aseguró, al igual que en el caso del VIH/sida, que "los programas prioritarios de la Secretaría de Salud no serán sacrificados ante el escenario de austeridad", y se dijo "totalmente convencido" de que el anteproyecto presupuestal elaborado por la dependencia a su cargo es "responsable", aunque evadió responder si la etiquetación de los recursos afecta los planes, programas y proyectos de salud destinados a las mujeres. Lucía Pérez Fragoso, de la organización civil Equidad de Género, expresó a Letra S que si bien hubo falta de sensibilidad en la propuesta presupuestaria entregada por el presidente Fox y una defensa tímida de la Cámara de Diputados para mantener o aumentar los presupuestos para mujeres, hubo cuando menos tres nuevos rubros: uno destinado a la investigación de los asesinatos y desaparición de mujeres en todo el país, otro para beneficiar a mujeres en reclusión, y un tercero de apoyo a las mujeres migrantes en situación de maltrato. Lo anterior, precisó, fue el resultado de un arduo trabajo de las diputadas que conforman la Comisión de Equidad y Género. Por su parte, Daptnhe Cuevas, integrante de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, criticó severamente la falta de sensibilidad política y congruencia de los legisladores cuando revisan los presupuestos. Considero "ofensivo" para la ciudadanía que el gobierno se esfuerce por recortar programas de salud para las mujeres o personas que viven con VIH/sida, antes que pensar en recortar gastos administrativos, gastos de representación u otros que significan un exceso para la administración pública, en alusión al caso muy sonado del "embajador dormimundo". En contraste, el gobierno foxista ha favorecido a organizaciones conservadoras, de perfil asistencial, en la dotación de recursos públicos por sobre las organizaciones formadas por mujeres. Concepción Martínez Medina, de Equidad y Género, documentó que durante el año pasado el gobierno federal proporcionó 96 millones de pesos a 135 organizaciones de corte religioso, entre ellas Provida, que recibió 30 millones, con los que puso en operación trece centros de ayuda a la mujer, dedicados a disuadir a las mujeres de no interrumpir su embarazo y convencerlas de dar en adopción al bebé. Este año, el presupuesto etiquetado para esas organizaciones es de 93 millones de pesos, que se entregarán, por mencionar algunas, al Hospital de Jesús, Asociación Manos que Ayudan, Instituto Médico San Francisco de Asís y Comité Nacional Provida. Concepción Martínez lamentó el favoritismo del gobierno federal y la nula revisión de la Cámara de Diputados hacia los proyectos distribuidos por medio de la Beneficencia Pública. Las activistas informaron que estarán muy atentas el próximo 28 de febrero, fecha en que se dará a conocer un informe desagregado del presupuesto, para analizar con lupa la distribución de los recursos y pedir en su caso una explicación a las diferentes comisiones por la falta de recursos a programas que ya habían sido beneficiados y que, hasta lo que conocen al momento, no fueron tomados en cuenta para el 2004. |