Editorial
La salud de las mujeres es uno de los rubros que el gobierno
federal ha decidido castigar para solventar la crisis de recursos por la
que atraviesa, producto de su frustrado plan fiscal. Por no afectar otros
intereses como el de los banqueros o sus propios gastos de representación,
el ejecutivo ha decidido sacrificar a la población más vulnerable.
Según documentan varias organizaciones civiles, este año
la Secretaría de Salud redujo en 60 por ciento los recursos destinados
a programas de salud de las mujeres, como el de la prevención de
los cánceres cérvico uterino y mamario, lo que significará
un retroceso en el terreno ganado a la desigualdad social y de género.
Esta decisión habla no sólo de una falta
de sensibilidad por parte de funcionarios y políticos, sino de todo
un cálculo excluyente basado en criterios de rentabilidad, muy acorde
con la ideología del régimen panista. En el fondo, se sigue
considerando a la población femenina, sobre todo a las mujeres más
vulnerables, como el sector menos productivo del país, y por tanto
menos redituable en términos de la relación costo-efectividad
del gasto invertido. Por ello no resulta descabellada la acusación
lanzada por la diputada Diva Gastélum, presidenta de la Comisión
de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, en el sentido
de que el gobierno federal pretende endosar a las mujeres la crisis económica.
Por fortuna, el proceso de asignación de recursos
aún no culmina. La Secretaría de Hacienda debe enviar este
fin de mes al Congreso todo el presupuesto de egresos de la federación
detallado, por lo que aún hay tiempo para impedir este atropello
injustificado a los derechos de las mujeres y dar la batalla por un reparto
más equitativo y justo de los recursos públicos. Con ese
fin, las organizaciones civiles que realizan tareas de vigilancia ciudadana
han anunciado su intención de permanecer en alerta.